La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos por unanimidad, con 237 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones. También se dio media sanción a la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales y al reintegro impositivo para la adquisición de taxis, supo AIM.

Respecto al texto, impulsado por Sergio Massa, logró el acompañamiento de opositores en su presentación, deberá ser ahora tratado en el Senado para su aprobación definitiva.

El interbloque Juntos por el Cambio había llegado a la sesión con un dictamen de minoría, pero producto de negociaciones que se terminaron de cerrar mientras se debatía la iniciativa, se realizaron modificaciones al despacho de mayoría suscripto por el oficialismo para lograr un mayor apoyo. Previamente, el Frente de Todos consultó sobre los cambios al Ministerio de Economía.

A partir de la nueva redacción, los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, como establecía el proyecto originalmente, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social, se explicó- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total. Este punto, que fue propuesto por Santoro, va en línea con lo que proponía el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.

La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el Amba y el 61% en el resto de las provincias.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.

El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, estaba previsto en 2 veces y pasó a 2,5, aunque en este punto Juntos por el Cambio la quería llevar a 3,8. Asimismo, para nuevos profesionales en vez de elevarse en 2,5 veces la ganancia no imponible, se determinó en 3.

Financiamiento a las industrias culturales

La Cámara de Diputados dio media sanción en la sesión de este miércoles al proyecto que propone prorrogar por 50 años las asignaciones específicas, de distintos tributos, destinadas al financiamiento de las industrias culturales con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones.

La iniciativa, que fue motorizada por el Frente de Todos, en la votación en particular -durante la que no se aceptaron modificaciones- terminó con 132 votos afirmativos, 29 negativos y 63 abstenciones.

Durante el debate en comisión, encabezados por Luciano Laspina, legisladores del Pro y la UCR habían firmado un dictamen de minoría para que la prórroga sea por dos años, al tiempo que establecían una serie de criterios sobre la distribución de los fondos otorgados a las distintas instituciones y organismos. A la hora de la votación, el interbloque -a excepción de dos de sus miembros que votaron en contra- optaron por la abstención.

El oficialismo contó con el acompañamiento del interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas, la izquierda, el bloque SER y el Movimiento Popular Neuquino.

Los votos en contra fueron de José Luis Espert, Carolina Píparo (Avanza Libertad); Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); Fernando Iglesias y Francisco Sánchez (Pro).

Reintegro impositivo para la adquisición de autos para el servicio de taxis

La Cámara baja aprobó por 216 positivos, 3 negativos y 0 abstenciones un proyecto sobre reintegro impositivo para la adquisición de autos para el servicio de taxis.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.

El proyecto aprobado fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.