Referentes defensores y defensoras de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNyA) de diferentes provincias del país, integrantes de la Mesa de Articulación de Niñez, manifiestan su preocupación ante el posible tratamiento del DNU 70/23, por lo que presentan al Congreso un documento para evitar su avance, adelantaron a AIM.
“Solicitamos fundamentalmente que arbitren todos los mecanismos necesarios para impedir que la vigencia de este decreto impulsado por el Poder Ejecutivo, continúe vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados por el Estado argentino y en detrimento de la calidad de vida cotidiana y la vida misma como bien lo definen los Pactos Internacionales (entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional) y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.061)”, expresan desde la Mesa de Articulación de Niñez en una solicitada a la que accedió AIM.
En ese sentido, detallan los aspectos más generales que impactan en materia de derechos de NNyA por aplicación de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
“Concretamente nos referimos a las prescripciones que incluyen el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 (en adelante DNU), y el modo en que se ven afectados los derechos de las niñeces y adolescencias, a partir de su potencial aplicación en un contexto de grave crisis económica, con un proceso inflacionario que está afectando de manera creciente las economías familiares y, en particular, las economías populares”, agregan.
Por tal motivo, “es importante resaltar que la situación se agrava aún más en un contexto de despidos generalizados que afectan a las familias, incluso dentro del Sistema de Protección de NNyA, donde además, hay carencia de políticas integrales de cuidado, desfinanciamiento generalizado de programas y planes nacionales y su nulo o escaso alcance en las provincias; con la amenaza que implica para los derechos de las niñeces y adolescencias a nivel federal, si continúa el recorte de las pocas políticas nacionales existentes”.
El carácter general de las medidas, “implica una regresión de los derechos de NNyA, en tal sentido, es importante recordar el principio de progresividad consagrado por el derecho internacional, en materia de derechos humanos, según el cual los Estados deben garantizar en forma creciente recursos y reconocimiento de derechos. Este principio de progresividad se complementa con el principio de prohibición de regresividad o irreversibilidad, que dispone que, logrado el avance de los derechos, los Estados no pueden retrotraer, disminuir, ni regresar a un estado anterior el estándar de derechos alcanzado”.
El DNU 70/2023 no sólo no funda la necesidad y urgencia requerida por la Constitución como requisito, sino que, además, regula sobre materia prohibida y excluida de tal mecanismo, y supone una masividad de normas de carácter heterogéneo e inconexo que impide su abordaje sistemático e integrado con el corpus jurídico que rige cada uno de los temas que aborda.
En ese sentido, “llamamos la atención de este cuerpo legislativo al hecho de que el Poder Ejecutivo pretenda modificar más de 300 normas con un decreto lo que implica, en los hechos, arrasar con una institucionalidad construida en base a principios constitucionales y razones históricas cuya modificación amerita un amplio debate, no sólo por parte del arco político que hoy conforma el Congreso, sino que, además, permita la activa participación de la sociedad toda”, denunciaron.
Por ello, y en particular la Convención sobre los Derechos del Niño junto a las normas integrales de protección de la niñez y adolescencia vigentes en nuestro país, exigen la activa participación social en todo el ciclo de las políticas públicas para la efectiva realización de los derechos consagrados. “Eludir estas instancias de participación atenta contra el andamiaje constitucional republicano y federal y debilita el propio sistema democrático. Mientras tanto, en la medida en que demora su tratamiento, el gobierno nacional aplica las políticas anticonstitucionales, prohibitivas y represivas plasmadas en el DNU, hasta tanto no sea rechazado por este cuerpo”.
“Desde nuestro trabajo territorial advertimos cómo el hambre va avanzando con la desnutrición, la mal nutrición y se conjuga con problemáticas de salud gravísimas como el dengue, el COVID-19, y las afecciones bronquiales, y el cáncer, muchas de ellas, producto de las condiciones habitacionales, pero también de la crisis climática, de las actividades extractivistas de empresas multinacionales que contaminan a gran escala nuestros vastos territorios afectando nuestra soberanía”, subrayan.
En igual sentido, “al desregularse la actividad minera, eliminando en buena medida los controles estatales y los mecanismos de transparencia, se ven potencialmente afectados los derechos ambientales de protección internacional y regional, a través del Tratado de Escazú, exponiendo a las niñeces y adolescencias a un ambiente insalubre. Así vemos los efectos que provoca la tala y la quema de bosques y campos, que ha arrasado grandes territorios provinciales; así como los efectos de la expansión del monocultivo de la soja y otros exportables que arrasan la tierra desertificando y agotándola; sumado a la fumigación descontrolada que enferma a las poblaciones fumigadas y mata personas y otras especies animales y vegetales, al tiempo que generan la migraciones a los centro urbanos, donde el desarraigo y las violencias impactan en la vida de niñeces y adolescencias y sus familias”.
Asimismo, “al liberarse el precio de los combustibles, es inevitable el impacto en la suba de los precios del transporte que afectará a todos los NNyA, y muy particularmente a aquellos de zonas rurales que se ven perjudicados por el servicio -de por sí escaso- de transporte para acceder a las escuelas en las zonas rurales”, expresan desde la Mesa.
De igual modo, “la derogación de la ley de tierras impacta en el potencial cercenamiento del acceso al agua potable y recursos hídricos, y amenaza la continuidad y permanencia de las naciones originarias en sus territorios. Resulta gravísima la pretensión regresiva en las normas ambientales que se pretenden modificar. Tanto la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, como la de protección de glaciares, entre otras, constituyen normas fundamentales del sistema ambiental actual, a los fines de proteger bienes ambientales como el agua y la diversidad biológica. Estas modificaciones implicarían la pérdida de bienes naturales no renovables o de una resiliencia que demora muchos años en reconstituirse”.
La derogación, en el Decreto de Necesidad y Urgencia, de la ley 26.737 denominada “Régimen de Protección al dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales” posibilitará el aumento de la extranjerización de nuestras tierras, consolidando los mecanismos de despojo que vienen siendo habituales en los montes y bosques de nuestros territorios, en desmedro del buen vivir de las comunidades de pueblos originarios y de la población en su conjunto. El impacto en la vida de las familias y particularmente de los niños, niñas y adolescentes sin duda generará migraciones forzadas, desarraigo con todas las violencias que conlleva y la pérdida de identidad”.
De igual manera, “el recorte en materia de jubilaciones, a partir de la emergencia provisional allí decretada, no sólo impacta en los hogares con NNyA sustentados por quienes perciben jubilaciones, sino que particularmente afecta a las pensiones no contributivas, destinadas a personas con discapacidad, incluidas NNyA con discapacidad”.
“Sin pretender abarcar todos los puntos sobre los que impacta este DNU en la vida de las infancias y adolescencias, destacamos que resulta de gravedad institucional que este decreto ya se encuentre vigente; aún a pesar de su palmaria inconstitucionalidad, haciendo un llamado a los legisladores y legisladoras a impulsar el cese de sus efectos a la mayor brevedad”, concluye la solicitada.