Fue realizado por la Sociedad Rural Argentina junto a la Sociedad Rural de Jesús María; en 2021 este impuesto representó casi el 10 por ciento de la recaudación tributaria nacional.

La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a otras entidades del campo en el interior, como la Rural de Jesús María, presentó en la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector.

“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, en una conferencia de prensa.

La entidad ruralista considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación. "Las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista, debe existir la ley que avale ese tributo", disparó Pino.

Según explicó el dirigente, decidieron ir a la Justicia porque tanto desde el Ejecutivo como de los legisladores no tuvieron respuestas ante el planteo de que cese el cobro de este impuesto que se inició el 8 de enero de este año en la asamblea de productores en Armstrong (Santa Fe), que estuvo liderada por la mesa de enlace con productores.

"Charlamos con muchos legisladores a quienes le expresamos nuestro punto de vista. Les pedimos que traten este tema en extraordinarias y no pudo ser. Desde nuestro lugar se lo seguimos pidiendo porque es una obligación asumir su responsabilidad y trabajar en este tema", destacó Pino ante la consulta de Clarín, quien agregó que solamente el amparo fue presentado por dos entidades porque "no todas las entidades tienen capacidades técnicas para hacerlo".

Según argumentaron las entidades, el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en el art. 52 de la Ley de Emergencia Pública dictada en diciembre de 2019 (Ley 27.541) que permite al Presidente de la Nación fijar derechos de exportación.

En una conferencia de prensa donde la entidad anunció la presentación de la estrategia judicial, Nicolás Pino, presidente, dijo: “A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”.

“Nos pareció prudente presentar una acción de amparo que fue presentada en los tribunales federales de Córdoba porque convenimos con la Sociedad Rural de Jesús María y la SRA de poner en valor el federalismo”, agregó.

Esta pelea por las retenciones es clave para el Gobierno ante la falta de dólares y el déficit fiscal que enfrenta. A pesar del recorte productivo consecuencia de la sequía, dada la suba en los precios, las exportaciones de granos y derivados podrían ser de US$ 38.900 millones en la nueva campaña, US$ 1.400 millones más que lo proyectado hace cinco meses. Así lo indicó un nuevo informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Del mismo trabajo se desprende el fuerte impacto que tienen las retenciones para el gobierno. Para 2022, entre los 6 cadenas agroindustriales más importantes, se estima que el año finalizaría con un aporte en retenciones cercano a US$ 9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas US$ 200 millones superior. Para destacar, en 2021 las retenciones representaron el 8,8 por ciento de la recaudación tributaria nacional.

Además de Pino, por la SRA en la conferencia estuvieron Marcos Pereda, vicepresidente; Carlos Odriozola, secretario, y Carlos Laplacette, asesor legal. En tanto, por la Rural de Jesús María asistieron Álvaro Gómez Pizarro, vocal, y Eduardo Riera, vicepresidente.

Por su parte, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, otra entidad de la mesa de enlace, apoyó la presentación judicial que realizaron la SRA y la SRJM. "Coincidimos en todas acciones que demuestren nuestra convicción, de que las retenciones son nocivas para la producción. Y si en este caso hay un fundamento jurídico que lo sustente, nosotros lo apoyamos", analizó.