El oficialismo defendió la iniciativa de juicio político contra los jueces de la Corte e informo la agenda de trabajo que se llevará adelante. En ese marco, la semana próxima asistirán los autores de los 14 proyectos que hay en carpeta, supo AIM.

En una reunión que se extendió por casi cuatro horas y atravesó momentos tensos, arrancó este jueves en la Cámara de Diputados el debate de los pedidos de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Ronsenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

En sus intervenciones, el Frente de Todos insistió en la defensa de la legalidad del proceso, desde lo constitucional y reglamentario, y planteó la agenda de trabajo que se llevará adelante. Mientras que Juntos por el Cambio encendió la mecha con discursos políticos en los que cargó contra el Gobierno y calificó de “circo” el debate. En algunos tramos las chicanas e interrupciones cruzadas se agudizaron, pero sin llegar a desbordar la reunión.

En el comienzo del encuentro, que se realizó en una llena Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, la presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, repasó los 14 proyectos de resolución presentados y detalló la catarata de denuncias de delitos que contienen cada uno.

“Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, aseguró la oficialista, quien aclaró: “El juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia”.

Al explicar cómo continuará el procedimiento, la diputada dijo que en la siguiente reunión, del 2 de febrero, “vamos a recibir a los autores de proyectos para que expongan”; en tanto, el 9 de febrero, se tratará “el informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria, es decir, la apertura a prueba para que se produzca la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca, que sea útil para esclarecer los hechos que se están denunciando”.

“En caso de que el informe de admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto oportunamente”, agregó. Y subrayó que “la causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos es una causal prevista en la Constitución Nacional para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien”.

Luego, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, pidió convocar a “una serie de invitados para discutir la admisibilidad” porque “las últimas causales que han entrado de diciembre a enero son manifiestamente inadmisibles”. “Queremos discutir con rigurosidad con juristas y asociaciones de magistrados”, planteó el jefe de la Coalición Cívica.

En la próxima reunión se escuchará a los autores de los 14 proyectos. El oficialismo también apunta contra los magistrados por el fallo 2×1 de 2017 y la inacción frente al escándalo de Lago Escondido, sobre el viaje de jueces federales, exespías, funcionarios porteños y empresarios de medios.

Dentro del Frente de Todos hay quienes opinan que el proceso debe durar al menos 90 días, pero desde el sector K aspiran a estirar el debate hasta el comienzo de la campaña electoral. Más allá de tener mayoría para poder avanzar con los respectivos dictámenes (es uno por juez), el oficialismo no cuenta con los dos tercios para aprobar la acusación en el recinto.