El ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas (Mehf) puso en funcionamiento una comisión técnica mixta para realizar “un control y seguimiento exhaustivo del uso de los recursos asignados presupuestariamente y las respectivas erogaciones”, confirmó AIM. 

La comisión elaborará un informe final que será elevado a conocimiento del ministro de Economía, Hugo Ballay, y, posteriormente, al Poder Ejecutivo.  Para eso, Hacienda ordenó “la colaboración plena y total por parte de los funcionarios y empleados de cada organismo o dependencia involucrada con la solicitud de información y documentación que realice a comisión”.

El objetivo del Gobierno provincial “es ejercer la supervisión y control en cuanto al cumplimiento de las metas y  objetivos contenidos en el Presupuesto provincial, en materia de erogaciones de recursos y financiamiento”.

Cabe recordar con la promulgación de la Ley 10599 publicada en el Boletín Oficial del 11 de julio, de adhesión de la provincia a las reformas del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno (Ley 27.428), la provincia no podrá aumentar el gasto público, congelará la planta de personal y deberá cumplir con metas fiscales que serán controladas por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

Precisamente, los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se comprometieron “a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público (en planta permanente, temporaria y contratada) existente al 31 de diciembre de 2017, respecto a la población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) para cada jurisdicción”.

Además, se calcularán “parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y la eficiencia en materia de gasto público”, indicadores que deberán ser aprobados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y su medición deberá ser publicada.

Asimismo, se tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de las jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen el 15 por ciento de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios.