En el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, se abren preguntas sobre el acceso. En Argentina la Ley 27.610 está vigente desde 2021 y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y a la interrupción legal (ILE) después de ese plazo cuando el embarazo es producto de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. La política federal de acceso se fue desarmando por obra de Milei, supo AIM en diálogo con la integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Lucía Grimalt.
“Es una política de Estado que se tiene que implementar en todo el país, no necesita de ningún tipo de adhesión particular de las provincias, y el Estado nacional, a través del Ministerio de Salud es quien debe asumir la responsabilidad para garantizar el acceso a una interrupción voluntaria y legal del embarazo sea real y se efectivice en cualquier punto de país”, recordó Grilmat a esta Agencia.
“A partir de la asunción del Gobierno de ultraderecha encarnado en Milei, con una fuerte oposición a los derechos humanos, y en particular a los de las mujeres y las disidencias sexuales, realizan políticas en contra al acceso de la población a estos derechos y esto atentó sensiblemente contra la accesibilidad que hasta 2023 se venía construyendo para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar en Entre Ríos tuvieran la garantían de que si solicitaban una interrupción esto se pudiera concretar”.
Grimalt remarcó que: “El Gobierno nacional dejó de enviar la medicación que se necesita para las interrupciones voluntarias y legales. En Entre Ríos había todavía un stock y siguieron estando los equipos que en la provincia eran más de 40, hoy llegan a 50, y continuaron haciendo las interrupciones”.
“La modificación del Estado nacional de desligarse de lo que debe garantizar deriva en que la provincia tiene que hacerse cargo; ha efectuado compras y recibido la asistencia de organizaciones feministas que le han donado medicación para poder garantizarle a los equipos de salud todos los elementos que necesitan para que esa mujer o persona con capacidad de gestar que llega a solicitar un aborto no tenga dificultades”.
“Como Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Entre Ríos, en el mes de abril hicimos una solicitud de informe al Ministerio de Salud, donde nos pasaron la cantidad de IVE e ILE que se hicieron entre 2024 y 2026. Hay una baja en los abortos que se hacían hasta 2023, pero aún no se pudo detectar a qué se refiere esa baja: si hay parte de las mujeres que creen que la ley ya se bajó y nos dieron un mapeo de dónde se hacen en Entre Ríos interrupciones voluntarias y legales”.
En Entre Ríos, remarcó Grimalt, “nos preocupa que en la actual gestión se haya puesto un límite hasta las 20 semanas para las interrupciones legales, porque la ley no contempla ningún límite gestacional, y esto tiene que ver con que después de la semana 20 a veces ocurren cuestiones como violencia sexual a niñas o mujeres adultas que por lo traumático de la situación a veces llegan con más de 20 semanas. Poner este límite en Entre Ríos obliga a derivar a otras provincias a estas personas”.
La otra preocupación “es que la gestión del presidente Milei desde el 10 de diciembre de 2023 cesó todos los envíos a la provincia de Entre Ríos de insumos para IVE e ILE. Una de las prácticas autorizadas para la interrupción es la técnica de Ameu, no han mandado absolutamente ningún tipo de elemento para poder hacer esto y la provincia tampoco ha realizado compra de estos insumos que se necesitan”.
Grimalt manifestó que otra preocupación “es que la Provincia no está realizando ninguna campaña de información sobre el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, por eso no podemos saber a qué corresponde esta baja de interrupciones que se han producido en estos últimos años con el gobierno de Frigerio”.
“Nuestra principal tarea es estar haciendo talleres, difusión, estamos permanentemente trabajando en capacitación de los equipos de salud: es fundamental para que se siga promoviendo que se generen en otros centros de salud u hospitales equipos que estén en condiciones de realizar la interrupción de un embarazo de acuerdo a lo que prevé la actual ley 27.610”.
