El 2024 no fue un año fácil para el pueblo argentino. El nuevo gobierno nacional de ultra derecha y reaccionario trajo bajo el brazo una carpeta llena de reformas económicas y sociales, que implicaron un fuerte repliegue del Estado y un brutal ajuste sobre trabajadores, jubilados y los sectores más vulnerables. Leer anuario 2024.

El ajustado triunfo de Javier Milei reconfiguró la política argentina. Por un lado, aglomeró a la derecha debajo de su proyecto [político]y, por el otro, consolidó la unión de los sectores populares que resisten su oscuro intento de mercantilizar los derechos y favorecer al capital y a los poderosos.

En ese escenario, parte del pueblo argentino repudió el cierre de organismos nacionales (que también impactó en la provincia[,]con la desaparición de los Centros de Referencia y del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena). También rechazaron la fuerte pérdida del poder adquisitivo y los aumentos en la energía y alimentos, producto de la devaluación y la inflación.

Párrafo aparte merecen los recortes sobre salud y educación pública, que implicaron fuertes luchas y masivas movilizaciones que obligaron al gobierno a dar marcha atrás en su intento de desmantelamiento de la universidad pública y gratuita, un ataque que caló tan hondo que las casas de estudio entraron en emergencia presupuestaria.

En Entre Ríos, tras dos décadas de justicialismo, el nuevo gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, se acomodó ante el ajuste del gobierno nacional, paliando el brutal impacto de la crisis mediante cuatro declaraciones de emergencias (educativa; alimentaria; de servicios y obras públicas; y vial) e intenta mantener una postura equidistante entre los modelos en disputa, con un Estado de “buenos modales” y “facilitador”.

Por otro lado, ante la ausencia de recursos, Frigerio construye su gestión como un gobierno fundante, que promovió normativas que se debían en la provincia: cambios en el sistema previsional, reforma política, eliminación de gastos reservados, ética pública, eliminación de jubilaciones de privilegio, transición de gobierno, cambios en la Policía de Entre Ríos, acceso a la información pública. Además, el gobierno provincial promovió una nueva Ley Tributaria, en consonancia con el gobierno nacional.

Ley ómnibus, DNU y reestructuración del Estado
Durante enero, Entre Ríos se sumó a los paros y manifestaciones contra del proyecto de Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, primer paso del proceso de privatizaciones, desmantelamiento de Estado nacional, flexibilizaciones laborales y ajustes sobre el pueblo argentino.

Asimismo, profesionales, trabajadores, usuarios y familiares de diversas instituciones y funciones vinculadas con la salud mental reclamaron a legisladores nacionales entrerrianos no votar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ni la Ley Ómnibus, que remitió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, ya que explicaron que la transformación de la atención en salud mental necesita “profundizarse, no cambiarse”.

Por su parte, el gobernador Rogelio Frigerio trazó su propia agenda con la reestructuración del Estado, reduciendo de diez a siete los ministerios de la provincia, creando dos secretarías y habilitando al Ejecutivo a poner en marcha de forma discrecional los organismos que considere necesarios. Además, envió los proyectos de Transición de Gobierno, para evitar nombramientos arbitrarios el último año de gestión y excesivas licitaciones que comprometan el futuro de los nuevos gobiernos; de Eliminación las “jubilaciones de privilegio” a gobernadores y vicegobernadores; la reforma al Reglamento de la Policía de Entre Ríos, para reconfigurar la orgánica e incorporar la Oficina Anticorrupción; y la nueva Ley de acceso a la información pública.

Por otro lado, desde el comienzo de su gestión, Frigerio alertó que no recibió recursos de Nación, por lo que paralizó las obras públicas y generó las condiciones de posibilidad para que la provincia realice reclamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los excedentes en Salto Grande y por deudas del Estado Nacional por la transferencia del sistema previsional. Ante ese escenario, el gobernador se arrogó en la Asamblea Legislativa haber “desactivado” la caída en default de la provincia.

En cuanto a su política productiva, para distinguirse de la gestión anterior, recibió a la Mesa de Enlace de Entre Ríos y designó a referentes del campo entrerriano, integrantes de las diferentes entidades del sector.

Hambre, crisis del transporte, emergencias y Tributarias
Durante febrero, los intendentes e intendentas de seis provincias argentinas declararon la emergencia en el transporte público y fueron recibidos y escuchados por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, frente a las graves consecuencias que padece el transporte urbano del interior del país como efecto de la injusta asimetría sobre la distribución de los recursos nacionales.

