La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados dio puntapié inicial este martes al debate sobre usuarios perjudicados por planes de ahorro automotor. El encuentro contó con la visita de funcionarios y, durante la discusión, se afirmó que es necesario avanzar en una nueva normativa sobre este tipo de contratos.
En el arranque, el presidente de la comisión, el radical Víctor Hugo Romero, señaló: “Es un tema que queremos empezar a debatirlo, hay proyectos presentados, pero la idea es que profundicemos este sistema de capitalización y ahorro desde el trabajo horizontal, en equipo, junto al Poder Ejecutivo y que definamos un mecanismo de una nueva ley si hace falta”.
“Es un tema que es necesario que el Congreso lo aborde, que requiere de un análisis minucioso, no es un tema para resolverlo de un día para el otro, es complejo”, aclaró el cordobés, al recordar que “esto se rige por un decreto reglamentario de 1943; claramente estos sistemas de capitalización de aquella época no son los actuales”.
En esa línea, Romero agregó que “el Congreso tiene que dar un nuevo marco normativo para fortalecer la transparencia y este sistema tiene que ser un instrumento de ahorro y capitalización, pero básicamente garantizando defensa de los derechos de los consumidores”.
Al exponer, Alejandro Alonso Pérez Hazaña, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, precisó que durante este año se recibieron 8.379 reclamos, liderados por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, más la Ciudad de Buenos Aires. “El 30% fueron reclamos por demora en la entrega del bien; el 25,3% por falta de devolución de los montos en casos de renuncia; el 12,3% por incumplimiento de oferta; el 5,1% por cobro indebido; y el el 4,6% por aumento no previsto o indebido del monto del valor del móvil”, detalló.
Además, reveló que las “empresas más reclamadas” son “Volkswagen con 32%; FSA 28,29%; Plan Rombo (Renault) 19%; Peugeot 8,67%; Chevrolet 7,5%; y Plan Ovalo (Ford) 3,6%”.
El funcionario advirtió que cuando se judicializan los reclamos, “la cantidad de expedientes que se cierran sin acuerdo” en un promedio de 65%. “Estos números reflejan que hay un problema”, expresó y afirmó que trabajan en “un proyecto de resolución, junto con la IGJ, para poder dar respuesta a cautelares que se han caído a partir de procesos colectivos”.
Durante su alocución, explicó que “en términos generales en estas relaciones de consumo” hay “una falta de información en general en toda la operatoria del contrato”. “Es un contrato muy turbio, difícil de entender, tiene una lógica de otra época, de los años ´50”, resaltó.
No obstante, Pérez Hazaña consideró que “el mejor sistema de información no necesariamente resuelve los problemas de fondo de este sistema de comercialización”. “El problema más complejo en el que hay que encontrar una respuesta es en la mecánica de la determinación del precio. Si no resolvemos eso, no resolvemos el problema de los consumidores”, sostuvo, al tiempo que añadió que hay que corregir “cláusulas abusivas” como el cobro de “una comisión por estar inscripto en el contrato” y “el cobro de los seguros”.
Luego fue el turno de Darío de León, director de Sociedades Comerciales de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien reconoció que “con el aumento generalizado de precios comenzó a ser esto un problema en todo el país” porque “la gente no puede pagar las cuotas” y “genera un alto índice de conflictividad a lo largo y ancho de todo el país”. “Lo primero que se intentó fueron algunos parches, desde la fase administrativa, para buscar algún tipo de paliativo” como “un diferimiento de cuotas, pero esto no solucionó el problema, fue de emergencia”, admitió.
El funcionario llamó a “repensar el sistema” porque “estamos en un tema del sector privado, pero actores del sector privado que de alguna manera inciden sobre el interés público, porque lo que se hace es una captación del ahorro público, por eso este tipo de contratos se encuentra regulado y fiscalizado de forma permanente por parte del Estado”.
“Tenemos un procedimiento de denuncia para que se pueda hacer de forma digital, pero el principal problema que tenemos es el poder sancionatorio, podemos poner 11 mil pesos de multa. Eso nos dice todo. Entonces, ejercer un control, pero sin poder sancionar es un poco una contradicción”, subrayó.
De León explicó que “la gente va a los organismos buscando una solución y ponerle 11 pesos de multa a la empresa no es una solución para nadie”.
Además, el director de Sociedades Comerciales de la IGJ pidió no “pasar por alto” la oportunidad de que, si se avanza con una nueva normativa, se tenga en cuenta no solo al sector automotor sino también a “aquellas empresas, o sociedades de empresas, que captan el ahorro público con promesa de prestación futura de dinero, hemos visto el grupo Zoe, el grupo Vayo”, las cuales “no están expresamente alcanzadas por ningún marco específico” y “se aprovechan de ciertos grises legislativos”.
