La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados nacional comenzó a tratar y dictaminó un proyecto que busca jerarquizar por ley el Programa de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Enia), casi desmantelado por el Gobierno a inicios de la gestión, constató AIM.

En la reunión, a la que asistió AIM, se recordó que el Programa funciona desde 2017 y ha mostrado resultados efectivos, al reducir un 50 por ciento la tasa de embarazos en menores.

La iniciativa, que obtuvo despacho de mayoría, fue consensuada entre propuestas de Mónica Fein (EF) y Blanca Osuna (UP). Hubo además un dictamen de minoría, encabezado por Silvia Lospennato (Pro), con diferencias en torno al financiamiento; y otro de La Libertad Avanza, de rechazo.

Los Diputados nacionales firmantes de los proyectos para convertir en ley este programa, buscan asegurarse así presupuesto, cargos y facultades, parecen no recordar ciertos datos insoslayables: el más evidente es que las Provincias son soberanas para legislar en materia de salud y de educación (art. 121 de la Constitución Nacional), por lo que, en una República Federal como la Argentina, la Nación no puede avasallar tales soberanías provinciales con leyes nacionales.

Al justificar el dictamen de rechazo, el diputado Manuel Quintar (LLA) aseguró que esto no significaba que “la posición del bloque o el Gobierno sea el rechazo al plan, sino una cuestión de que entendemos que no es necesario sobrelegislar este tema”.

“El programa está vigente, va a seguir vigente, se va a mantener en el tiempo, no estamos en contra del plan”, insistió y habló de una eventual violación de la Ley 24.156.

El programa que redujo el embarazo en adolescentes en la Argentina en casi un 50 por ciento en apenas cinco años y es modelo en Latinoamérica está en riesgo de desaparecer. El Gobierno de Javier Milei dudó en renovar a inicio de su gestión los contratos de sus 709 profesionales de equipos interdisciplinarios que vencen la semana próxima: son 112 que trabajan en Nación en ESI en los programas de Salud Sexual y Salud Adolescente y 597 en centros de salud, espacios comunitarios y escuelas en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires. No es un programa caro. Prevenir cada embarazo no intencional en adolescentes le cuesta al Estado apenas unos 60 dólares al año.

El Plan Enia que se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y se profundizó en la gestión de Alberto Fernández, permite ahorrar 0,16 por ciento del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años, y las contribuciones que se pierde el Estado porque estas mujeres –está estudiado y probado– terminan en menor proporción la escuela secundaria y en su adultez estarán más desempleadas que aquellas que no tienen hijos a edades tempranas, según el estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).