Finalizó el periodo legislativo y, si bien aún no hay confirmaciones sobre las sesiones ordinarios, existe una lista extensa de temas que se pospusieron y quedaron en el tapete del Congreso.

Con un trabado cierre del año parlamentario, atravesado por las difíciles -y no fructíferas- negociaciones en torno al Presupuesto 2025 y la “guerra” de sesiones de la última semana de noviembre, la agenda que compete al Congreso culminó con el período ordinario con un abultado paquete de proyectos pendientes de tratamiento, muchos de los cuales no se prevé que vayan a ser parte del temario de sesiones extraordinarias que defina el Poder Ejecutivo, si es que finalmente las convoca para diciembre. Y, en ese caso, el Gobierno está centrado en la reforma electoral, con la eliminación de las PASO.

Durante 2024 el oficialismo hizo su debut legislativo con una marcada minoría tanto en el Senado como en la Cámara baja; eso lo llevó a demorar seis meses en aprobar dos leyes ambicionadas por el Gobierno, pero las consiguió. También logró sostener dos vetos de Javier Milei sobre temas importantes como jubilaciones y universidades. Sin embargo, hay otras iniciativas impulsadas desde Casa Rosada que quedaron sin ser tratadas en el recinto o ni siquiera comenzaron su debate en comisiones.

A raíz de la fragmentación que impera en la composición de ambas cámaras, sobre todo en la de Diputados, los bloques se movieron a lo largo del año de manera muy dinámica, construyéndose mayorías -o, por el contrario, no alcanzándose- dependiendo de los proyectos que había sobre la mesa.

De las últimas sesiones convocadas en la Cámara de Diputados, sólo logró media sanción el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Además, en esa misma jornada se dio media sanción a la declaración de emergencia en San Luis por incendios ocurridos meses atrás y se aprobó una declaración contra el decreto 780 que restringió el acceso a la información pública.

En cambio, no prosperaron por falta de quórum temas como la reforma sindical (con cierta complejidad sobre la validez del dictamen); ficha limpia -para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos-; cambios en el sistema de votación de los argentinos que residen en el exterior; juicio penal en ausencia del imputado y una iniciativa motorizada por el Ministerio de Seguridad sobre reincidencia y reiterancia.

Dentro de la batería de proyectos que quedaron con dictamen, pero no fueron al recinto, aparece en el listado de la Cámara de Diputados la privatización de Aerolíneas Argentinas. La empresa había quedado afuera de la Ley Bases, pero, ante un conflicto gremial que se agudizó en la segunda mitad del año, el Gobierno decidió avanzar a toda marcha con los proyectos que proponían su venta, entre ellos los de Hernán Lombardi (Pro) y Juan Manuel López (CC).

A fines de septiembre arrancó la discusión en comisiones, luego se frenó sin más novedades y se reflotó un mes después, interrumpiendo incluso el debate sobre el Presupuesto 2025. Como resultado hubo cuatro dictámenes. Si bien el oficialismo se alzó con el de mayoría, con acompañamiento del Pro, la UCR y aliados, los votos para su aprobación no estaban garantizados y no se convocó a sesión para tratarlo.

Desde el lado de la oposición, un tema con el que se avanzó fuerte a partir de un emplazamiento de comisiones fue la reforma a la Ley 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, con la intención de evitar un uso excesivo por parte de Javier Milei. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre plantea, entre sus puntos principales, que el rechazo de una sola cámara bastará para dejar sin efecto un DNU y que los decretos que no se traten en un plazo de 90 días en el Congreso se caerán.

Los bloques impulsores convocaron a una sesión el pasado 12 de noviembre, la que finalmente se suspendió porque no iba a reunir quórum. La mayor razón del fracaso fue que se incluyó en el temario el DNU 846, sobre canje de deuda, lo que alertó al Gobierno. Finalmente triunfó el oficialismo en hacerla caer. Días más tarde, precisamente el martes 26, se convocó a una nueva sesión -que fracasó por falta de quórum- que incluyó el DNU sobre deuda, pero no así el dictamen sobre el proyecto para reformar la Ley 26.122.

Una de las comisiones que más encuentros realizó a lo largo del año fue la de Legislación Penal. Allí se trataron un conjunto de proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo, especialmente por la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Del paquete enviado por la ministra en abril pasado, la última iniciativa en recibir dictamen fue la que modifica el Código Penal en lo referido a legítima defensa y orden público.

Los miembros de Legislación Penal debatieron en numerosas reuniones informativas sobre un nuevo régimen penal juvenil, a partir de un texto enviado por el Gobierno y proyectos de varios diputados, pero sin acuerdos en un tema tan complejo, no se firmó dictamen este año.

Por otra parte, en base a iniciativas de legisladores se avanzó en la comisión que preside Laura Rodríguez Machado con un dictamen para agravar penas a quienes causen incendios intencionales. Tampoco llegó al recinto.

