Por Revista PPV, especial AIM. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) presentó cifras del servicio de Internet en Argentina al primer trimestre. Los accesos a Internet fijo crecieron 2.8 y los móviles cayeron 0.1. El Teletrabajo y el cambio en el consumo de ancho de banda.

Los accesos a Internet fijo crecieron 2.8 por ciento hasta 7.681.221 millones de abonados respecto del año anterior. Por otro lado, los accesos fijos residenciales crecieron 4,0 por ciento sumando un total de 7.248.280; y los accesos fijos de organizaciones totalizaron 432.941, con una caída de 14,1 por ciento.

En cuanto a los accesos a internet móviles, en el trimestre bajo análisis, se contabilizaron en promedio 31.651.444 accesos, lo que implicó una caída del 0,1 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.

Los accesos móviles residenciales tuvieron una variación positiva de 0,4 por ciento y alcanzaron los 27.982.021; y los correspondientes a organizaciones sumaron 3.669.423 y acumularon una baja de 3,7 por ciento.

Sobre el acceso fijo, el informe de Indec muestra que el crecimiento fue consecuencia de un incremento de 4.1 por ciento en los accesos residenciales hasta 7.2 millones, cifra parcialmente eclipsada por una baja de 14.1 por ciento en el apartado empresas hasta 432 mil 941 accesos.

En el segmento móvil, en tanto, la baja mínima fue producto de un crecimiento de 0.4 por ciento en el ítem residencial, que totalizó 27.9 millones de accesos, y una reducción de 3.7 por ciento en organizaciones, con una base ahora conformada por 3.6 millones de líneas.

En cuanto a la distribución geográfica de los accesos, el informe da cuenta de que más de 20 millones de las suscripciones totales (fijas, móviles, residenciales y corporativas) corresponden a la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Muy por detrás están Córdoba y Santa Fe, con 3.4 millones y tres millones de accesos registrados, respectivamente.

La universalización de servicios aún está pendiente para gran parte de los ciudadanos. Los operadores locales (Claro, Telefónica y Telecom-Cablevisión Holding) se han mostrado molestos y han actuado en consecuencia. Las regulaciones establecidas por el Gobierno nacional para este mercado altamente concentrado, especialmente poner topes de aumento y la obligación de dar servicios mínimos a precio regulado según el DNU 690/20 y la Prestación Básica Universal.

Desconocen que los servicios de telecomunicaciones son esenciales

Transcurrido el primer año de Covid-19, la pandemia demostró lo esencial e imprescindible de los servicios de telecomunicación e hizo visible la inequidad en la prestación de los mismos en el territorio argentino.

El 2 de mayo se dio a conocer el fallo a favor de la empresa Telecom, a cargo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que admitió la presentación realizada por Telecom Argentina S.A. y decretó una medida cautelar en su favor; mediante el cual suspende los artículos uno al seis del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, dos de los tres que la conforman.

El pasado 13 de mayo, el Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) anuncio en conferencia de prensa que interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de revertir la medida cautelar dictada a favor de Telecom.

La voracidad de las empresas del sector de las telecomunicaciones no acepta límites a favor de los consumidores/clientes de sus servicios. La Justicia Federal en su falo favor de Telecom Argentina S.A. priorizan la renta empresarial antes que los derechos ciudadanos y desconocen la legitimidad del Gobierno nacional obtenida por los resultados de las últimas elecciones democráticas.

Esta decisión reestableció la potestad de los operadores de los servicios mencionados, para que fijen sus condiciones de comercialización y aumento de tarifas. Favorecidas por el fallo federal, las empresas del sector anunciaron aumentos del ocho por ciento para mayo y siete por ciento en junio, sumado a lo que ya recibieron en el primer trimestre sería un 30 por ciento de incremento.

