Diputados retomó este martes el debate en comisión sobre el proyecto del Gobierno de Javier Milei que impulsa un nuevo régimen penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, pese a las críticas de la oposición y de especialistas. Además, continuó la discusión sobre proyectos de reforma laboral.

La Comisión de Legislación del Trabajo, presidido por el radical Martín Tetaz, volvió a reunirse luego del intento fallido de la semana pasada cuando diputados de UP y el Frente de Izquierda se retiraron denunciando un "circo" debido a la propuesta del economista de poner en discusión 28 proyectos de ley, de los cuales uno solo era de UP y el resto del PRO, Coalición Cívica y la UCR. Ninguno enfocado en el desempleo sino en intervenir el actual funcionamiento de los sindicatos.

Entre los proyectos más polémicos, se encuentran el que propone poner límites a las reelecciones de los secretarios generales y la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias sindicales, cortando así una de las principales fuentes de financiamiento de los sindicatos, debilitando su capacidad de negociación ante los empresarios.

Durante el encuentro de este martes, los autores de las iniciativas puestas a consideración dieron a conocer los pormenores de las modificaciones que proponen implementar sobre las leyes de empleo, de convenciones colectivas de trabajo y de sindicatos, mientras que el resto de los legisladores expusieron sus observaciones al respecto. El jueves 29 comenzarán las reuniones informativas con invitados.

El primero expositor fue el radical Fabio Quetglas, quien propuso siete modificaciones al marco normativo de la Ley de Asociación Sindical: la limitación de mandatos de dirigentes sindicales, las declaraciones juradas de dirigentes sindicales, la eliminación de cuotas solidarias obligatorias, la publicación obligatoria de informes financieros, la auditoría por la Auditoría General de la Nación (AGN); paridad de género, y mayor participación y control de los afiliados.

Según dijo, las modificaciones “dialogan con la legitimidad de la organización colectiva, la autonomía frente a otros poderes y la adecuación de los marcos de organización a los estándares tecnológicos” y “pretenden ser un aporte a un necesario y nuevo marco que jerarquice la organización sindical, que las libre de la desconfianza que hoy pesa sobre la misma”

Quetglas señaló que el objetivo de estos cambios radica en la necesidad de “generar empleo” en lugar de “construir poderes paralelos que muchas veces se vuelven extorsivos”, en clara referencia al DNU que le otorgó 100.000 millones de pesos a la Side de Milei.

Quien también presentó su propuesta fue la diputada Silvana Ginocchio (Unión por la Patria), para modificar la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, para introducir la perspectiva de género con la inclusión del cupo femenino en la representación sindical.

A su turno, el diputado Fernando Iglesias también hizo alusión a su proyecto, presentado originalmente en 2008, no sin antes retrotraerse en el tiempo para hablar del retorno de la democracia en 1983, cuando durante aquella campaña electoral los dos candidatos se diferenciaban, según dijo, entre el que estaba respaldado por sindicatos y proponía una amnistía a represores (Ítalo Luder del PJ) y otro que no tenía estructura sindical y proponía juzgar los delitos (Raúl Alfonsín de la UCR).

“Hubo un gran conflicto con la Ley Mucci, que promovía romper el Pacto Militar-Sindical, una ley derrotada por dos votos”, señaló, y recordó que eso terminó con “un sindicalismo que no representa a los trabajadores; representa a sus propios dirigentes y a un partido, el peronista”.

Respecto a su proyecto dijo que unifica el tema sindical con el deportivo. “Hay mecanismos institucionales republicanos que todos tenemos que respetar. Tiene el Estado derecho a no reconocerles la personería gremial sino se adecuan a las normas”, y puso como ejemplo su convicción respecto a que las elecciones sindicales tienen que ser períodos libres verificados y convalidados por la justicia nacional electoral. “Tiene que cumplirse el principio ‘un hombre un voto’. El secretario general de la CGT tendría que ser elegido por el voto de los afiliados a los gremios”.

La economista y diputada de UP Juliana Strada cruzó a Iglesias por sus palabras sobre el Pacto Sindical-Militar y lo contrapuso con la visita de diputados libertarios a los represores de la última dictadura. “La doble vara no los favorece”, sostuvo. Luego, también habló de la propuesta de Ginocchio: “Vengo escuchando que la cuestión de género es como la sal y la pimienta que se le pone a la ensalada para condimentar un poquito”.

