Con la sanción del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño tendrá entre sus manos una herramienta “para continuar con el armado de causas y encarcelamiento de senegaleses, que crece día a día”, informó a AIM el dirigente representante del sector en la CTA, Omar Guaraz.
El representante de los Vendedores Ambulantes recordó a AIM que esta semana, integrantes de la nueva Policía de la Ciudad detuvo dos vendedores senegaleses en la esquina de Argerich y Bacacay, del barrio porteño de Flores.
“Motos, patrulleros y policías persiguieron, redujeron y golpearon a los dos vendedores antes de detenerlos. El relato oficial llama a este nuevo secuestro ‘Atentado y resistencia a la autoridad’, cuando en realidad es terrorismo de Estado”, subrayó el gremialista.
Según explicó Guaraz a AIM, “los policías robaron la mercadería y el dinero de los vendedores, bajo tortura y violencia física. En algunos casos amenazados a punta de Pistola”.
Cabe recordar que la sanción del nuevo Código Contravencional permitirá a la Policía detener y encarcelar ciudadanos sin intervención ni control judicial. En ese sentido, “senegaleses, integrantes de la economía informal, periodistas, manifestantes y todos en general están en la mira; todos estamos enlibertad condicional si la reforma se sanciona”, sentenció.
“Pero la ofensiva contra Senegaleses no termina ni con el grupo de tareas de Larreta que es la Policía de la Ciudad, ni la escribanía para hacer negocios y legitimar el Estado terrorista que es hoy la Legislatura porteña”, admitió el dirigente de la CTA.
“El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le pide al fiscal general Luis Cevasco que, por intermedio de la siempre activa fiscal Celsa Ramírez, se arme la causa MPF 163675 para mediante la infamia institucional acusar a senegaleses de mafia organizada y de ese modo legitimar la persecución y represión contra este colectivo de compañeros tan valerosos”, contó a AIM.
Celsa Ramirez, “la principal operadora de Cambiemos en la justicia Porteña tiene mucho trabajo a pedido de Larreta a los fines de acusar de asociación ilícita a los metrodelegados y de mafia organizada a los senegaleses”, concluyó Guaraz.
Qué es el Código Contravencional
Con este proyecto, “todos los trabajadores informales en la Ciudad (Vendedores ambulantes, Manteros, Limpiavidrios, trapitos, cuida coches, músicos y artistas callejeros, trabajadoras sexuales, etc) que en épocas de ajuste y un plan de gobierno que expulsa centenares de miles de personas del sistema laboral y que se suman a la informalidad como recurso de supervivencia, quedan en condiciones de ser privados de su libertad a voluntad de un fiscal contravencional”, explicó Guaraz a AIM.
Con la reforma Contravencional, “se podrá detener contraventores a criterio de los fiscales”, por lo que “nuestra libertad individual está condicionada a los intereses y la voluntad del jefe de Gobierno que por intermedio de fiscales (y los jueces del fuero) utilizan la Justicia para legitimar la ilegalidad de un Estado terrorista”, sentenció.
La reforma “habilita la persecución de opiniones y la libre expresión de ciudadanos en redes sociales, con la laxa figura de intimidación u hostigamiento.
Cualquier funcionario público o fiscal puede alegar esta figura y encarcelarnos por una opinión crítica”, especificó.
“Con esta figura en épocas de creciente conflictividad social y por ende de reclamos que se desarrollan en su totalidad en la ciudad, cualquier funcionario puede alegar sentirse hostigado o intimidado en alguna marcha o manifestación o cualquier escenario y un fiscal actuar ordenando la detención”, agregó a AIM.
Asimismo, añadió: “Si una nota de opinión en una red social, critica al gobierno actual o un funcionario, o en una manifestación como mencionamos, si somos parte de una organización política o social, se considera un agravante y la pena se duplica”.
Con la sanción de la norma, “la propaganda política, afiches, Pintadas, sin autorización expresa (no hay) todos quedan en calidad de ser detenidos y sus organizadores con penas de cárcel duplicadas como agravante”.
En ese sentido, “la libertad política de expresar y promocionar mediante afiches sus propuestas y difundir ideas constituye una contravención y nuestra libertad a merced del criterio de una Fiscal”.