Con la mayoría oficialista ya definida de antemano, los diputados de Juntos por Entre Ríos rubricaron hoy el despacho de comisión que reforma la recientemente sancionada Ley de Concesiones. La modificación habilita a transferir a manos de terceros públicos o privados, nacionales o extranjeros, actividades y funciones esenciales del Estado como la educación, la salud, la seguridad, la administración de justicia y el sistema penitenciario, consignó AIM.
El encuentro se desarrolló en el salón de comisiones después de la sesión de la Cámara Baja. La bancada oficialista llegó con el despacho ya redactado y ofreció escasas precisiones sobre sus alcances.
La autora del proyecto, Noelia Taborda, admitió que la iniciativa responde a un pedido directo del gobernador y que ella se limitó a presentarla formalmente: “La modificación de esta Ley es un pedido del Ejecutivo provincial y quiero darle tranquilidad de que el acuerdo con el privado existió siempre, no es de ahora. Hay varios diputados que fueron intendentes y saben el trabajo con los privados de concesionar algún servicio”.
En esa línea, la diputada oficialista, Susana Pérez, respaldó la educación privada en Entre Ríos y defendió la facultad del poder Ejecutivo de ceder a terceros derechos que hoy son considerados servicios públicos: “Sigo sin entender dónde está el impedimento; esto es una herramienta más para cuando el gobernador lo necesite. Si esto es una cuestión ideológica, la verdad es que cada gobierno que pasó por la provincia no fue judicializado, entonces en este momento tenemos que tomar una decisión política y como tenemos la mayoría propongo, nuevamente, firmar el dictamen”.
Frente a ese escenario, las diputadas peronistas, Laura Stratta, Andrea Zoff y Silvina Decco, cuestionaron la iniciativa y advirtieron que echa por tierra los acuerdos alcanzados meses atrás durante el debate de la Ley de Concesiones. Las legisladoras subrayaron que la concesión de la educación, la salud, la seguridad y la justicia resulta inconstitucional.
En el mismo sentido, el diputado Juan José Bahillo sostuvo que “el gobierno no necesita esta Ley (para concesionar algunas cosas)”, y remarcó que en el texto “se meten, taxativamente, cuestiones indelegables del Estado como la educación, la salud y la seguridad”.
Ante los cuestionamientos, la diputada Pérez alzó la voz para cerrar el debate e imponer la mayoría oficialista, con la que selló el dictamen de comisión que ingresará al recinto en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.