El Enacom informó el 4 de junio que los servicios (esenciales) de telefonía fija, telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción (TIC) tendrán un aumento del 3% en el mes de junio y un cinco por ciento en julio. Además, se estipula para el 1 de diciembre de 2021 una nueva revisión, por lo que los precios de los servicios de julio estarán vigentes hasta el 30 de noviembre. Además, subrayaron que los aumentos autorizados -desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de este año- no podrán ser superiores al 23 por ciento.

El organismo regulador ratificó que, según lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que declaró a las TIC como servicio público esencial, toda modificación de los precios deberá contar con su aprobación previa.

Respecto a los aumentos que se hayan dado de manera unilateral, amparados en fallos judiciales, el organismo explicó que en abril de este año se notificó a las empresas prestadoras que no se habían autorizado incrementos para los meses de mayo y junio de 2021, por lo tanto, cualquier aumento dispuesto deberá ser refacturado en julio, con devolución de los importes más el interés punitorio correspondiente, y sin posibilidad de corte de los servicios.

Necesitamos poner en agenda la discusión de fondo

El abandono de la infraestructura de telecomunicaciones realizado por Telefónica y Telecom ha llevado a esta situación límite. Sus ganancias continúan siendo enormes en este periodo de pandemia, no reinvierten en tendidos y mejoras de sus redes que conforman la infraestructura privada de telecomunicaciones. La concentración en el sector de las telecomunicaciones cada vez es mayor y las empresas trasladan las ganancias a las filiales centrales.

La pandemia de la Covid 19, puso en evidencia la importancia vital de los servicios de telecomunicaciones y la necesidad de achicar la brecha digital en argentina; como así también la necesidad de una red pública que garantice una convergencia tecnológica equitativa.

El caso de la telefonía móvil, el 85 por ciento de la población está cubierta por la red celular, los servicios de 4G es un beneficio para los grandes centros urbanos, el 3G para algunas zonas periféricas a estos centros, el resto del país no tiene conectividad.

Los servicios domiciliarios de fibra óptica (Ftth) cubren las grandes zonas urbanas con poder adquisitivo que permite su contratación. El resto del país tiene servicios deficitarios con cortes que superan las semanas dejando a las personas (clientes) sin acceso a Internet y sin comunicación ya que empresas como Telefónica, en algunas zonas retiraron las líneas de cobre para telefonía fija. La situación es tan desesperante que, ante el reclamo de los clientes, las empresas, caso Telecom, ofrecen cargarle datos para el celular, de modo de utilizar el dispositivo, cuya conexión 4G o 3G es inestable para conectarse a internet.

El abandono de la infraestructura de telecomunicaciones realizado por Telefónica y Telecom ha llevado a esta situación límite. Sus ganancias continúan siendo enormes en este periodo de pandemia, no reinvierten en tendidos y mejoras de sus redes que conforman la infraestructura privada de telecomunicaciones.

La concentración en el sector de las telecomunicaciones cada vez es mayor y las empresas trasladan las ganancias a las filiales centrales, dejando “retiros voluntarios” y tercerizaciones precarias para los trabajadores del sector.

Es urgente la implementación para más de tres millones de compatriotas de la prestación básica universal (PBU) consagrada por el DNU 690/20 ratificado por el Congreso. Es inaceptable que las empresas declaren ante el Enacom y el Consejo Federal de Políticas Sociales (Cfps), transcurridos los primeros tres meses del DNU 690/20, la cantidad irrisoria de beneficiarios que registran, a saber: Claro 337, Personal/Telecom 1203 y Movistar/Telefónica 81803.

El pasado 22 de abril, el Gobierno nacional se reunió con Claro, Telefónica y Telecom para que se empiece a cumplir con la Prestación Básica Universal (PBU), un servicio que deben garantizar las empresas a los usuarios y usuarias que lo soliciten, siempre y cuando pertenezcan al universo de beneficiarios comprendidos por la reglamentación.

A pesar que la PBU entró en vigencia en el primer mes del año, en la reunión se acordó que un plazo de 30 días para poner en marcha el servicio.

Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales (Cfps), participó del encuentro junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini; y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y aseguró que “vamos a pedir a las empresas que nos ayuden a que 3 millones de argentinos y argentinas tengan la PBU en sus casas. La conectividad hoy es la plataforma de acceso a la educación y a la salud. Saben perfectamente la necesidad de esos hogares de poder tener esta telefonía móvil”, remarcó la funcionaria. En ese sentido, Tolosa Paz consideró que las empresas demostraron un “enorme compromiso de llevar adelante esta acción”.

“No es posible que las familias deriven el 15 por ciento de la asignación universal por hijo (AUH) para recargar el teléfono celular. En argentina se utilizan 80 millones de celulares. La PBU alcanza a cubrir 19 millones de dispositivos, de los cuales tres millones corresponden a compatriotas que viven en estado de indigencia” afirma Maria Tolosa Paz presidenta del Cfps.

Es el momento de profundizar el debate de los servicios públicos que fueron privatizados en la década del 1990 y el rol del Estado. Necesitamos frenar este saqueo y profundizar esta política pública que garantice a los argentinos la disponibilidad de estos servicios esenciales.

Debemos crear las condiciones para estructurar una infraestructura de telecomunicaciones y servicios de valor agregado que integre la experiencia de Arsat, las Cooperativas, Pymes y representaciones sectoriales, además de las grandes empresas privadas.

La infraestructura de la red es el soporte de la autopista que estructura la convergencia tecnológica, la misma, signada por las telecomunicaciones y la producción y distribución de contenidos son el motor para el desarrollo de la economía del conocimiento.

La situación actual, muestra una superposición de redes de diferentes prestadores que han privilegiado la facturación y la “lógica del mercado” por sobre la calidad del servicio y se han desentendido la integración nacional.

Para el sector privado ya no es redituable sostener una infraestructura de red. Su nuevo modelo de negocios es la producción y distribución de contenidos y las aplicaciones de valor agregado que demanda el big data. Por lo cual van a continuar sin invertir en el desarrollo y actualización de sus redes.

Nos encontramos en un momento histórico para planificar y resolver adecuadamente la ampliación de la cobertura de la red troncal de trasporte y de distribución de fibra óptica para llegar a todos los rincones y localidades de la región lo cual involucra cuantiosas inversiones. Este tiempo demanda que el Ente regulador evalúe las licencias otorgadas ante el incumplimiento de las inversiones que deben realizar las empresas.

El modelo de servicios construido luego de la privatización de Entel llego a su fin. No se trata de que las empresas privadas no obtengan ganancias. Sino que deben cambiar el paradigma inyectado en el país en la década de la década del 90. La infraestructura de telecomunicaciones es una necesidad de integración social para el desarrollo del país y la sociedad del conocimiento.

Necesitamos empresas de gestión pública, que desarrollen y operen y comercialicen los servicios de una infraestructura de telecomunicaciones planificada y actualizada en función de un estilo tecnológico propio, que acompañe el crecimiento y la producción nacional. El financiamiento estará dado por los servicios de transporte facturables a las organizaciones del tercer sector, cooperativas, pymes y grandes empresas privadas que brinden servicios de valor agregado en la red. Esta alianza permitirá una política abierta para aquellas organizaciones o empresas que desean proveer servicios en la red en régimen de libre competencia.

La infraestructura de la red es una cuestión de Estado. El acceso nacional a las telecomunicaciones y la integración tecnológica ya no pueden esperar en el contexto de la redefinición digital de la vida cotidiana y la economía del conocimiento. Hay que regular el uso compartido de las redes existentes. Es necesario separar las empresas de transmisión de datos de las de generación de contenidos audiovisuales. La pluralidad de voces en la red no es posible con la integración vertical de los servicios de cuádruple play existente.

Una infraestructura de telecomunicaciones en manos de un Organismo Público con representación empresarial, comunitaria y parlamentaria, es una garantía de acceso igualitario y de calidad en el servicio de Internet.

* Por Alfredo Moreno, profesor de TIC en Universidad Nacional de Moreno.
Ing. TIC en Arsat.