Es por las fallas en la custodia a la vicepresidenta Cristina Kirchner; los legisladores le atribuyen mal desempeño en sus funciones por los descuidos en el operativo de los agentes de seguridad en el momento del ataque

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por Mónica Frade, presentó este jueves un proyecto de pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por mal desempeño en sus funciones tras el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Acompañaron con su firma los diputados del bloque Pro Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y Gustavo Hein.

“El mal desempeño del ministro es inocultable e ineludible. Quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación y, como corolario, quien no puede controlar la eventual impericia del personal a su cargo, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de la nación argentina”, enfatizó la diputada Frade.

En los fundamentos, los legisladores resaltaron que "quien no está en condiciones de garantizar la integridad física de las máximas autoridades de la Nación, mal puede garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro país”.

Además, en la presentación, los diputados de la Coalición Cívica instaron a realizar "un riguroso análisis y valoración de las acciones, omisiones y negligencias configuradas" por el ministro, "en relación con el fracasado atentado que tuvo por blanco móvil" a la vicepresidenta.

Además, los legisladores advirtieron en el texto del proyecto que las fuerzas de seguridad federales, que eran los responsables exclusivos de la custodia de la vicepresidenta tras la decisión del juez Roberto Gallardo –quien desplazó de esa función a la policía porteña-, no sólo fallaron en el operativo de seguridad sino que, además, incumplieron en la protección de las pruebas que comprometían al agresor, Fernando Sabaj Montiel.

“El atentado se produjo en medio de la multitud, momento en el que el agresor, sin obstáculo alguno, empuñó un arma cargada contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, lo que desencadena inmediatamente un entrevero con los militantes testigos del hecho –relatan los diputados-. Los movimientos concomitantes a eso muestran a Cristina Kirchner—y a su custodia toda— sin registro de la tentativa de homicidio y la gresca posterior. No existió intervención alguna de efectivos de seguridad”.

En tanto, explican: “Se observó una muchedumbre rodeando a la vicepresidente y a su vehículo, ausencia de uniformados de la Policía Federal, ausencia de ´adelantados´ o custodios civiles. No se activó el protocolo previsto para ese tipo de hipótesis”.

“Con la llegada de la vicepresidenta (a su domicilio) correspondía adecuar una ‘formación diamante’ (cobertura de 360 grados), que la fuera acompañando en su desplazamiento. Producida la agresión, el jefe de la custodia —ausente— debía ordenar la inmediata evacuación, con el ulterior traslado de la víctima en ‘formación diamante’ para llevarla a un sitio seguro previamente acordado”.

“Este protocolo fue íntegramente ignorado: la vicepresidente no estaba rodeada del modo técnicamente procedente; por el contrario, pudo observarse integrantes de esa comitiva de seguridad alejados del objetivo y —producido el episodio— no se evacuó el lugar; lejos de esto, la firma de libros y la exposición corporal (de Cristina Kirchner) se prolongaron”, indicaron.

“No fue por obra del accionar de la custodia federal lo que impidió un desenlace trágico, sino la falta de expertise del agresor, quien tuvo a su alcance inmejorables condiciones para concretar su acción”, advirtieron.

Como conclusión, los legisladores sostienen que Fernández exhibió “falta de aptitud para el ejercicio del cargo, falta de idoneidad moral o técnica, insolvencia o negligencia en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que ocupa”, fundamentos que, a su juicio, lo hacen merecedor de un juicio político en el Congreso.