La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), emitió un comunicado para manifestar su preocupación respecto al programa acordado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sosteniendo que “no se dirige a sustentar inversiones productivas ni al desarrollo local”. “Se vienen dos años totalmente inciertos”, avisó Manuel Gabás, integrante de la regional entrerriana de esta organización, a AIM.
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Según Gabás, la consecuencia inmediata del acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI será “una restricción del consumo”. “El ajuste comenzará por el sector asalariado. Es decir, el Estado cortará inversiones específicas como la obra pública, y reducirá servicios genuinos como dispensarios de salud o escuelas, lo que se traducirá en menos ingresos para el sector asalariado, repercutiendo de forma inmediata sobre el comercio y sus proveedores”, explicó.
En este sentido, recordó que “el 90 por ciento del producto bruto del mercado interno proviene de empresas pymes”, y detalló que el sector más perjudicado será el comercial, dado que “las ventas caen mes a mes en cifras significativas que rondan entre el 8 y el 10 por ciento”.
“Por eso se está en contra del acuerdo con el FMI, porque apunta a reducir el mercado interno en beneficio de un sector minoritario y corporativo: un grupito de bancos, empresas agroexportadoras y aquellos sectores que tienen a su mercado cautivo, como el de comunicaciones, transportadoras de gas o energía eléctrica”, agregó.
Futuro incierto
Consultado sobre la previsión del sector pyme para el futuro inmediato, Gabás dijo que “este año y el próximo son inciertos y dudosos, porque el sector beneficiado por el actual modelo económico no inyectará sus recursos en el mercado interno”.
“Por el contrario, sus ganancias serán invertidas donde encuentren mayores negocios, sin pensar en el provecho del país”, precisó.
Finalmente, sostuvo que “la economía no es neutra: siempre beneficia a algunos y perjudica a otros, y el actual modelo económico perjudica a muchos y beneficia a pocos”.
El comunicado
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advierte que el anuncio de las autoridades económicas de la Nación no es una buena noticia para las pymes y la producción nacional.
La entidad observa que el programa acordado con el FMI no se dirige a sustentar inversiones productivas ni para el desarrollo local. El monto total del préstamo, por 50 mil millones de dólares, se destinará a lograr el “equilibrio fiscal” mediante un mayor ajuste en los gastos, a fin de garantizar el pago de intereses de la gigantesca deuda tomada por la actual administración. Esto evitará, si el plan tiene “éxito”, el descalabro final de las cuentas públicas, pero a costa de la consolidación y aceleramiento del programa de ajuste, enfriamiento de la actividad, desregulación y apertura económica.
Las pautas a cumplir con el FMI a cambio de los sucesivos desembolsos del préstamo implican avanzar con recortes sobre los recursos del Estado, la obra pública y las cuentas provinciales, junto con una mayor liberalización comercial y un dólar “flotante”. Esto significa en lo inmediato devaluación y mayores aumentos de las ya impagables tarifas energéticas, los insumos difundidos y del resto de los precios de la economía, traccionados por el valor del dólar.
A su vez, la inflación en alza (que ya no tiene “metas” pare este año), continuará erosionando el poder adquisitivo de la población, con el consiguiente achicamiento del mercado interno, base de los ingresos de las pymes, las economías regionales, los pequeños y mediamos productores y la economía social.
En este marco no hay ninguna expectativa favorable para las pymes, ya en emergencia por los tarifazos, el ahogo fiscal y financiero, las importaciones y la continua caída en las ventas.
Apyme continuará actuando junto con el empresariado local, los trabajadores, cooperativistas y demás sectores vitales del entramado económico nacional en defensa del mercado interno, la producción y la industria, principales motores para aspirar al desarrollo equitativo, la justicia social y la soberanía sobre los recursos de todos los argentinos.