Al momento de la ronda de preguntas, el oficialista Juan Manuel Pedrini reclamó: “La IGJ es la autoridad de aplicación y control porque se está captando ahorro público. Ahora, al contrato lo aceptan ustedes. Contratos que son altamente perjudiciales para el usuario. Desde el Estado estamos corriendo muy atrás en la defensa de los consumidores”. “Parecería ser que tenemos detectado el problema, pero que estamos más del lado de las automotrices que de los ciudadanos”, se quejó y consultó si “la autoridad de aplicación que autoriza estos contratos tiene voluntad de modificarlos o vamos a necesitar una ley”.
Por su parte, el radical Marcos Carasso puso como ejemplo a una persona que pagó un plan de ahorro de 36 cuotas para un Fiat Cronos y “en diciembre de 2019 pagó una cuota de 7.900 pesos y en noviembre de 2022 fue de 56.586 pesos. La variación de las cuotas fue del 614% y la inflación acumulada en el mismo período de 275%”.
“La gente hoy todos los meses está perdiendo su valor adquisitivo, todos los meses le aumenta la cuota. Esto genera un desequilibrio todos los meses”, enfatizó y aseguró que “la urgencia es inminente, no se puede esperar a que pasen los meses”. En esa línea, observó que hay que “lograr un índice lógico y razonable” y habló de “un millón de argentinos” afectados en todo el país y que “hay 100 mil cordobeses desesperados esperando que resuelva la Justicia”.
“Hasta tanto se sancione una normativa, que evidentemente es necesaria, habiendo cláusulas notoriamente leoninas, abusivas, el Estado tiene que actuar ya mismo”, apuntó la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien además aprovechó para recordar a sus pares que “hace muy poco se votó retenciones cero para las automotrices, las premiaron para una década”, y pidió que “se revise esa norma” ya que “se las premió con semejante beneficio y es así como tratan a los habitantes de este país”.
Más tarde tomó nuevamente la palabra Pedrini, a quien se lo vio claramente molesto, y solicitó a los organismos que se controle “el plazo de entrega y el tema de los reintegros” porque “las concesionarias venden el plan y se desentienden”. “Pidanle al usuario que se comunique con los administradores…es misión imposible. Hay que poner atención presencial. Es una vergüenza como estamos”, manifestó y exclamó: “O acá legislamos para el pueblo, o trabajamos para las automotrices, porque es una estafa lo que se le está haciendo al pueblo argentino”.
Finalmente, el chaqueño afirmó que le iba a pasar a los funcionarios “una lista de todas las cosas que se pueden mejorar ya con decisiones administrativas” porque “hay cuestiones que se pueden resolver ya”, más allá de la necesidad de trabajar en un proyecto.
“Tomo todas las sugerencias, es un muy lindo, se puede hacer una normativa muy hermosa, la pregunta es, ¿cómo hacemos para obligarlos a que cumplan si no hay poder sancionatorio?”, le devolvió De León.
Hacia el final, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman consultó sobre “qué factor no estamos viendo que incide en los ciclos que terminan en colapso siempre”. A lo que Pérez Hazaña respondió que “mientras que las administradoras no sean parte de los consumidores que forman parte del grupo, sino que integran directamente por el fabricante, la ecuación del contrato nunca va a cerrar”. “Hasta la inflación es algo que podría manejarse mejor en estos contratos si hubiera una administración distinta del sistema de ahorro, porque hay casos en los que se ha acreditado que no es la inflación sino el aumento del dólar, pero el dólar después baja y los valores no bajan. No es nada más un tema de la inflación. El tema de fondo es que la mecánica contractual es muy complicada”, explicó.
Para cerrar, el presidente de la comisión destacó la “predisposición” de los funcionarios “de que trabajemos en una mesa en conjunto este tema”, el cual “está claro que requiere una visión integral”. A pesar de la situación de los consumidores, “ellos como funcionarios tienen limitaciones por tener una norma de 1943”, señaló Romero.
El cordobés se comprometió a convocar también a las comisiones de Comercio y Legislación General, donde tienen giro los proyectos, para “abocarnos a este tema que viven muchos argentinos”. “No podemos trabajar en este Congreso a través de un sistema de parches. El tratamiento es urgente”, aseveró, aunque reconoció que la discusión continuará seguramente a partir de febrero, cuando se convoquen a todos los sectores al debate, en pos de “encontrar una solución legislativa que beneficie al consumidor”.