Un proyecto de pedido de informes ingresará en la próxima sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos para conocer los alcances de la reforma curricular que analiza el Consejo General de Educación (CGE) para las escuelas secundarias de jóvenes y adultos. La iniciativa, impulsada por el diputado Enrique Cresto y acompañada por otros legisladores de la oposición, busca determinar si habrá reducción de horas cátedra, supresión de cargos, cierre de establecimientos o modificaciones que afecten las trayectorias educativas y la estabilidad laboral docente, confirmó AIM.

La posible reforma del diseño curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA y ESA) llegará a la Cámara de Diputados de Entre Ríos mediante un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial. El proyecto ingresará en la próxima sesión legislativa y plantea una serie de interrogantes sobre las consecuencias pedagógicas, institucionales, presupuestarias y laborales de los cambios que analiza el CGE.

La iniciativa es autoría del diputado Enrique Cresto y cuenta con el acompañamiento de Ávila, Laura Stratta, Silvina Deccó, Seyler, Andrea Zoff, Arrozogaray, Moreno y Castrillón.

El pedido, formulado en el marco de las atribuciones establecidas por el artículo 117 de la Constitución provincial, exige información sobre el estado administrativo de la reforma, sus fundamentos normativos, los establecimientos alcanzados y el cronograma previsto para su eventual implementación durante el ciclo lectivo 2027.

Uno de los puntos centrales es conocer si el nuevo diseño curricular implicará reducciones de horas cátedra, supresión de cargos docentes, modificaciones de funciones o cambios en las condiciones laborales de los trabajadores de la modalidad.

En ese sentido, los legisladores solicitan que el CGE detalle la cantidad actual de cargos docentes, directivos, de coordinación y de apoyo, así como las horas cátedra existentes, con datos desagregados por departamento y establecimiento. También requieren una comparación con la estructura prevista para el nuevo diseño.

Asimismo, reclaman precisiones sobre los mecanismos que se adoptarían para garantizar la estabilidad laboral, la continuidad de las cargas horarias y los derechos de docentes titulares, interinos y suplentes.

Preocupación por posibles cierres y reducción de la oferta educativa
Otro aspecto relevante del proyecto apunta a determinar si la reforma contempla cierres de escuelas, fusiones institucionales, transformación de establecimientos en anexos, reducción de cursos o modificaciones de sedes y turnos.

En caso de que existan decisiones en ese sentido, el Ejecutivo deberá identificar los establecimientos involucrados, los fundamentos de cada medida, la matrícula afectada y las alternativas educativas que se ofrecerían a los estudiantes.

El pedido también requiere información sobre las decisiones de reorganización institucional adoptadas durante 2025 y 2026.

Los diputados advierten, en los fundamentos de la iniciativa, sobre las consecuencias que podría tener una reducción de las oportunidades educativas para quienes necesitan compatibilizar sus estudios con el trabajo y las responsabilidades familiares.

"Cercenar ese derecho mediante el cierre de espacios, la reducción de oportunidades o barreras que hagan imposible sostener el cursado significaría volver a excluir a quienes buscan superar una desigualdad previa", sostiene el texto.

En esa línea, señala que "la pérdida de una escuela, un turno accesible o un acompañamiento docente puede convertir una posibilidad concreta de estudiar en una promesa inalcanzable".

Reclaman conocer si la reforma responde a una exigencia nacional
El proyecto también busca establecer cuáles son los fundamentos pedagógicos y normativos de la propuesta y si las modificaciones responden a disposiciones nacionales obligatorias o a decisiones adoptadas por las autoridades educativas de Entre Ríos.

Para ello, solicita un cuadro comparativo entre el diseño curricular vigente y el proyectado, que incluya duración de los estudios, organización anual o modular, contenidos, orientaciones, carga horaria, evaluación, acreditación y requisitos de egreso.

Además, requiere conocer si existe una exigencia nacional para implementar la reforma y, en ese caso, que se remita la documentación correspondiente.

