La Cámara de Diputados dio media sanción hoy al proyecto de Ley que introduce cambios en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, registró AIM. La oposición cuestionó la iniciativa. El texto pasó al Senado en revisión.

Sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el Frente Creer Entre Ríos logró los votos necesarios para actualizar el Consejo de la Magistratura.

El debate en el hemiciclo lo abrió el presidente de la Cámara, Ángel Giano, quien aseguró que “la maduración institucional, democrática, participativa y plural requiere que perfeccionemos nuestros organismo, es decir, tenemos que tener el mejor proceso de selección de magistrados y magistradas y funcionarios y funcionarias”. En ese sentido, dijo que “toda institución puede y deber ser revisada, más cuando pasaron muchos años”, y reforzó su posición al subrayar: “Si se advierten fallas y fisuras hay que recoger tipos de experiencias y propuestas para mejorarlo”.

Particularmente, sobre la integración, Giano defendió la presencia de universidades entrerrianas, ya que indicó que se garantiza pertenencia y distribución geográfica y, además, valió a docentes locales, “quienes tienen excelencia y todas las cualidades como los de cualquier otra provincia del país”. En ese marco, detalló que se plantea “que de los tres integrantes que establece la legislación actual dos representen a la universidad pública entrerriana y uno sea en alternancia entre la UCA y la UCU”.

Por otro lado, Giano defendió la forma de selección de los integrantes que representan a la sociedad civil: “Cuando hablamos de las organizaciones sociales, ahí claramente se expresa la voluntad del gobernador Jorge Busti y luego de los constituyentes del 2008 de la participación de la comunidad (organizaciones de derechos humanos) en forma directa para seleccionar a las personas para integrar el Poder Judicial, porque el impulso tiene que ver con nuestra comunidad”.

Al respecto, Giano argumentó que el cambio implica un Registro de organizaciones “que lo llevará el Consejo de la Magistratura a través de la secretaría, pero, además, que se ocupe de la convocatoria, es decir, se establece ‘cómo y quién las elige’, ya que hoy las dos organizaciones que la integran (FAA y Consejo Empresario) no cumplen los objetivos de defensa de los derechos humanos, la república y la democracia”.

“Es necesario y urgente tener mayor transparencia en el proceso de selección”, destacó Giano, quien criticó a la oposición por hacer política con la reforma de la norma.

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, Juan Pablo Cosso, detalló los cambios que democratizan el acceso a la información; introducen reformas en la forma de selección e integración; se amplía la forma de impugnación; se incorpora al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que podrán ser parte del proceso; y se cambia el desarrollo de la prueba de oposición, que tiene que ver con el banco de casos que reemplaza el existente sistema de examen anónimo”.

Además, acentuó que la nueva norma dará “celeridad del proceso, que implica una etapa de revisión directa por parte del STJ, por lo que se prevé una impugnación ante el Consejo y una vez resuelto (se agota la vía administrativa) se puede recurrir al STJ y éste tiene un plazo perentorio de 30 días para definir”.

Vitor: “Propiciaremos la derogación de la norma”
En tanto, el diputado Esteban Vitor (PRO) criticó la iniciativa, ya que dijo que se degrada la institución: “Este no es el camino a la democratización de la justicia, sino que será un retroceso a todo lo ganado hasta ahora”.

“Son innumerables las observaciones, pero hay cuestiones centrales”, dijo el abogado, quien enumeró que la reforma altera el equilibrio de estamentos; se apela a un sistema de evaluación netamente memorístico (con el banco de casos), que beneficiará a quien tenga más memoria y pretende disciplinar a los postulantes”, dijo el abogado.

Por otro lado, impugnó la participación del STJ en el proceso de selección, “que ahora participará antes, durante y después de los concursos”, siendo que los integrantes de ese Cuerpo son los únicos que no acceden a sus cargos sin concursos, sino por el gobernador de la provincia con acuerdo del Senado con mayoría simple.

Además, consideró que la selección de jueces podría beneficiar a Bordet y sus funcionarios: “Al finalizar el mandato, el gobernador Gustavo Bordet habrá nombrado cinco de los integrantes del STJ”.

Ante ese escenario, Vitor dijo que Juntos por el Cambio asume “el compromiso que, si somos gobierno en el 2023, propiciaremos la derogación de esta norma”.