Productores se movilizaron hoy a Paraná para pedir a las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que sostenga la constitucionalidad completa del Decreto que establece las distancias y mecanismos para la aplicación de fitosanitarios cerca de escuelas rurales entrerrianas, registró AIM.

La protesta se concretó frente a Tribunales; pero un grupo concentró en la explanada del Poder Judicial y otro marchó desde el acceso de la ciudad. La acción fue para “dialogar con las autoridades de la justicia, para expresar el malestar que generó el fallo que restringe las aplicaciones de fitosanitarios; contar a los jueces qué es lo que les pasa a los productores ante esta decisión; y se entregó un petitorio”, contó a esta Agencia el vicedirector de Federación Agraria Argentina (FAA) Entre Ríos, Matías Martiarena.

En ese sentido, apuntó que la Justicia “se basó en el principio precautorio –ante la veracidad científica de la inocuidad o no de los productos- pero la realidad es que el ministerio de Salud salió a decir que los casos que existen de dolencias supuestamente vinculadas a estos productos no están comprobadas”.

En ese marco, señaló que además “la medida judicial hace que 300.000 hectáreas estén improductivas, lo que afecta social y económicamente a los pequeños productores –que tienen la actividad como modo de vida- y a las economías de los pueblos del interior”. Al respecto destacó que también la resolución –junto a la ausencia de políticas de Estado- profundiza el desarraigo lo que implica que el éxodo rural aumente.

Para el dirigente “se deben aplicar medidas de cautela, como en Francia (donde hay productos de banda verde que se pueden aplicar a cinco metros de las casas) y, también, se debe ver lo que pasa en otras provincias (como en Córdoba, donde los organismos de control están más presentes), es decir, estos productos bien utilizados no generan mal, porque somos nosotros quienes los aplicamos y no tenemos ninguna de las dolencias”.

En ese sentido, subrayó que las restricciones impuestas por la justicia generaron una pérdida similar a la cosecha de trigo del año pasado, “que no es sólo un problema económico sino que, también, se volvió un problema social con el productor porque en el pueblo se lo ve como enemigo, una grieta que cada vez se ahonda más”.

“Cuando vamos al supermercado nos miran mal y quienes estamos en la dirigencia somos escrachados o nos pintan los autos, como en Gualeguaychú, donde se viene trabajando este tema desde hace más de cuatro años”, contó el referente de FAA.

 

Apelación de ciudadanos entrerrianos al STJ

En el petitorio que se entregó, los productores pidieron al STJ “que sostenga la constitucionalidad completa del Decreto 2239 del Ejecutivo, sin considerar las modificaciones del último fallo de Virgilio Galanti”.

En ese sentido, destacaron que un Poder Judicial que se ocupe de proteger la salud de la población en general y de los niños, en particular, muestra sensibilidad y responsabilidad en el ejercicio de su función, pero apuntaron que “existe suficiente información científica a nivel nacional e internacional para garantizar el cuidado de la salud de toda la población que vive y trabaja en el medio rural, utilizando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de los cultivos”.

Precisamente, se argumentó que el Decreto 2239 “propone la utilización de las BPA porque son el resultado de la investigación científica que garantiza la salud humana y del ambiente, cuando se utilizan los productos fitosanitarios para proteger los cultivos de las plagas y adversidades”.

El fallo de Galanti “no tiene fundamento científico alguno y excede groseramente las distancias de resguardo que son utilizadas en otros países con una agricultura desarrollada y en el resto del país”.  Las distancias “afectan a 3 mil familias que vivimos en el campo y que quedamos sin la posibilidad de trabajar con la tecnología avalada por organismos de ciencia y técnica nacionales. No podemos reemplazar en forma inmediata nuestros sistemas de producción con los que logramos nuestra subsistencia, así como tampoco puede el Estado provincial brindarnos un subsidio que compense nuestro lucro cesante;  lo que incrementa el déficit de las cuentas fiscales”.