El corredor verde “no existe más como tal” advierten y reclaman más inversión del gobierno. El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió al pedido que hicieron organizaciones sociales, ambientales, gremios y de Derechos Humanos.?Esperan más acción y menos relato.?También exigen que se cumplan leyes ambientales y la expropiación de las 600 ha a Arauco que está pendiente desde el año 2013.

La política de cuidado del medio ambiente que pregona el gobierno del Frente Renovador no genera convencimiento en algunas organizaciones con trayectoria en el tema. Es así que son cada vez más las que reclaman que se intensifiquen las políticas al respecto: más acción y menos relato.

En este sentido, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) adhirió a un documento en el que un conjunto de organizaciones agrarias, sociales, de derechos humanos, gremiales, indígenas y ambientales alertó al Gobierno provincial por la dramática destrucción del Corredor Verde, área establecida por la Ley XVI-N°60 (antes 3631) para conservar lo que es considerado como el último remanente continuo de Selva Paranaense del mundo.

Valiéndose de imágenes satelitales como evidencia contundente, se advirtió que el Corredor Verde “no existe más como tal” ya que se encuentra “severamente fracturado” debido al desmonte, la erosión hídrica y el avance descontrolado del monocultivo del pino.

La postura de estas organizaciones choca de frente con el discurso oficial del Gobierno donde habla de una provincia verde con pocos fundamentos más que la creación de un Ministerio de Cambio Climático, que en tres años de funcionamiento no ha generado resultados visibles, como tampoco la anunciada venta de bonos verdes.

Por ello, se solicitó al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, que implemente con urgencia medidas que apunten a recuperar el monte y el agua y avanzar hacia un nuevo modelo productivo en la provincia, que priorice la inclusión social con la multiplicación de la producción de alimentos saludables en el territorio.

En la nota, presentada en Casa de Gobierno, se plantea que tales acciones deberían, además, fortalecer a la agricultura familiar, limitar la expansión del monocultivo de especies exóticas y el uso de agrotóxicos y resolver de manera definitiva la situación territorial de los pueblos originarios a través de la mensura de las tierras y reconociendo su preexistencia en la Constitución provincial.

Los diputados de Misiones sancionaron este año una ley en este sentido, que prohíbe progresivamente el uso de agroquímicos, sin embargo, las entidades productoras e industriales advirtieron que no hay ningún insumo que reemplace la función de los agroquímicos y aplicando esta ley se produciría un encarecimiento de los costos de producción. Pidieron que, antes de sancionar leyes, se consulte a los sectores que están día a día en el tema.

Salvador Torres, secretario general del MAM, manifestó que se planteó que es impostergable una política estratégica en lo referido a cuestiones ambientales y productivas: “No podemos admitir que Misiones siga siendo considerada como ‘forestal’ y ‘energética’. Eso lo sufrimos durante demasiado tiempo y las consecuencias están a la vista. Y todavía se sigue vendiendo a Misiones como una ‘provincia verde’”.

“Hay que advertir que ese discurso es engañoso y peligroso, porque una cosa es el verde de la Selva Paranaense, donde existen miles de especies de flora y fauna autóctona; y otra el verde del pino, donde prácticamente no existe vida más allá de estas plantaciones exóticas”, dijo.

“Cuidar el Corredor Verde debe implicar acciones de control social, ciudadano, de este territorio importantísimo”, destacó Torres, quien valoró en ese sentido la iniciativa de trabajo articulado por parte de un amplio conjunto de organizaciones populares de la provincia que coinciden en esta preocupación.

Las organizaciones no sólo se quedaron en el reclamo sino que también elevaron propuestas.

La problemática del Corredor Verde ya había sido planteada al mandatario misionero a principios de agosto. En esta oportunidad, los referentes acercaron un nuevo documento que contiene un diagnóstico del Corredor Verde y propone medidas concretas, como la reglamentación y cumplimiento efectivo de las leyes y de organismos, el Instituto del Suelo; la restauración del monte y del agua; programas provinciales de cisternas y de sistematización de caminos para almacenar y retener agua de lluvia en las chacras, e iniciativas de prevención de incendios.

Las organizaciones también solicitan al Gobernador que priorice a las organizaciones sociales, agrarias y ambientales en la asistencia por parte del Estado en la asignación de tierras para la producción y multiplicación de alimentos sanos y nutritivos y reforestación con nativas; y el cumplimiento efectivo de la Ley XXIV- Nº11, que establece la expropiación de 600 hectáreas de la empresa Arauco para ser destinadas a Productores Independientes de Puerto Piray para la producción de alimentos.

La norma fue sancionada en el año 2013 y hasta la fecha, sólo 160 de las 600 hectáreas fueron transferidas a los trabajadores.

También, piden establecer mecanismos para facilitar la formalización de emprendimientos rurales y el trabajo rural (compatibilidad entre planes sociales y trabajo), el incentivo para la permanencia de jóvenes y adultos en la zona rural mediante la regularización de la tenencia de la tierra, la asignación de tierras fiscales y la creación de “comunidades eco agrarias”, donde el Estado provea viviendas, servicios de agua, luz, conectividad, transporte, insumos y herramientas para la agroecología.

Pueblos originarios

Específicamente sobre pueblos originarios, los referentes plantean la necesidad de un referéndum para que la sociedad de Misiones se expida sobre el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios con la enmienda de la Ley Provincial 4.000/03 y que ésta sea incorporada a la Constitución Provincial.

De la misma manera, que la designación del titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes sea consensuada con todos los caciques de las comunidades originarias en Misiones, y que el Gobierno, a través de la dependencia que correspondiere, concrete los planos de mensura de territorios de comunidades originarias.

Fuente: Primera Edición