La iniciativa recuerda que la Ley de Educación Nacional 26.206 reconoce la especificidad de la educación de jóvenes y adultos y contempla modalidades flexibles de organización pedagógica.

Sin embargo, advierte que cualquier modificación debe evaluarse a partir de sus consecuencias concretas sobre el acceso, la calidad educativa, la continuidad de las trayectorias y los derechos laborales.

"Una reforma debe ampliar oportunidades y contar con recursos suficientes", expresan los fundamentos.

El presupuesto y los posibles ahorros, bajo la lupa
Los legisladores también solicitan información presupuestaria sobre los recursos destinados a la modalidad durante 2025 y 2026, así como las previsiones para 2027.

El requerimiento comprende partidas para personal, infraestructura, equipamiento, materiales educativos y acompañamiento de las trayectorias escolares.

Uno de los interrogantes apunta específicamente a determinar si el Gobierno provincial contempla obtener ahorros presupuestarios mediante la reforma curricular.

En ese caso, el Ejecutivo deberá informar el monto estimado y los conceptos sobre los cuales se producirían las eventuales reducciones.

"La educación no tiene edad: garantizar una nueva oportunidad es una responsabilidad pública que no puede quedar subordinada a una meta de ahorro", sostienen los autores del proyecto.

El reclamo de Agmer y la participación docente
El pedido de informes se presenta en un contexto de preocupación expresada por comunidades educativas de las escuelas secundarias de adultos y por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

En sus fundamentos, la iniciativa recuerda que el sindicato reclamó, mediante un comunicado del 14 de septiembre, participación en la discusión y garantías frente a posibles reducciones de horas cátedra.

También menciona la reunión realizada el 6 de octubre entre representantes gremiales y autoridades de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos.

Según la comunicación sindical citada en el proyecto, durante ese encuentro las autoridades informaron que la propuesta todavía se encontraba en etapa de borradores y anunciaron futuras instancias de trabajo.

Por ese motivo, los diputados solicitan conocer los compromisos asumidos en aquella reunión, las instancias de participación previstas para docentes, estudiantes, directivos, supervisores y organizaciones sindicales, y si se constituirá una comisión multipartita de seguimiento.

El derecho a terminar la escuela secundaria
En los fundamentos, los autores destacan la función social que cumple la educación secundaria de jóvenes y adultos, especialmente entre quienes debieron abandonar sus estudios por dificultades económicas, responsabilidades familiares o incorporación temprana al mercado laboral.

"La educación de jóvenes y adultos permite retomar un proyecto de vida a quienes no pudieron completar sus estudios en la edad prevista", expresa el documento.

Y agrega: "Detrás de cada estudiante hay una historia: trabajo desde temprana edad, dificultades económicas, tareas de cuidado o circunstancias familiares que interrumpieron su escolaridad. Volver a estudiar requiere esfuerzo y una decisión que el Estado debe acompañar con oportunidades reales".

En ese marco, el proyecto señala que terminar la secundaria "significa mucho más que obtener un título", porque amplía las posibilidades de acceder al empleo, mejorar las condiciones laborales y continuar estudios superiores.

También plantea la necesidad de garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes que trabajan, tienen personas a cargo, residen en zonas rurales o presentan alguna discapacidad.

Por último, los legisladores aclaran que el pedido no parte de considerar confirmada una reducción generalizada de horas o el cierre de establecimientos.

"No se presume aquí que exista un cierre general de escuelas ni una reducción de horas aprobada. Se requiere información verificable sobre la propuesta, su presupuesto y sus consecuencias, en ejercicio del control legislativo", precisa el texto.

De esta manera, el proyecto busca que el Gobierno de Rogelio Frigerio dé a conocer el contenido de la reforma antes de avanzar con decisiones que puedan modificar el funcionamiento de las escuelas secundarias de adultos, las condiciones de trabajo de sus docentes y las posibilidades de miles de entrerrianos de completar sus estudios.