El renacido fenómeno de la ocupación de tierras es apenas la última imagen de una larga película, un ejemplo más de un Gobierno que simula hacer algo, se contradice y termina enredado en sus propias contradicciones. Donde algunos suponen amplitud ideológica, el nuevo peronismo muestra su propia confusión. No es variedad, es desconcierto.
El movimiento peronista siempre hizo creer que su amplitud ideológica le permitía encontrar soluciones para todos los problemas. Es una vieja coartada que sobrevive desde el momento fundacional del justicialismo.
Las cosas han cambiado. La versión del peronismo en el poder encubre con esa creencia un desconcierto que estalla en cada una de las decisiones fallidas que toma el gobierno que preside Alberto Fernández y dirige Cristina Kirchner. Es esa confusión sobre qué y cómo enfrentar una realidad compleja y dolorosa la que predomina como factor de fracaso por sobre las clásicas fuerzas internas en pugna que siempre habitaron en el peronismo.
El enredo que tiñe las líneas centrales del Gobierno está influido por las diferencias ideológicas entre los socios del peronismo reagrupado por el impulso de Cristina Kirchner. Y también es impactado por la anomalía que supone, en un partido culturalmente verticalista, la debilidad del Presidente respecto de la jefa natural de la fracción mayoritaria de la coalición.
El tardío giro del Gobierno ante las tomas ilegales de tierras
En menos de nueve meses, el Gobierno dejó ver señales contradictorias que lo desdibujan. Hay una sola excepción: acompañado por todo el arco político, empresarial y gremial de la Argentina, Alberto Fernández logró posdatar el pago del endeudamiento privado y liberar de compromisos perentorios a este y al próximo mandado presidencial.
Ese logro no fue recibido con ninguna muestra de confianza por parte de los argentinos. Por el contrario. El martes, un día después de la formalización del canje con los bonistas, los home bankings colapsaron por ahorristas tratando de asegurarse los 200 dólares que el cepo cambiario permite adquirir.
La confianza no es solo un acuerdo con los acreedores. El Gobierno parece ignorar que la destruye con su inquietante ambivalencia sobre el derecho de propiedad, con sus incongruencias en materia de seguridad o, por fin, cuando activa proyectos para subordinar a la Justicia a las necesidades penales de la vicepresidenta. Una activa fracción de la sociedad se manifiesta con una frecuencia que expresa su inquietud frente a estos despistes del oficialismo.
Montadas sobre la crisis que lleva la pobreza hacia el 50 por ciento, una vez más comenzaron a motorizarse ocupaciones de terrenos en el conurbano. Es una secuencia conocida protagonizada por actores repetidos. Un mes después de las primeras usurpaciones, el oficialismo debate alegremente qué hacer. Sin contar a Juan Grabois, que hace meses anticipó esta ola de ocupaciones, Sergio Massa propuso quitarles los planes sociales a los intrusos; Chino Navarro dijo que una medida así supondría una crueldad. La ministra Sabina Frederic dijo que las tomas no son un problema de seguridad y su contrincante bonaerense, Sergio Berni, dijo que a los usurpadores hay que meterlos presos.
¿Saben qué hacer el Presidente y el gobernador Kicillof con el tema? ¿Pueden controlar a los sectores del oficialismo que están detrás de las ocupaciones de tierras? Ausentes las acciones concretas, no hay respuestas precisas para esas preguntas.
Fernández dijo que lo llena de culpa "ver una Buenos Aires tan opulenta", en cumplimiento del deseo de Cristina de que el propio Presidente volara el puente que él mismo había tendido con Horacio Rodríguez Larreta durante la cuarentena. Es llamativo que el Presidente no muestre un dolor equivalente por la decadente realidad del conurbano bonaerense, donde el propio peronismo soluciona los problemas que creó alentando la multiplicación de villas en terrenos ocupados.
Es con esa misma liviandad que en la cordillera patagónica sectores con expresa afinidad con el kirchnerismo alimentan hace años la evolución del fenómeno de las protestas mapuches. La dimensión que el problema tiene en Chile fue más un incentivo que una advertencia para el respaldo que reciben fracciones radicalizadas que reclaman soberanía territorial usurpando tierras públicas y privadas y atacando a vecinos indefensos. Una vez más, como en otros casos, no se sabe de qué lado está el oficialismo.
Por: Sergio Suppo para La Nación.-