La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) apoyó el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía y del trabajo y avanza sobre el proceso de privatización de empresas públicas impulsado por las centrales obreras del país, informaron a AIM. En ese marco, los judiciales se declararon en “estado de alerta”.

La Mesa Directiva de la Ajer aprobó un documento que se divide en dos partes: un fuerte rechazo al DNU de Javier Milei y el respaldo a las entidades sindicales que se presentaron en la Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la medida; y, por otro lado, la declaración del “estado de alerta” del gremio, en defensa de los derechos que el gobierno de La Libertad Avanza pretende llevarse puestos.

En ese marco, se brindó “firme apoyo a la iniciativa de las tres centrales obreras (CTAT, CTA-A y CGT) de presentar el miércoles 27 de diciembre una acción de amparo por inconstitucionalidad y una medida cautelar contra el DNU para suspender su aplicación, acompañada de una movilización de los gremios que las integran a los tribunales federales de la Capital Federal”, ya que consideraron que genera una “grave situación institucional, que violenta la letra y el espíritu de los art.29 y 99 inc.3° de la Constitución Nacional”.

En ese marco, señalaron que el DNU “interviene no sólo sobre temas vedados a este instrumento excepcional como son la modificación del Código Aduanero y de la Ley Penal Tributaria, sino que también deroga de hecho los principales derechos laborales consagrados por una legislación conquistada por los trabajadores en décadas de luchas, al limitar casi por completo el derecho a las asambleas y al paro, al derogar la ultractividad de los CCT, o las indemnizaciones por despido”.

Asimismo, apuntaron que el decretazo de Javier Milei “deroga la Ley de alquileres, dejando a los inquilinos sin protección frente a la arbitrariedad del sector inmobiliario que incluso podrá cobrar los alquileres en dólares”.

“Deroga de un plumazo, sin necesidad ni urgencia, una cantidad enorme y variada de Leyes que si se quiere modificar debe hacerse como manda la Constitución, a través del órgano legislativo. Aceptar sin oposición este decreto es conceder al Poder Ejecutivo la suma del poder público, algo absolutamente antidemocrático que como trabajadores del poder judicial no podemos convalidar”, subrayaron desde el sindicato.

También, advirtieron que el anuncio del presidente “reduce de las partidas presupuestarias a las provincias; impone el impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores; elimina los subsidios sobre los servicios de luz, gas y transporte; destruye los límites de la tasa de interés de las tarjetas de crédito o el cobro de las cuentas sueldo; y todo esto con un protocolo de prohibición y represión a las movilizaciones”