Un proyecto de ley, presentado a la Cámara de Diputados nacional, se pide que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informen sobre los despidos y pase a guardias pasivas de trabajadores de la Conadep y del Centro Cultural Haroldo Conti, supo AIM.

Según pudo saber AIM, el proyecto fue presentado por el diputado Esteban Paulon quien planteó: “El desmantelamiento de la Conadep y del Centro Cultural Haroldo Conti representa un grave retroceso en la lucha por la verdad y la justicia”.

"La lucha por los derechos humanos es una responsabilidad colectiva que debe permanecer activa para proteger la memoria y promover una sociedad más justa y equitativa. Rechazamos enérgicamente el cierre de la Conadep y del Centro Cultural Haroldo Conti, así como cualquier recorte en la Secretaría de Derechos Humanos, estamos convencidos que la defensa de la memoria y los derechos humanos debe ser una prioridad innegociable", fundamentó el legislador miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.

El Centro Cultural Haroldo Conti difunde y promueve la cultura, la educación y los derechos humanos a través de actividades que abarcan cine, música, teatro, danza, literatura y artes visuales, preservando la memoria y educando a las nuevas generaciones sobre los derechos humanos y la importancia de la justicia social.

En tanto, el Archivo Nacional de la Memoria constituye una herramienta esencial para la investigación y documentación de las víctimas del terrorismo de Estado, contiene información vital sobre los legajos de la Conadep y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos (Redefa), y sirve como base de datos para futuras investigaciones y procesos judiciales.

"Es necesario garantizar la continuidad de estos trabajadores que desempeñan un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos y en la investigación de las violaciones cometidas durante los oscuros períodos de nuestra historia, su continuidad es crucial para asegurar que las atrocidades cometidas no sean olvidadas y para mantener un registro actualizado y accesible de las víctimas y sus historias", finalizó Paulon.

Qué pasó

Poco a poco, el Gobierno nacional lleva a cabo el desmantelamiento de la ex Esma. El 31 de diciembre, a las 14, la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, encabezada por Alberto Baños, envió dos mensajes por WhatsApp. En uno comunicaba el cierre del Conti para llevar a cabo una “reestructuración”. En otro decía que quienes estaban contratados bajo el ente cooperador Acara y que no habían aceptado el retiro voluntario no deberían presentarse a sus puestos de trabajo porque no podrían ingresar.

El Conti, después de 16 años de actividad, amaneció cerrado. Hubo preocupación porque el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –que, entre otros fondos, custodia la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)--, también. Sin embargo, después de un rato, el ANM abrió sus puertas.

La tensión se trasladó hacia la sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Para entonces ya circulaba un listado con más de 1000 “bajas” de todo el Ministerio de Justicia. Cerca de las 10.25, los trabajadores lograron traspasar la puerta y llegar al hall central.

Baños llegó hace casi un año a la ex Esma. Lo llevó su amigo Mariano Cúneo Libarona. Venía con un antecedente poco promisorio en materia de derechos humanos: la no investigación de la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan. En estos casi doce meses, Baños no logró completar el organigrama de la Secretaría. Un subsecretario renunció en medio de una situación escandalosa. Según remarcan los trabajadores, el secretario no conoce el Conti, el ANM ni la mayoría de los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, estuvo en la asamblea. “Estamos discutiendo la identidad de nuestro pueblo, no solo puestos de trabajo. Por eso, compañeros y compañeras, de acá salimos con una victoria”, agitó antes de convocar a la Plaza de Mayo para marchar con las Madres.

Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos el panorama que se iba trazando era de destrucción. En las exposiciones se habló de cómo los sitios de memoria fueron perdiendo su personal: algunos se quedaron con la mitad de los trabajadores que tenían a principios de 2024; otros terminaron vaciados. Se dijo que Virrey Cevallos –el espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de la Fuerza Aérea– ya no tendrá quien pueda abrir sus puertas.

Hay áreas que fueron especialmente golpeadas: el centro cultural Conti –que sufrió todas las olas de despidos y ahora actualmente espera que Baños decida sobre su programación y reapertura–, el Archivo Nacional de la Memoria y, en particular, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) –que perdió a su coordinadora y a trabajadores altamanente calificados.

Con información de Página 12.