El dictamen impulsado por el oficialismo y bloques aliados podría ampliar el acceso a pensiones para unas 200.000 personas con discapacidad, con un gasto adicional estimado en casi 599.000 millones de pesos durante 2027 y 1,2 billones en 2028. Sin embargo, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), al que tuvo acceso AIM, deja un punto central sin cuantificar: los recursos necesarios para garantizar la cobertura sanitaria de unos 76.000 posibles nuevos usuarios de Incluir Salud. La discusión exige mirar tanto las partidas presupuestarias como la capacidad de hacer efectivos los derechos.

Según pudo saber AIM, el debate sobre las políticas de discapacidad vuelve a colocar el gasto público en primer plano. La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el dictamen de mayoría aprobado en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que propone un régimen permanente en reemplazo de la prórroga de la emergencia vigente hasta fines de 2026.

La iniciativa podría incorporar alrededor de 200.000 nuevos titulares de pensiones. Esa cifra expresa la dimensión social del debate: detrás de la estimación presupuestaria hay personas que podrían acceder a un ingreso si cumplen los requisitos previstos.

El informe es un análisis fiscal y no una evaluación integral de las necesidades del sector. Por eso, sus resultados permiten dimensionar recursos, pero no alcanzan por sí solos para determinar si la propuesta garantizará prestaciones suficientes y oportunas, supo AIM.

Dos cifras que requieren contexto

La OPC proyectó un gasto adicional de 598.912 millones de pesos para 2027, con una incorporación gradual de 16.800 beneficiarios mensuales. El monto equivale al 0,04 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) y representa un aumento del 6,1 por ciento respecto del gasto previsto para pensiones no contributivas en el proyecto de Presupuesto.

Para 2028, si todos los nuevos titulares percibieran la prestación durante los doce meses, el costo ascendería a 1.209.567 millones de pesos, equivalente al 0,07 por ciento del PBI.

Presentar únicamente la cifra de 1,2 billones de pesos puede desdibujar esa diferencia. Los escenarios contemplan períodos distintos de cobertura: uno calcula altas progresivas y el otro, un año completo de prestaciones para todo el nuevo padrón.

También importa la relación con los recursos previstos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de 3,66 billones de pesos para mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones. La incorporación gradual absorbería el 16,4 por ciento de esa partida. Esto identifica una posible fuente de financiamiento, aunque su existencia no garantiza que los fondos sean asignados y ejecutados.

La atención sanitaria, una cuenta abierta

Uno de los puntos más sensibles es la posible incorporación de unas 76.000 personas a Incluir Salud. La OPC no pudo cuantificar ese costo por las diferencias en el uso de prestaciones médicas y la superposición con sistemas provinciales y municipales.

La falta de una estimación no significa que la ampliación carezca de costo. Deja pendiente conocer cuántos recursos serán necesarios y cómo se distribuirán las responsabilidades para sostener la atención.

Ampliar el acceso a una pensión requiere, además, asegurar que la cobertura sanitaria pueda responder a la demanda. Sin esa planificación, el reconocimiento formal de un derecho puede encontrar obstáculos al momento de acceder a una consulta, un tratamiento o una prestación.

Las compensaciones pendientes no son un gasto nuevo

El informe también introduce una distinción relevante respecto de los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas. Las compensaciones contempladas mantienen una obligación de la legislación vigente: no constituyen un nuevo gasto creado por el dictamen.

La OPC recordó una estimación previa de 278.323 millones de pesos por ese concepto, sujeta a verificaciones administrativas. El dato pone sobre la mesa obligaciones pendientes cuya resolución también forma parte de la respuesta que necesita el sector.

El dictamen prevé actualización mensual de aranceles, auditorías y mecanismos de transparencia. Su efectividad dependerá de cómo se implementen: los controles deben acompañarse de procedimientos accesibles, plazos claros y continuidad de las prestaciones.

El Congreso enfrenta así una discusión que no se agota en cuánto cuesta ampliar las pensiones. También debe establecer cómo se financiará la cobertura sanitaria, cuándo se atenderán las obligaciones pendientes y qué garantías tendrán las personas con discapacidad para acceder efectivamente a los derechos reconocidos.