Las comisiones de Legislación General y de Ciencia y Tecnología del Senado se reunirán conjuntamente este miércoles para analizar un proyecto de ley que apunta a la regulación del uso de animales en experimentación con fines científicos y educativos. La iniciativa viene con media sanción de la Cámara de Diputados, supo AIM. Las organizaciones animalistas repudian la propuesta, ya que legalizaría el maltrato.

El proyecto de ley en revisión, autoría del diputado Alejandro Echegaray (Cambiemos-Buenos Aires, busca establecer las bases regulatorias para la protección de los animales de experimentación, utilizados con fines científicos o educativos.

La iniciativa establece son animales de experimentación aquellos producidos para o usados en procedimientos de investigación, docencia, control de calidad  y otros fines científicos realizados por instituciones públicas y/o privadas.

La aplicación de esta ley alcanza a los animales vertebrados a excepción del hombre; cefalópodos; los fetos de mamíferos en el último tercio de su desarrollo, y a todas aquellas especies para las que se demuestre con pruebas científicas válidas y actualizadas la capacidad de experimentar dolor, sufrimiento y/o angustia.

Cuando se requiera utilizar animales silvestres comprendidos en el artículo tres de la ley de Fauna 22.421, capturados en su ambiente natural, se debe justificar científicamente que la finalidad del procedimiento no puede conseguirse utilizando otra especie. Estos protocolos de investigación experimental deben contar con autorización expedida mediante resolución fundada por la autoridad a designar en la reglamentación de la presente ley, según el estatus de conservación de la especie y en consonancia con lo dispuesto por la norma y reglamentaciones provinciales.

Asimismo, el texto normativo prevé que los animales silvestres capturados de su ambiente natural para ser utilizados en investigación experimental, podrán ser devueltos a su ambiente natural, siempre que medie autorización expresa expedida por la autoridad a designar en la reglamentación de la presente ley, garantizándose su bienestar y en la medida que su salud lo permita, y siempre que no entrañe riesgo para la salud pública ni para el medio ambiente. La captura en su ambiente natural solo podrá ser realizada por personas competentes y con los métodos adecuados.

Para la aplicación de la norma, se creará la Comisión Nacional de Experimentación Animal (Conadea) que propondrá nuevas normas relativas a actividades reguladas por esta ley; asesorará a los organismos competentes respecto de las actividades reguladas; reverá periódicamente las normas para el uso y cuidado de los animales de experimentación, a la luz de nuevos conocimientos científicos; establecerá periódicamente los requisitos necesarios para que los bioterios y las instituciones que utilicen animales de experimentación y se encuentren dentro del alcance de esta ley se inscriban y mantengan en el registro nacional.

La propuesta, sin el visto bueno de los animalistas, copia el modelo vigente en Brasil y Uruguay, y se sostiene en la normativa de las Tres Erres (reducción, refinamiento y reemplazo) utilizado en Europa. "Fue la comunidad científica la que pidió ser auditada", dijo Echegaray al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a encabezar el proyecto que despertó polémicas antes de obtener la media sanción en Diputados.

A su vez, reconoció que los investigadores están interesados en que "la ciencia dé explicaciones sobre el uso que hace con los animales" ya que en Argentina "existen bioterios desde tiempos inmemoriales" que nunca antes fueron controlados.

Respecto a la posibilidad de que la ciencia reemplace a los animales afirmó que "hoy no se puede reducir su uso en determinados estudios. Quizás algún día se logre, pero hoy hay que empezar por algo y eso es auditar los procesos y los protocolos".

Desde las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, subrayaron que “No se puede regular la crueldad".

Actualmente, la Ley 14.346, de malos tratos y actos de crueldad a los animales, se limita a permitir la experimentación dentro de parámetros decididos por la misma comunidad científica que experimenta en animales. Esta ley es funcional al uso de los animales no humanos en general, regulado en numerosas normas", sostuvo Ana María Aboglio, reconocida abogada especializada en Filosofía del derecho y Ética para los Derechos Animales.

En ese sentido, continuó: "Las resoluciones existentes, como las de la Anmat y Senasa,  reglamentan algunos aspectos de los bioterios. Los experimentadores buscan hace años un marco regulatorio nacional que les servirá para normalizar y fomentar la vivisección en todas sus formas".

Respecto al proyecto de Echegaray, opinó que "fue gestado hace muchos años por la Aacytal (Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio), mientras la experimentación se afianzaba en laboratorios, universidades, con la instauración de la carrera de Técnico en Bioterio, la creación de animales transgénicos, importación de animales, comités de ética apoyados por asociaciones y cátedras  universitarias de bienestar animal, etc. Algunos legisladores internalizaron el discurso de los viviseccionistas —cuya carrera está montada sobre el uso de animales—, por lo que parten de la base de que no se puede prescindir del uso de animales. Así surgen estas leyes regulatorias que, bajo el eufemismo de 'protección de los animales de laboratorio', protegen el derecho que los experimentadores se arrogan para usarlos".

En ese tono, argumentó: "No hay justificación ética para esclavizar o dañar a seres sintientes en ningún caso. A su vez, no deberíamos conformarnos con esa retórica emocional que utilizan los experimentadores para establecer la necesidad de la experimentación, dándonos a elegir: '¿Su hijo o su perro?'".

La experta en derechos de los animales amplió su análisis: "El hecho de que algunos descubrimientos se hayan hecho experimentando en animales no significa que no se hubieran podido hacer sin ellos; los viviseccionistas suelen señalar avances hechos con la experimentación en animales que, de hecho, no se hicieron por ella. Además, hubo cantidad de fármacos que ocasionaron daños graves o la muerte de humanos después de salir a la venta y debieron ser retirados. El requisito obligatorio de testeo en animales es un requisito que otorga beneficios legales a las empresas farmacéuticas demandadas pero que no tiene base científica comprobada e implica una exorbitante cantidad de recursos desperdiciados por no aceptar que la vivisección no lleva a la cura de enfermedades humanas, las cuales se han incrementado, según informa la OMS".