Con Legislación Penal involucrada, pero siendo la Comisión de Justicia cabecera, el oficialismo dio luz verde en el segundo semestre al debate sobre proyectos relacionados al juicio por jurados, un método que se aplica en una docena de provincias, más no a nivel nacional. En un hecho inédito, se alcanzó un acuerdo casi unánime y el dictamen unió con sus firmas a La Libertad Avanza y Unión por la Patria, entre otros bloques. Sin embargo, no se convocó a tratarlo en sesión.

Entre otros temas que quedaron sólo en dictamen aparece un proyecto del oficialismo y aliados para declarar la amnistía para los delitos contra las medidas dispuestas en pandemia; y una iniciativa para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres respecto de la violencia en el ámbito laboral y académico, que contó con consenso de todos los bloques excepto La Libertad Avanza.

Aunque se debatió en comisiones, no prosperó la firma del despacho de la media sanción venida del Senado sobre tipificar y agravar penas por el delito de compra y venta de menores.

Anunciada con bombos y platillos desde Casa Rosada luego de la aprobación de la Ley de Bases, a finales de junio, la “ley hojarasca” fue enviada finalmente al Congreso en octubre. Si bien desde el oficialismo se afirmaba que se le iba a dar un pronto tratamiento, en paralelo con el Presupuesto 2025, eso no ocurrió. Así, el proyecto que tiene por objeto la derogación de más de 60 leyes que desde el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger consideran “obsoletas”, no fue ni siquiera tratado una sola vez en un plenario de comisiones.

Tampoco se activó la discusión sobre otras dos iniciativas que ingresaron junto a esa propuesta, vinculadas a partes contenidas en la Ley de Bases original. Hablamos del proyecto sobre modernización, digitalización y desburocratización de la Justicia, y aquel para establecer el divorcio exprés.

Qué pasa en el Senado

Bajo la presión de que la oposición se lleve triunfos incómodos para el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo cerrado el recinto de la Cámara alta desde el 26 de septiembre hasta el cierre del período ordinario, con la excepción del pasado 27 de noviembre, cuando se abrió solamente para recibir el informe de gestión de Guillermo Francos. Pero, además, la escasa actividad de comisiones y el poco interés de los bloques en empujar una agenda de temas, colocó al Senado en un rol desdibujado para el cierre del año.

Sin dudas, una de las grandes cuestiones pendientes para los senadores es la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, trámite nada sencillo por la mayoría que requiere: dos tercios de los votos, un número imposible de alcanzar sin apoyo de Unión por la Patria, el bloque opositor que es primera minoría con 33 miembros. A ello hay que sumarle que una de las postulaciones, la de Ariel Lijo, ni siquiera convence a varios integrantes de las bancadas dialoguistas. Incluso fue a causa de esa propuesta que el oficialismo echó de su ultra minoritario bloque al formoseño Francisco Paoltroni, quien osó criticar duramente la candidatura promovida por el Gobierno.

Los pliegos del juez federal Ariel Lijo (también cuestionado en su momento por la propia Villarruel) y el académico Manuel García-Mansilla fueron enviados al Senado el 28 de mayo; tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio y a finales de agosto se realizaron las audiencias públicas en las que los candidatos defendieron sus postulaciones. Los dictámenes pasaron a la firma, pero nunca llegaron al recinto. En los últimos días de noviembre, la catamarqueña de UP Lucía Corpacci estampó su firma en apoyo a Lijo y el despacho alcanzó los avales necesarios, no así el de García-Mansilla.

Lijo fue propuesto para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021; mientras que García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Francos, quien en reiteradas oportunidades habló de la posibilidad de que se nombren a los jueces de la Corte por decreto, enfrentó consultas sobre el tema durante la sesión informativa. En caso de que no avancen los pliegos dijo que no descartarían postular a una mujer para la Corte, mientras que desde Unión por la Patria le entregaron un documento en el que rechazan rotundamente la idea de que el Poder Ejecutivo designe “en comisión” a Lijo y/o García-Mansilla.

También en relación a la Justicia, aunque anunciado desde Casa Rosada, la Cámara alta quedó a la espera del envío del PEN de más de un centenar de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial.

Por otro lado, con media sanción de Diputados, en el Senado quedó pendiente el tratamiento del proyecto de abordaje integral contra el crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, y otro sobre regularización de la tenencia de armas y prórroga del programa de entrega voluntaria. Ambos fueron enviados por el PEN y recibieron despacho en las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales durante noviembre.

Entre otros proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara baja, tuvieron dictamen de comisión distintos acuerdos internacionales, una iniciativa que propone crear la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias, y la llamada “ley Nicolás”, sobre seguridad del paciente, que prontamente perderá estado parlamentario si no se trata.

A partir de iniciativas de los propios senadores, se despachó en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo Sustentable un texto que propone derogar la Ley de Manejo de Fuego; mientras que en las de Seguridad Interior y Justicia y Asuntos Penales se avanzó con un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes.

Comandada por el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, la Comisión de Educación no puso en debate este año el proyecto con media sanción que declara a la educación como servicio esencial, de modo que se garanticen los días de clases cuando haya paro docente.