Jorge Spíndola, vecino de Comodoro Rivadavia, y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal contra el Estado Nacional, YPF SA y la Provincia del Chubut.
El objetivo es que se declare la nulidad del Acta Acuerdo firmada el 26 de junio entre Chubut e YPF y ratificada por la Ley XVII N° 166. También solicitaron citar como tercero a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Según la presentación, el acuerdo transfiere varias concesiones petroleras y libera a YPF de responsabilidades pasadas, presentes y futuras por pasivos ambientales generados durante más de cien años de explotación.
A cambio, la petrolera se comprometió a pagar una compensación de 25 millones de dólares y donar vehículos y terrenos, mientras que la Provincia asumiría las contingencias futuras derivadas de esos pasivos.
Los principales cuestionamientos
La demanda sostiene que el acuerdo vulnera el orden público ambiental y cuestiona la falta de una auditoría ambiental independiente, ya que el estudio utilizado fue encargado y financiado por la propia YPF.
También plantea la ausencia de participación ciudadana previa, posibles riesgos sanitarios derivados de pozos inactivos o mal sellados y la inclusión del área marina Restinga Alí sin una auditoría específica.
Los demandantes consideran además que la compensación económica es insuficiente. Según estimaciones incluidas en el escrito, solo el sellado definitivo de pozos abandonados en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia podría costar entre 240 y 740 millones de dólares.
Como comparación, citaron el acuerdo alcanzado entre YPF y Santa Cruz, que contempló un resarcimiento de 335 millones de dólares y un plan obligatorio de remediación.
Qué pide la demanda
Además de la nulidad del acuerdo y la inconstitucionalidad de la ley provincial que lo ratificó, los demandantes solicitan que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional y de YPF por los pasivos ambientales.
Como medida cautelar, pidieron suspender los efectos del convenio, impedir la cesión de las concesiones a terceras empresas y evitar operaciones de sellado o abandono de pozos sin notificación previa mientras avance el proceso judicial.
Fuente: Diario Jornada