La referente opositora les exigió por medio de una carta a las autoridades del Parlamento que designen a sus consejeros para el organismo y advirtió sobre un posible “alzamiento contra el orden constitucional”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en la escena en medio de la controversia por la recomposición anterior del Consejo de la Magistratura, que pasó a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La iniciativa se da en la previa de la conferencia de prensa que darán los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio para reclamar la designación de dos legisladores de ese espacio.

A través un nota firmada por Juan Manuel López, titular de bloque de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, presidente del partido, y la propia Carrió, se les reclamó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa a cumplir con el fallo que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura y ordenó la ampliación del número de consejeros de 13 a 20. De lo contrario estarán cometiendo un "alzamiento contra el orden constitucional", advirtieron.

Antes, por radio Mitre, la referente opositora había advertido sobre un posible “alzamiento contra el orden constitucional” en caso de que Cristina y Massa no nombren a los consejeros en representación del Poder Legislativo.

Hasta el momento, ni Cristina Kirchner y Sergio Massa han dado señales clara de qué harán luego de que la medida precautelar dictada por el Juzgado Federal N°2 de Paraná, Daniel Alonso, quedara sin efecto tras un durísimo fallo de la Corte Suprema.

“Nos dirigimos a ustedes como representantes del partido político Coalición Cívica ARI en relación al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la obligación que a ustedes les cabe de dar cumplimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso ‘Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires’, nombrando a los legisladores propuestos por los bloques políticos Frente Pro y Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados, respectivamente, para completar la integración de dicho órgano constitucional”, expresan los legisladores referentes del espacio que lidera Lilita.

Y continúa: “No tienen ustedes obstáculo judicial, ni legal, y no debería prevalecer sobre la Constitución y la ley argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema”, enfatizaron y señalaron que “esto especialmente luego de la resolución del pasado 18 de abril dictada por el Máximo Tribunal sobre la medida precautelar del grosero expediente ‘CASARETTO, MARCELO PABLO c/ CÁMARA DE DIPUTADOS NACIONALES Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986′”.

El 13 de abril pasado, Alonso había dictado una medida precautelar tras un pedido del diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, en la que instaba a las autoridades del Congreso a abstenerse en la designación de consejeros de la magistratura. Eso fue celebrado por el jefe de bloque Germán Martínez: "Genera una ventana de oportunidad para encauzar institucionalmente el tema", dijo.

El Ministerio Público Fiscal había apelado ese fallo, pero en una decisión que llamó la atención el juez Alonso decidió abrir sorpresivamente su juzgado el domingo de Pascuas para rechazarla, en lo que fue leído como otro intento desesperado del kirchnerismo con un magistrado afín para resistir los cambios en el organismo.

Ayer, la Corte anuló el fallo del juez que quiso ayudar a Cristina Kirchner y lo llamó ignorante. Es más, desde Juntos por el Cambio le pidieron al presidente Alberto Fernández que retire el pliego de Alonso del Senado para ser camarista federal.

En referencia a la resolución de la Corte sobre la medida que había tomado el juez Daniel Alonso, los dirigentes de la CC-ARI indicaron que “la Corte extinguió ese proceso por carecer de validez desde su promoción, ordenando al Juzgado Federal N°2 de Paraná que proceda a su archivo y anulando todo lo actuado por ese Juzgado en el caso. Todo lo que se ordenó se ha notificado a la presidencia de ambas Cámaras del Congreso Nacional”.

En el final de la carta, Carrió, Ferraro y López advirtieron que “cualquier otra decisión por parte de ustedes como autoridades del Congreso representa un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional, conducta esta, que puede encuadrarse en delitos penales”.