A poco más de tres meses de gestión, varias organizaciones sociales de todo el país comenzaron a movilizarse para exigir al gobierno nacional que implemente políticas sociales destinadas a paliar la crisis y que declare la emergencia alimentaria.

El recorte desde Nación también recayó sobre la ciencia y la tecnología, por lo que se advirtió que el ajuste de Milei pone en grave riesgo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y dará lugar a una fuga de cerebros. Asimismo, desde los sindicatos del magisterio se denunció que el gobierno nacional apuntaba a un modelo que tiende a vaciar la educación pública en todos los niveles.

Tributaria, emergencia y Ley adhesión a la Ley bases
Durante febrero el gobierno promovió la primera reforma tributaria que proyectó “acciones que puedan coadyuvar a menguar el impacto de aquellas en la economía provincial”. El texto disponía aumentos en los impuestos inmobiliarios, subas en alícuotas y nuevos gravámenes a sectores que estaban exentos, pero luego de intensas negociaciones con el sector agropecuario los incrementos fueron menores a los proyectados. Sin embargo, los cambios promovidos durante el principio de la gestión no habrían sido suficientes, por lo que en diciembre el Ejecutivo remitió la segunda Ley Tributaria, que apunta a promover]la buena conducta tributaria para el pago de impuestos inmobiliario y automotor, mediante la cual se eliminan 100 tasas retributivas de servicios administrativos, se simplifican las categorizaciones de Ingresos Brutos, se establecen condiciones favorables para promover el crédito para el sector productivo y se eliminan impuestos a la obra pública. Además, se impulsan reducciones para promover el asentamiento de empresas de transporte de carga y la tarifa de energía para empresas.

Durante los primeros meses del año se aprobaron las emergencias educativa; financiera en obras y servicios públicos; alimentaria; y vial. Las disposiciones permitieron al gobierno contratar obras sin licitaciones y allanaron el camino para que en septiembre el Poder Ejecutivo frene embargos a la provincia por obras públicas.

En julio, el gobierno de Frigerio impulsó la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y un proyecto para el blanqueo de capitales, apoyado por las cámaras empresarias y organizaciones del campo entrerriano. Pese a que los proyectos no tenían licencia social, la resistencia de las organizaciones sociales, agrupaciones gremiales, y de pequeñas y medianas empresas de la provincia no logró impedir una ajustada e histórica sanción, aprobada con el voto de la vicegobernadora, Alicia Aluani.

Crisis en la salud: repliegue del Estado, dengue, remedios
Por otro lado, Argentina entró en una curva ascendente de casos de dengue, ante el repliegue del Estado nacional, que implicó que las provincias y municipios iniciaran acciones para mitigar el impacto de la enfermedad.

Al mismo tiempo, la devaluación y aumento del dólar, la desregulación de las prepagas y el repliegue del Estado, con medidas como la quita de cobertura de medicamentos por parte del Estado nacional, marcaron el inicio de una crisis en el sistema sanitario, que en Entre Ríos intenta ser paliado por el gobierno provincial y por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) –la mayor obra social de la provincia– que, junto a los profesionales de la salud, Federaciones y otras obras sociales, articula estrategias para impulsar reformas que permitan hacer sustentable el sistema de salud.

Derechos humanos
El gobierno nacional, sus funcionarios y legisladores emprendieron una cruzada en contra de los derechos humanos, de las diversidades y las mujeres, por lo que en junio, a nueve años del primer grito de ni una menos en Argentina, mujeres y disidencias marcharon en diferentes puntos del país, y en Entre Ríos también se registraron masivas protestas. Se denunció la feminización de la pobreza y el aumento de los casos de discriminación, y se reivindicaron las conquistas de los últimos años, como el Aborto Legal Seguro y Gratito; el Matrimonio Igualitario; y la asistencia y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

Por otro lado, si bien el gobierno de Frigerio no avanzó en contra de las mujeres, avaló fuertemente la designación de Sergio Laumann como vocal del Consejo General de Educación (CGE), funcionario quien fue cuestionado fuertemente por organismos de derechos humanos debido a su posición negacionista sobre las desapariciones en la última dictadura cívico-militar-clerical en Argentina.

Reforma del sistema previsional
En julio el gobierno provincial puso en marcha el plan de reforma del sistema previsional, lo que generó una fuerte reacción por parte de trabajadores públicos, docentes y organizaciones sociales quienes iniciaron un proceso de resistencia con movilizaciones en todos los departamentos de la provincia.

Además, se conformó una intersindical para que no avance el proyecto de Ley de reforma del sistema previsional que presentó el Poder Ejecutivo.