A través del DNU 1083/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso fin a la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 y que venía prorrogándose desde 2009 por distintas leyes y siendo la última vez mediante un decreto que también se derogó con esta medida adoptada.

De esta manera, se dejó sin efecto el DNU 805/21, por el cual el gobierno de Alberto Fernández había extendido la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2025.

“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo uno de la Ley 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo dos de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”, estableció el Poder Ejecutivo.

Desde su perfil de la red social X, el jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, destacó la decisión: “Como vengo advirtiendo desde hace muchos años públicamente, incluso con la presentación de proyectos de ley que fueron duramente criticados, la entrega arbitraria de tierras a pueblos pseudo-originarios fue otra muestra de la demagogia que solo generó conflictos y violencia en todo el país”.

“Esta derogación restaura la vigencia del derecho de propiedad, violado por concesiones estúpidas del gobierno anterior. Un gobierno indigenista que avalaba las usurpaciones violentas”, cuestionó el legislador.

Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho advirtió que “el Gobierno acaba de poner fin por decreto a la emergencia en tierras indígenas. ¿Por qué es importante? Porque las comunidades siguen viviendo SIN derechos básicos, sin el reconocimiento de su tierra y expuestas a desalojos violentos”.

“La ley de 2006, prorrogada desde entonces y derogada ahora por (Javier) Milei, relevaba y protegía a las comunidades. Ahora, el gobierno habilita operativos de desalojo en los territorios donde familias enteras viven y trabajan la tierra”, explicó.

En ese sentido, la opositora enfatizó que “esto es parte del plan de miseria y entrega de las tierras indígenas a los negocios inmobiliarios. Son malos con los indígenas, los pobres, los pibes y los viejos. Pero con los narcos y evasores se comen los mocos. Así son los cagones que nos gobiernan”.

“Atento con esto: suspenden la ley 26.160 de emergencia sobre desalojos de territorios indígena. Tomando el reclamo de los terratenientes, empresarios inmobiliarios, mineros, forestales, etc. Avanzan sobre el reclamo histórico de los pueblos indígenas sobre su territorio. La negación del gobierno sobre los pueblos originarios ahora se expresa en negarles derechos”, fue el mensaje del diputado del FIT Alejandro Vilca.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que esta emergencia “ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores” y que, además, “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”.

“Desde la sanción de la Ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas se han incrementado notoriamente las inscripciones de las supuestas comunidades, con prodigalidad en los reconocimientos” y “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”, agregó el Gobierno, que precisó que desde ese momento “se pasó a tener 1.626 comunidades reconocidas al día de la fecha”.

También apuntó que “el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia, bajo el amparo de la Ley 26.160 y sus respectivas prórrogas, ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”.

“Como es de público conocimiento, el conflicto en el sur de la República Argentina creció progresivamente, derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”, sumó el PEN.

En ese sentido, afirmó que “no se advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia, sino que, más bien, su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos, además de exaltar el grave daño que esa situación provoca al sistema republicano de gobierno”.