La candidata a diputada provincial por el MST-Nueva Izquierda, Nadia Burgos, dijo a AIM que considera que “hay que transformar el modelo agrícola-ganadero de la provincia, basado en la rentabilidad sin perspectiva ambiental, y ponerlo al servicio de una alimentación saludable, con un freno real a los pesticidas y a los grupos económicos concentrados como Cargill, Monsanto o Bayer, que detentan la tenencia de la tierra e imponen un esquema de producción tóxico para el presente y el futuro”.

El MST-Nueva Izquierda es una fuerza que se consolidó en la provincia como una alternativa posible. Elección tras elección -con un trabajo uno a uno en las calles, las universidades y en las escuelas incorporando en sus armados a trabajadores, mujeres, disidentes y jóvenes- son los candidatos de la izquierda quienes interpelan a los poderes tradicionales sobre cuestiones que incomodan.

– ¿Cómo es posible pasar del modelo actual a uno que ponga el foco en el medio ambiente?

– Es una decisión política y el comienzo de la transición hacia un modelo agroecológico. El puntapié inicial es una reforma agraria integral que discuta la propiedad de la tierra y que las riquezas que se obtienen de ella sean entendidas como un derecho y un bien común, por lo tanto no puede ponerse la ganancia de unos pocos por encima de nuestras vidas.

Desde nuestro espacio creemos que la labor parlamentaria debe ir atada a algunos puntos estratégicos tales como: escuchar a los pueblos afectados directamente por el esquema agropecuario actual y revertir la situación en la que están, que es un padecimiento por la toxicidad y por la bajísima participación en la cadena de producción-comercialización. Es necesario sancionar una Ley de prohibición de agrotóxicos y transgénicos, ya que este modelo es cancerígeno. Nos merecemos un modelo de producción que atienda la salud. Si contamina y mata, no es progreso.

Otro punto necesario de discutir es la estatización de los puertos y la comercialización de la producción para evitar que la renta agraria quede en manos de un puñado de multinacionales. En ese sentido también hay que considerar que las semillas son un bien común y un recurso imposible de privatizar y, denunciar a otros candidatos abanderados del lobby por la privatización de los activos naturales. El intercambio libre de semillas es una práctica ancestral a la que se debe volver.

– ¿Qué otros actores deben estar involucrados además del cuerpo legislativo provincial?

– Es fundamental la participación de varios actores en el proceso de transformación agraria. En primer lugar, deben estar presentes los afectados directamente: trabajadores rurales y sus grupos familiares, las cooperativas y, además, el Estado debe propiciar la participación de instituciones científicas y tecnológicas como el Inta, y las Universidades, que atiendan y garanticen la esfera ambiental, el respeto por el medio y la satisfacción de las necesidades sociales y comunitarias.

Hay que dar vuelta todo y garantizar la propiedad de la tierra en manos campesinas por sobre los grandes pooles de siembra, por eso vamos a impulsar la formación de cooperativas y el trabajo para la explotación responsable de la tierra y para la comercialización, distribución y consumo de sus frutos.

En este sentido el rol de las universidades es prioritario para fomentar un cambio de paradigma desde sus vectores de trabajo: educación, investigación y extensión, pensando no solo en la producción y renta sino además en la preservación del medio y la salud. Por otro lado, es necesario impulsar y reglamentar una Ley de montes que proteja estás áreas en la provincia, cada vez menos extensas y donde el rigor de la tala se hace ver en el cambio climático, las lluvias, la absorción de los suelos y en el impacto sobre los períodos de siembra y cosecha.

Por: Valentín Ibarra, para AIM.