El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (Ccpier) consideraron oportuno hacer una advertencia sobre el accionar de quienes unánimemente sancionaron la Ley N° 27551 que generó, “perjuicios para todas las partes, trajo grandes problemas tanto para los propietarios como para los inquilinos”.

Con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios “nos vemos en la necesidad de formular algunas precisiones y compartirlas con los matriculados y especialmente con la ciudadanía, porque pensamos que la forma en la que se intenta resolver un problema en gran medida tiene que ver con los resultados que se alcanzan”, dijeron en un comunicadoi.

El Cofecio “es el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios al que pertenece el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos y todas las organizaciones pares de otras provincias que fueron creadas por ley, es decir por cada Estado provincial”, precisaron.

Los colegios son entes públicos no estatales a los que el Estado confió el control de la ética y la matrícula profesional. Y, el rol de los corredores públicos inmobiliarios es la satisfacción de las necesidades de ambas partes. Es un intermediario que une las partes.

“Compartir esta información pone en evidencia un absurdo: los Estados provinciales crean entidades cuya representatividad desconoce el mismo Estado (nacional) al momento de resolver asuntos relativos al sector, al extremo de no convocarlo para escuchar lo que tiene para decir respecto de la modificación de la norma, aun cuando nos hemos puesto a disposición para ello”, dijeron.
En ese marco, precisaron que “un detalle que no puede pasar desapercibido es que esta ley -causante de una crisis del mercado inmobiliario- fue aprobada por unanimidad, desoyendo todas las advertencias que los corredores inmobiliarios habíamos formulado. A la luz de los acontecimientos, no descartamos que los que nos metieron en el problema vayan a incurrir en los mismos errores si persisten en no escuchar a las entidades”.

“Conocemos el pensamiento de propietarios e inquilinos y a partir de eso, hacemos pública nuestra propuesta respecto de los cambios a introducir en la ley vigente, aun cuando no fuimos convocados. Sostenemos que se debe reinstaurar el período de 24 meses para los contratos de locación y dejar el libre acuerdo entre partes en cuanto a precios y períodos de actualización”, dijeron.

Asimismo, indicaron que tienen “la experiencia en el sector comercial que no fue alcanzado por la cuestionada ley. Donde se mantuvo el libre acuerdo en el que las partes siguieron pactando las condiciones no se han registrado inconvenientes, no hay problemas ni con la oferta ni con la demanda”.