Durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei, los índices de pobreza muestran una tendencia preocupante. Las políticas de ajuste y reforma generan un fuerte debate sobre su impacto en los sectores más vulnerables.

Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei ha impulsado una serie de reformas económicas bajo el lema de "ordenar las cuentas públicas". Estas medidas, que incluyen la reducción del gasto estatal, la eliminación de subsidios y una reforma laboral orientada a flexibilizar las condiciones de empleo, han despertado inquietudes respecto a su impacto en los sectores más vulnerables.

Los primeros informes del año 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), revelan que la pobreza afecta a más del cuarenta y dos por ciento de la población, mientras que la indigencia alcanza el nueve por ciento. Aunque estas cifras no representan un aumento dramático respecto al cierre del 2023, los especialistas advierten que las políticas en curso podrían profundizar la crisis social si no se implementan mecanismos de contención adecuados.

Uno de los puntos más controvertidos de la gestión ha sido la eliminación de los subsidios al transporte y la energía. Si bien el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para equilibrar el déficit fiscal, su implementación ha generado un fuerte impacto en los costos de vida. Según estudios de organizaciones sociales, las familias de menores ingresos destinan hasta el sesenta por ciento de sus ingresos a cubrir servicios básicos, situación que limita su acceso a otros bienes esenciales como alimentos o medicamentos.

Por su parte, el Ministerio de Economía asegura que estas políticas forman parte de un plan integral que buscará reactivar la economía a través de la inversión privada y la apertura de mercados. Sin embargo, el tejido social parece cada vez más frágil. En las provincias del norte argentino, históricamente relegadas, los índices de pobreza superan el sesenta por ciento, lo que ha generado protestas y demandas al gobierno nacional para que implemente políticas específicas para las economías regionales.

En tanto, desde sectores de la oposición y organizaciones no gubernamentales se critica la falta de un plan efectivo de asistencia social que acompañe las reformas económicas. A su vez, cuestionan el impacto de las políticas laborales impulsadas por el oficialismo, que, según denuncian, podrían precarizar aún más las condiciones de trabajo de millones de argentinos.

En este contexto, el futuro inmediato de la pobreza en Argentina dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar sus reformas estructurales con políticas que ofrezcan protección a los sectores más afectados. La promesa de Milei de “hacer lo que nadie se animó a hacer” enfrenta la prueba de la realidad, donde la urgencia social no puede esperar a los beneficios de un modelo económico que, según sus propios defensores, requiere tiempo para dar resultados.

Los próximos meses serán clave para evaluar si el rumbo adoptado puede reducir las brechas sociales o si, por el contrario, acentúa la desigualdad en un país que ya enfrenta enormes desafíos.

De la Redacción de AIM