En un contexto de ajuste económico y conflictos sociales, el gobierno busca consolidar su gestión mientras la oposición redefine su estrategia. La relación con las provincias, el rol del Congreso y la puja con los sindicatos marcan la agenda política de 2025.

El gobierno avanza con su plan de reordenamiento económico en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo. Mientras el oficialismo sostiene que la estabilización es necesaria para el crecimiento futuro, sectores sociales y sindicales advierten sobre el impacto del ajuste y la urgencia de medidas que protejan a los más vulnerables.

El debate en Argentina gira en torno a la orientación del modelo económico. La administración actual sostiene que el reordenamiento fiscal y la apertura de mercados son el camino para recuperar la estabilidad y atraer inversiones. Sin embargo, el costo social de este proceso es cada vez más evidente: la inflación golpea los ingresos, el desempleo crece y la pobreza alcanza niveles alarmantes.

Desde el gobierno, aseguran que las medidas adoptadas buscan "corregir distorsiones" y que los resultados positivos se verán en el mediano plazo. Sin embargo, economistas y organizaciones sociales alertan que la falta de una política activa de contención social profundiza las desigualdades y pone en riesgo la paz social. Según datos recientes, el consumo cayó en sectores clave, y el poder adquisitivo del salario se encuentra en su nivel más bajo en años.

La discusión parlamentaria también se ha vuelto central en este escenario. Mientras el oficialismo busca avanzar con reformas estructurales, la oposición y los sindicatos presionan por modificaciones que atenúen el impacto del ajuste. En este contexto, los sectores progresistas plantean la necesidad de un modelo de desarrollo que combine disciplina fiscal con inversión en producción y empleo, en lugar de priorizar el ajuste como única vía de recuperación.

El rol del Estado en la economía vuelve a ser un eje de disputa. Para el gobierno, su intervención debe reducirse al mínimo para permitir que el mercado reasigne recursos de manera eficiente. Por el contrario, desde el sindicalismo y los sectores de la centroizquierda, se insiste en que el Estado debe garantizar derechos básicos, regular el mercado laboral y proteger a los sectores más afectados por la crisis.

A medida que avanzan los meses, el interrogante principal es si el ajuste logrará la estabilidad prometida o si, por el contrario, las tensiones sociales y económicas terminarán por obligar al gobierno a recalibrar su estrategia. Lo cierto es que la Argentina enfrenta uno de los momentos más desafiantes de los últimos años, con un debate abierto sobre el rumbo del país y el papel que debe jugar el Estado en su reconstrucción.

De la Redacción de AIM