Actualización laboral. Modernización laboral. Reordenamiento laboral. Los expertos de Juntos por el Cambio están buscando sinónimos para definir lo que quieren hacer si llegan a la Casa Rosada, pero sin mencionar las dos palabras más demonizadas por muchos políticos y sindicalistas: reforma laboral, publicó Infobae.

Las propuestas del área van tomando forma para ser presentadas dentro de pocas semanas a la Mesa Nacional de JxC, aunque Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich elaboran por separado sus iniciativas. Los especialistas designados por el jefe de Gobierno trabajan con sus pares de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal, mientras que los bullrichistas lo hacen solos desde que su jefa se quejó de que la Fundación Pensar, del PRO, marginaba a sus equipos.

Hay ideas similares y otras muy distintas, pero la diferencia sustancial es que la mayoría de las iniciativas laborales de larretistas, radicales y sus socios implica pocos cambios en la legislación vigente y, en cambio, prioriza efectuar modificaciones mediante acuerdos de empresarios y sindicalistas en el ámbito de los convenios colectivos. Es decir, sin enfrentarse al gremialismo.

Una de las principales ideas de la reforma laboral que preparan en JxC (sin Bullrich) es la creación de un nuevo sistema de multas judiciales por trabajo mal registrado o no registrado, que implica una modificación de la Ley 24.013 de Empleo: apunta a un esquema de multas más “previsible”, que serán calculadas sobre la base de un 50 por ciento del salario mínimo y cuyo destino final será el sistema solidario de seguridad social en lugar de beneficiar más a los abogados y favorecer a “la industria del juicio”.

La propuesta busca ponerle un corte definitivo a multas abultadas que terminan poniendo en riesgo a las pymes y que son demasiado beneficiosas para el abogado que está litigando en esas causas. Sus promotores creen que bajando los montos de las multas se hará previsible todo el sistema y se desalentará la permanente demanda por parte de los abogados, que no tendrán un incentivo, como ahora, de litigar de manera permanente porque lo obtenido por el cobro de las sanciones no lo cobrarán ellos sino que irá a engrosar los fondos de la seguridad social.

Este proyecto irá de la mano de un blanqueo laboral: al contar con un perdón “hacia atrás”, se aliviana la situación de las empresas, se genera un escenario de previsibilidad y se alentarán las nuevas contrataciones ya que no será tan caro darles empleo a nuevos trabajadores.

Una tercera propuesta central de esta reforma laboral de Juntos por el Cambio será la modernización de los convenios colectivos: no se tocará la ultraactividad (es decir, la prórroga automática de su vigencia), pero sí se impulsarán acuerdos sectoriales entre sindicatos y cámaras empresariales para actualizar sus contenidos, ya que la mayoría proviene de los años 70.

El proyecto más novedoso y polémico será la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que empresarios y sindicalistas acuerden en sus convenios sistemas indemnizatorios propios para cada actividad, al estilo del Fondo de Cese Laboral de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Tiene puntos de contacto con la propuesta del empresario textil Teddy Karagozian: un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que actúe como una “mochila” de protección para los trabajadores en caso de ser despedidos. Se la conoce como “mochila argentina” porque sigue el concepto de la “mochila austríaca”, que es como se llama un sistema similar en Austria. La idea es bien vista por el larretismo y la UCR para beneficiar a sectores de alta rotación laboral y elevada litigiosidad, como la hotelería, la gastronomía, el comercio minorista, maestranza o vigiladores privados.