Esta semana, se llevará a cabo una nueva reunión de comisiones en el Senado para analizar diversos proyectos de ley sobre financiamiento de partidos políticos y campañas, supo AIM. El debate sobre el destino de los fondos seguirá en agenda hasta lograr un texto unificado.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales; Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirán conjuntamente este miércoles para analizar una serie de proyectos de ley que modifican la Ley 26.215, de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales.
El eje de los textos establece la prohibición de los aportes en efectivo y, en cuanto a las contribuciones de empresas -hoy prohibidas-, se prevé que no podrán aportar más de un determinado porcentaje del total de las ganancias netas durante el último año.
La semana pasada, los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y representantes de diversas instituciones abrieron el debate sobre la reforma del régimen de financiamiento de los partidos políticos, y coincidieron en la necesidad de que las personas jurídicas (empresas y sindicatos) puedan aportar a las campañas electorales.
Cuáles son los proyectos de ley que se tratarán
Expte. 606/17, senadora María Magdalena Odarda (Frente Progresista-Río Negro): Reproduce el proyecto de ley modificando La ley 26.215 (de Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales) sobre destino de los fondos.
Expte. 3698/18, senador Miguel Ángel Pichetto (Argentina Federal-Río Negro): Proyecto de ley de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.
Expte. 3727/18, senadora Inés Brizuela y Doria (UCR-La Ríoja): Proyecto de ley que modifica el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Expte. 3730/18, senador Ángel Rozas (UCR-Chaco): Proyecto de ley que modifica el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Expte. 115/17, senadora Cristina Fiore Viñuales (FR-Salta): Reproduce el proyecto de ley modificando el artículo 44 de la ley 26.215 - financiamiento de los partidos políticos - respecto que el registro nacional de empresas de encuestas y sondeos de opinión pasara a ser permanente y a funcionar bajo la órbita de la cámara nacional electoral.