La Cámara Baja tendrá reunión de comisión esta semana. Los diputados abordarán el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se busca reformar el Consejo de la Magistratura. Los sindicatos del Poder Judicial siguen de cerca el tratamiento de la iniciativa, indicaron a AIM.
Luego del receso administrativo, la Cámara de Diputados reinicia su agenda con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. En el encuentro, que se realizará el miércoles, a las 10, en el Salón de los Pasos Perdidos, los legisladores escucharán la postura del presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazzon; de representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (Caer); y de Alejandro Canepa, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.
Desde la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) siguen atentamente el tratamiento del texto en la Legislatura, ya que tienen dudas sobre la nueva reforma que impulsó el Ejecutivo.
De qué se trata la reforma
La iniciativa tiene dos ejes: “Pretende brindar una adecuada respuesta a la situación y necesidades hoy existentes, aportando celeridad a los concursos, para regularizar definitivamente la cobertura de cargos vacantes; y aspira a trascender en el tiempo, para que una vez cubiertas las vacantes hoy existentes o simultáneamente con esa labor, se realicen concursos anticipados para futuras vacantes, garantizando la mayor agilidad posible en la designación de magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos, elevando al máximo el estándar de seguridad jurídica y transparencia en su designación”.
En ese marco, se busca subsanar las inconvenientes generados por la última reforma al Consejo, que generó grandes demoras en los concursos, según argumento el Ejecutivo en el fundamento del proyecto, ya que el procedimiento previsto para el desarrollo de la prueba de oposición denominado Banco de Casos, “resulta de una complejidad tal para la prosecución de los concursos convocados que, al no contar con los suficientes casos establecidos en la Ley por materia, cargo y especialidad, y con la cantidad de 100 como mínimo para cada caso, no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma”.