A partir de un proyecto de ley, se busca atender el impacto económico que están teniendo pequeñas y medianas empresas. La iniciativa, a la que tuvo acceso AIM, tiene como objetivo suspender por 180 días los trámites de pedidos de quiebra y las ejecuciones en los procesos concursales, así como las medidas cautelares trabadas y que se puedan interponer sobre bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con el giro habitual de las empresas.

Según el texto, en 2001, se tomaron medidas similares por la gravedad de la crisis económica. En esta coyuntura, la situación es diferente porque estamos ante una crisis internacional originada por causas sanitarias, pero en términos estructurales las respuestas económicas tienen el mismo fin: evitar un mayor impacto en la ciudadanía.

Argentina es un país que tiene una cultura del trabajo excepcional, esto nos da fortaleza para seguir, mejorar, y hacer todo lo que está a nuestro alcance para preservar la industria nacional y los millones de empleos que genera. “Hoy es nuestra prioridad otorgar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para preservar las unidades productivas que son, en definitiva, fuentes de trabajo y la esperanza de reconstruirnos cuando todo esto pase”, dice en sus argumentos la autora del proyecto, Silvida García Larraburo (FDT-Río Negro).

En medio de la pandemia, una encuesta realizada por la Fundación Observatorio Pyme (FOP) entre 788 empresarios y profesionales independientes de todo el país reveló que el 58 por ciento está padeciendo caída en las ventas, 40 en las compras; 39 en la producción, y 33 por ciento en los niveles de ocupación.

“El principal impacto negativo registrado es sobre ventas. Los otros tres impactos tienen una difusión mucho menor, pero estas proporciones seguramente irán creciendo aún más en las próximas semanas, ya que las menores ventas afectarán negativamente sobre la producción y el empleo”, dice el informe, al que accedió AIM.