La comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores se reunió hoy para analizar la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper). La oposición advirtió que el ente debe limitarse a la “administración” de bienes y no a la “disposición y venta” del patrimonio provincial, registró AIM.

A la audiencia, asistió por el Poder Ejecutivo Alejandro Plugoboy y en representación de la Fiscalía de Estado Martín Rettore. En ese marco, brindaron un informe técnico y legal sobre el proyecto de Ley que remitió el Ejecutivo, para crear la Aabiper. Los funcionarios argumentaron que la iniciativa del gobierno que concentrará el control, administración y disposición de bienes es “una propuesta superadora”, ya que unifica áreas hoy dispersas y “centralizará la información, para poder hacer un ejercicio más eficaz de lo que tiene el Estado”.

En ese marco, subrayaron que el espíritu del texto es cuidar el patrimonio provincial, ya que permitirá realizar “un inventario de los bienes” y “darle un desarrollo productivo” que, actualmente, no se hace porque la Fiscalía está abocada a defender el patrimonio.

La idea “es centralizar esa información, para poder hacer un ejercicio mucho más eficaz de lo que tiene el Estado”, argumentaron los abogados. El conflicto surge en función de esa premisa, que habilita al Ejecutivo a la “administración” y a realizar “determinados movimientos”, punto que fue señalado por la oposición, ya que se observó que no es lo mismo “la administración de bienes referida a la incorporación, mantenimiento, registro y control” que la “disposición y venta”, que actualmente deben ser autorizados por la Legislatura provincial.

En ese marco, desde Más para Entre Ríos, se advirtió que la delegación de facultades generaría un “desequilibrio de poderes”, dándole al Ejecutivo “un poder absoluto, sin control”. Sin embargo, los representantes de la Fiscalía aseguraron que constitucionalmente el Ejecutivo dispone de esa potestad, pero desde el bloque centraron el debate en lo que representa para el Estado esa discusión política donde una persona, sin control de la oposición, disponga el futuro del patrimonio del Estado provincial.

Ante ese escenario, el oficialismo pretende que el texto se apruebe sin modificaciones, pero desde la oposición -que hoy es mayoría en el hemiciclo y que controla la comisión de Legislación General- se discute la posibilidad de introducir modificaciones al texto para garantizar una responsabilidad institucional y política en el reparto del poder.