La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba) con más de 250 cámaras asociadas de todas las ramas y actividades productivas, expresa un profundo rechazo al incremento retroactivo de tarifas de gas. “Esto implicaría un nuevo golpe económico para la compra-venta comercial como para la producción industrial del país”, lamentó a AIM el presidente de la entidad, Camilo Alberto Kahale. Mientras tanto, esperan la resolución anunciada por el Gobierno que derogaría la medida.

La secretaría de Energía dispuso el pasado viernes que, desde el 1 de enero de 2019, las empresas distribuidoras de gas cobren en 24 cuotas un monto extra a lo ya facturado entre abril y septiembre, debido a la diferencia en el precio del dólar en esos meses.

Sin embargo, el miércoles, tras distintas manifestaciones de rechazo a la medida, la Casa Rosada decidió no trasladar a la tarifa de gas la compensación a empresas por la devaluación y le puso fin a una medida que había despertado críticas de la oposición.

Es por ello que la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba) manifestó a AIM su total disconformidad y rechazo al dicho ajuste retroactivo de tarifas por considerarlo una alteración de los precios de los insumos y costos de los comercios e industrias afectados.

El presidente de Feba, Camilo Alberto Kahale, señaló a AIM: “Tanto el sector del Comercio bonaerense como el Industrial, fijaron sus precios en base a las tarifas vigentes al momento de realizar sus procesos económicos. Esto implicaría un nuevo golpe económico para la compra-venta comercial como para la producción industrial del país”.

“Los procesos económicos de los comercios e industrias se encuentran concluidos, los precios facturados ya fueron percibidos por los actores económicos que representamos y sería imposible para ellos alterar los contratos comerciales e industriales ya cerrados, pretendiendo cobrar a sus clientes la diferencia tarifaria que implica”.

Los empresarios nucleados por Feba aseguran que a su vez, el fundamento jurídico en el cual se basa la medida –Ley de Convertibilidad 24076-, regulaba el sector cuando en la Argentina había tipo de cambio fijo, régimen económico que no rige actualmente.

“Instamos a las autoridades a hacer efectivo el anuncio y retrotraerse en la medida dispuesta. Solicitamos que se declare la nulidad de la resolución que autorizó a las firmas a cobrar un monto extra en 24 cuotas por consumo ya efectuado”, afirmó Kahale, quien agregó: “La recesión económica y la presión tributaria y financiera es cada vez más fuerte, situación que no permite afrontar costos adicionales incausados”.