Por otro lado, respaldó el pago de las contribuciones solidarias al aclarar que “está avalado por el Comité de Llibertad Sindical de la OIT el pago obligatorio de una suma de dinero de los afiliados”. Y concluyó: “Los sindicatos son la valla de contención para que avancen en materia de redistribución regresiva de los ingresos. Despatrimonializar a los sindicatos, eso es el plan. Todas las exigencias de transparencia son para los sindicatos y no a los demás”.

En tanto que Marcela Campagnoli afirmó que con las propuestas puestas a consideración “se busca jerarquizar el rol de los sindicatos, no desprestigiarlos”. Y respecto a su proyecto, dijo, tiene como objeto modificar los requisitos para integrar los órganos directivos de las organizaciones sindicales. Y adelantó que se establecerá como requisito para un dirigente sindical que vaya a integrar una comisión directiva “no haber integrado hasta 24 meses anteriores a la elección cualquier la AFA, la FIFA, la Conmebol y/o organizaciones de fútbol de Primera División o Nacional B”.

Por último, la diputada del PRO, Silvana Giudici, adelantó que su proyecto busca defender a los trabajadores para que puedan acceder libremente a toda la información de los sindicatos, a través de un proceso similar al de la Ley de Información Pública. Y su colega de bloque, la exgobernadora María Eugenia Vidal, presentó dos propuestas que, según dijo, “impulsamos siendo gobierno”. Una es la prohibición de la reelección indefinida y la presentación de declaraciones juradas públicas y patrimoniales.

Diputados retomó debate sobre la baja de edad de imputabilidad

En tanto que, en paralelo, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, los legisladores mantuvieron la tercera reunión sobre uno de los temas de mayor relevancia para el Poder Ejecutivo en materia de seguridad. La discusión de la jornada giró en torno a la propuesta del Gobierno de poner en marcha un nuevo régimen penal juvenil que sea aplicable para adolescentes de entre 13 y 18 años. Los especialistas invitados plantearon sus discrepancias respecto a la edad mínima y propusieron que sea a partir de los 14 años.

El primero en exponer su proyecto fue el diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Ricardo López Murphy, quien advirtió que, según la Convención de los Derechos del Niño 1989, los menores de 16 años “no son punibles”. Sin embargo, remarcó que actualmente “el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”.

“El Estado no cuida a los menores y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”, denunció y adelantó que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.

Diego Santilli, diputado del PRO, continuó con la discusión al cuestionar que “sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Y enumeró una serie de cifras sobre delitos en la Provincia: “Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33 por ciento; y hubo un 18.6 por ciento más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

“El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, continuó Santilli, que también explicó: “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”. Respecto a las penas, el legislador amarillo propuso que se contemple “una máxima de diez años”. Aunque puso una salvedad: “Salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.

La diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli aseguró que “no alcanza con la baja de imputabilidad” porque “los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores” y agregó: “No quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”.

En tanto que Roxana Reyes, diputada de la UCR y presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, brindó detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”.

Actualmente, el régimen penal juvenil vigente abarca a adolescentes de entre 16 y 17 años. Para Reyes, la falta de una normativa más amplia en cuanto a la edad de los menores “afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”. De todas maneras, la legisladora radical remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años” porque los menores son “inimputables” y “el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”.

Además, dijo que si se plantea imponer penas a adolescentes menores de 14 años como propone el oficialismo “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser condenados nuevamente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.

De parte de los expositores estuvo presente el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, quien sugirió que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el Centro de Atención y Derivación”.

“Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”, dijo y aportó cifras: “El 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5 por ciento ya ha ingresado hasta diez veces y el 60 por ciento vive en otra jurisdicción”.

Luego habló la jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, María Noel Costa. “Esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”, dijo en primero lugar y luego, al hablar en particular, añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche. No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”, cargó.

María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, criticó la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años al señalar que apenas “el uno por ciento de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”. Y aclaró: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”.

Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”.

Sobre el cierre del plenario, la titular de la Comisión de Seguridad Interior, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.