El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) muestra que, entre 2002 y 2015, los extranjeros detenidos en la Argentina han representado entre el 4,9 y el seis por ciento del total de población carcelaria, demostrando que no hay una relación directa entre migración y delito, aclararon a AIM desde el sector migrante en el país. Sin embargo, el pensamiento del sentido común juega un gran rol electoral en algunos candidatos, quienes proponen la expulsión del otro, ubicando al enemigo a ese que viene de “afuera”, pero no un afuera cualquiera, sino latinoamericano. 

A partir de un documento al que tuvo acceso AIM, el bloque Migrar no es Delito establece que, según los datos existentes, se informa que los detenidos extranjeros constituyen el 0,24 por ciento del total de la población extranjera residente en nuestro país (4.307 extranjeros detenidos en 2015, sobre 1.805.957 extranjeros residiendo en Argentina según el Censo de 2010).

Cabe recordar que es el propio el Gobierno el que se ha encargado de cristalizar ese concepto. “El aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20 por ciento de las personas que están detenidas, condenadas o procesadas”, señaló la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en una entrevista en Radio Mitre a principio de este año, y agregó que la mayor parte de ellos están en prisión por violación a la llamada “ley de drogas”.

Este no es el primer discurso acusatorio del Gobierno, ya que su política antimigratoria fue característica de toda su gestión, sumado al decreto 70/2017, restringiendo la residencia de los extranjeros en el país.

Ya en una campaña electoral, el más categórico fue el candidato presidencial del Frente NOS, José Luís Espert, quien se despachó con un discurso contra los inmigrantes en el debate electoral.

Tratamiento mediático

Al igual que lo observado en monitoreos previos, la Defensoría del Público identificó que la mayor cantidad de noticias con tópico “Migrantes” refiere a hechos internacionales, particularmente a la migración africana y asiática hacia Europa, y a la migración latinoamericana hacia Estados Unidos. Estas migraciones suelen ser retratadas de una manera que victimiza, y constituyen un estereotipo completamente distinto al que se construye sobre las personas migrantes en el ámbito local, en el cual suelen ser criminalizadas.

Por el contrario, en las noticias referidas a los inmigrantes en Argentina, se continúa observando la construcción de estereotipos discriminatorios ligados a la nacionalidad, sobre todo a hechos relacionados con el “narcotráfico” y delitos de otra índole.

Sin embargo, la afirmación sobre el porcentaje señalado es engañosa. Los extranjeros representan un seis por ciento del total de detenidos en el país. Se llega al 20 por ciento si sólo se contabiliza a los detenidos en cárceles federales. En cuanto a la evolución, la proporción de extranjeros detenidos en las cárceles de todo el país no viene creciendo: se mantiene estable desde hace más de diez años.

La construcción del discurso

La detención y pedido de deportación extranjeros que supuestamente delinquen constituye la construcción del discurso perfecto para endurecer aún más la política migratoria por parte de Gobierno.

Hace un año, se llevó a cabo una movilización contra la aprobación en el Congreso Nacional de un presupuesto de ajuste. En ese contexto, se adjudicaron hechos de violencia a extranjeros. “Ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlos”, dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

“Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país”, agregó el en ese entonces jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.

Más de cien años pasaron de la Ley de Residencia, pero “seguimos escuchando que los principales dirigentes del Gobierno nacional y algunos de su supuesta oposición en el Congreso solicitan la expulsión del país de extranjeros en razón de la supuesta “peligrosidad” de sus prácticas”, remarcan a AIM desde Migrar no es delito.

“Peligrosidad” que en ambos casos se fundan en su participación política, a la que presentan como “amenaza” al “orden público”.

En momentos en que la avanzada de la derecha y del fascismo en la región trata de ser frenada, entre otros, por el activismo político transnacional a través de artistas, organismos de derechos humanos y partidos políticos de distintos lugares del mundo que manifiestan su preocupación por lo acontecido en estas geografías, “nuestros mandatarios promueven rápidamente la expulsión del país de extranjeros en función de su presunta actividad política”.

Fue esa participación política la que contribuyó a principios del siglo XX a conquistar muchos de los derechos que el pueblo argentino hoy defiende con dignidad, ante un gobierno dispuesto a todo para terminar de implantar una política de hambre y despojo.

“Los derechos que hoy tiene el pueblo argentino, insistimos, fueron promovidos y conquistados en gran parte gracias al accionar de “extranjeros”. Los mismos que a Ley de Residencia luego expulsó. Los mismos que el gobierno actual y sus secuaces hoy quieren deportar”, remarcan desde la Campaña Nacional Migrar no es delito.

Hace tiempo, “venimos alertando sobre la ola xenófoba y racista promovida por el gobierno y sus medios de desinformación con más fuerza desde Enero de 2017 con la emisión del DNU 70/17 (de política migratoria) y otras iniciativas legislativas de carácter nacional y provinciales”, sentencian a AIM.

Ahora bien, la xenofobia cobra relevancia al tratarse de otro latino o centroamericano. Parecería que el estigma viene automáticamente asociado y cargado en sus valijas al entrar a un país de cobijo. El extranjero es el eje de la discriminación, pero no cualquier extranjero, no aquel blanco europeo, sino el otro estereotipado cuya identidad nacional se vincula a las raíces indígenas.

La construcción del “delincuente”

En 2017, Mauricio Macri sancionó el decreto migratorio  apelando a una falsa emergencia de seguridad donde acusa extranjeros. La medida estableció que cualquier migrante que ingrese al sistema penal está en condiciones de ser deportado.

En ese sentido, el sólo hecho de estar imputado en una causa (no importa si es culpable o inocente) habilita al Gobierno a la deportación. El decreto constituyó un eslabón más del plan contra los inmigrantes en Argentina.

Durante ese mismo año, se crea la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Su responsable es alguien que nadie cita en cada represión: el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Una de las acciones estratégicas que esta fuerza realizará es el armado de causas masivas, es decir, los detenidos serán imputados de delitos que nunca cometieron”, alertó a AIM el referente de los Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz.

“Los armados de causas planificadas son para acusar inocentes – en su mayoría migrantes- en el desarrollo para la construcción de los delincuentes”, agregó.

Es decir que “el Gobierno mediante un ilegal decreto crea los delincuentes por intermedio de una Policía cuya función es secuestrar ciudadanos, imputarlos falsamente ante la Justicia. Así, los inocentes no tienen posibilidad de defensa (fue el objetivo del decreto migratorio) y así de simple lograr la expulsión inmigrantes”.

De la Redacción AIM