El referente docente y ex secretario general del principal gremio del magisterio de Entre Ríos, César Baudino, cuestionó el aumento que anunció el gobierno provincial, ya que advirtió a AIM que “es distorsivo, insuficiente y modifica los criterios constitucionales y que se venían dando en la provincia”. Además, señaló que atar los salarios a la recaudación provincial y a lo que llegue de coparticipación federal de impuestos “es un esquema de ajuste estructural”.
El gobierno de Entre Ríos anunció recomposición salarial del 18 por ciento -base de cálculo diciembre- y un bono extraordinario de 25.000 pesos para activos y jubilados. La compensación salarial del 18 por ciento, con una inflación del 25.5 por ciento en diciembre, de dudosa medición, “representa una pérdida de un 7.5 por ciento”, apuntó Baudino, quien denunció que “el bono en ‘negro’ de 25.000 pesos, si bien ayuda en la coyuntura y nadie rechazará, es inconstitucional porque en el Artículo 82 de la Constitución, inciso ‘d’, se expresa que ‘el salario mínimo para los obreros del Estado, el que se fijará conforme al costo de la vida, no será inferior al vital y móvil. Todo incremento salarial otorgado a partir de la presente constitución (2008) deberá estar sujeto a aportes y contribuciones’. Es decir, no tributa a las obras sociales, achata el escalafón docente, y desfinancia la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos”.
Asimismo, observó que paradójicamente “hay que escuchar los discursos de déficits de la Caja, las posibles modificaciones de los requisitos o la transferencia a la nación”.
En ese marco, anticipó que Entre Ríos “no será la excepción a la regla nacional, de la casta política impune, que descargó con toda furia clasista sus políticas antiobreras. El gobernador hizo público el apoyo a las medidas del DNU, la Ley Ómnibus y el protocolo represivo. Este alineamiento implica que sus legisladores aprobarán estas nefastas Leyes”.
Nueva base de negociación
Por otro lado, Baudino criticó la decisión del gobierno de atar los salarios a la recaudación provincial y a lo que llegue de coparticipación federal de impuestos. “Es un esquema de ajuste estructural”, aseguró, y detalló: “Es gravísimo porque los ingresos apenas, sí alcanzan, para comer. Es decir, los sectores de ingresos populares con un marco de degradación no podremos afrontar el pago de tributos porque primero está la necesidad de alimentarse”.
Transferencia de recursos
Por otro lado, Baudino explicó que “es monumental la transferencia de recursos populares van a los sectores económicos y financieros concentrados de siempre, la ‘verdadera casta parasitaria’ de la Argentina, y para pagar la ilegal, ilegítima, fraudulenta y usuraria deuda pública”, ya que “el brutal ajuste que está descargando el Gobierno de Javier Milei por la mega-devaluación del 118 por ciento y la consecuente espiral inflacionaria, que viene de arrastre, pulverizó los ingresos del pueblo trabajador”.
En ese marco, aseguró que la caída del poder adquisitivo real “fue obsceno, considerando que la inflación 2023 fue del 211 por ciento mientras que las compensaciones salariales fueron del 140 por ciento”, y precisó: “Fuimos derrotados por la inflación en un 71 por ciento, dando por tierra las afirmaciones de las direcciones políticas y sindicales de que ‘los salarios le ganen un siete por ciento a la inflación’”.
El escenario inflacionario “que traíamos de arrastre del gobierno anterior se profundizó con la actual gestión por la liberación del precio de los combustibles, quita de subsidios al transporte, la electricidad, el gas, en fin, de todos los bienes y servicios”, explicó el docente, quien aseguró que “esta nueva situación vulnera un derecho humano básico que es el ‘derecho a la alimentación’, empujando en 30 días a la pobreza e indigencia a un diez por ciento más de la población”.