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Ley de humedales: Sector minero y del campo “preocupados”

Hay distintos proyectos en el Congreso de la Nación y la clave parece ser la definición que se tome por humedales y las medidas de protección que se impongan. En el Norte y Este del país, lo mismo que las provincias mineras lo ven como la introducción de normas ambientales que se despreocupan de la gente, del desarrollo, a lo que se agrega que no se deja abierta una discusión a quien piensa diferente o busca formas de consensuar protección y crecimiento.

En medio de esta situación diferentes organizaciones ambientalistas anticipan fuertes movilizaciones para exteriorizar su reclamo, mientras esperan que luego el Estado se haga cargo de mantener o subvencionar a quienes se vean impactados por estas medidas y se niegan a un nuevo análisis y una discusión más federal de este tema.

Humedales

Si bien hay diferentes interpretaciones, los humedales se caracterizan por ser ecosistemas que no son ni terrestres ni acuáticos, en donde el elemento fundamental es la presencia temporal o permanente de agua.

En el Delta Superior del Río Paraná se desarrolla ganadería de islas, apicultura y actividad forestal, en los salares de la Puna hay minería de litio y turismo, en el Delta frontal está lleno de emprendimientos inmobiliarios y en el Bajo Paraná se hace pesca artesanal. Hay humedales en los Esteros del Iberá, en las turberas de Tierra del Fuego, en los mallines patagónicos y hasta la Reserva Natural Villavicencio es un humedal.

Encontrar un instrumento de política capaz de dialogar con semejante cantidad de actores y realidades es un desafío, porque cada uno tiene sus propios intereses, historias y proyecciones hacia el futuro.

No son solo lobbies empresarios, son también pequeños y medianos productores ganaderos que conviven con los humedales hace generaciones, funcionarios públicos planificando la construcción de un puente o viviendas sociales, o una PyME asentada sobre la Cuenca Matanza Riachuelo. También son, por supuesto, la actividad minera, una obra para llevar agua a toda una población, la Sociedad Rural y constructoras de barrios privados.

Abordar la protección de humedales es una tarea que necesariamente requiere de involucrar tensiones e intereses contrapuestos, además de aspectos estrictamente ambientales, factores sociales, económicos y culturales.

En el diseño de una ley, esto debería traducirse en una elaboración multidisciplinaria que adopte una óptica participativa y federal. Sin embargo, no es lo que está pasando.

Para los ambientalistas los humedales albergan aproximadamente un 40 por ciento de la biodiversidad global, contribuyen a la mitigación del cambio climático absorben carbono, previenen inundaciones y son fuente de agua dulce y alimentos.

Las mismas organizaciones ambientales aseguran que un quinto del porcentaje del país está compuesto por humedales, pero la afirmación se contrapone con el nulo espacio que le dan al aporte que puedan hacer las provincias en un tema que cualquier definición los impactará y obligará a recordar lo que la misma constitución establece respecto a la propiedad de los recursos naturales. Aquí es donde el campo y sus organizaciones empresarias ponen pie para reclamar una discusión que no los involucre en la definición del uso del suelo.

Esta tarea no es para nada sencilla, porque al ocupar una porción tan grande de nuestro país, conviven en ellos una multiplicidad de actividades económicas y usos sociales y culturales que nadie asegura si podrán realizarse ya que los sectores más radicalizados aseguran que la “humanidad” se enfrenta al enorme desafío de encontrar herramientas que permitan cuidarlos para las generaciones presentes y futuras.

De esta forma la discusión por lo que vaya a pasar por los humedales y si no hay un acuerdo que consensue protección del ambiente, cuidado y desarrollo, terminará judicializado como viene pasando en infinidad de leyes que no superan el sentido común y el sistema representativo y federal de gobierno.

Impacto en San Juan

Para que se entienda, una definición de humedal que están tomando muchas de las organizaciones ambientalistas paralizaría cualquier obra como por ejemplo en San Juan, el acueducto Gran Tulum o el sistema de impermeabilización de canales en Jáchal, o en cualquier otro lugar de la Argentina. Ni hablar de los proyectos mineros presentes o futuros en donde la presencia de vegas es habitual y hay muchos ejemplos de gestión de estos sistemas.

Para la industria minera este tema es un “deja vu” a la ley de glaciares que si bien se presentó como una norma que buscó plantear presupuestos mínimos para el cuidado de esas crioformas, en la práctica buscó paralizar toda la actividad minera en la Argentina.

La agenda parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación definió que la próxima semana comenzará un nuevo debate en comisiones para avanzar con la aprobación de una Ley de Humedales.

Hubo consenso entre los bloques y los autores de las iniciativas presentadas para que se discutan en plenario de las comisiones de Presupuesto, de Recursos Naturales y Ambiente, y de Agricultura y Ganadería. Pero no, por ejemplo, en la comisión de Minería donde existe una representación federal de todas las provincias argentinas.

Fuente: Portal Minería y Desarrollo

legislación y derecho ambiental ley de humedales política ambiental

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