En un comunicado dado a conocer esta tarde, el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) manifestó su repudio frente a la resolución de la jueza de Garantías de Tala, Silvina Cabrera. La magistrada ordenó prohibir la publicación de información y comentarios sobre un caso de violencia familiar que se lleva en las oficinas a su cargo en cualquier tipo de medio de comunicación y redes sociales.[{adj:79336 alignright}]
El oficio emitido por la Jueza Silvina Cabrera de Tala que Setpyc cuestionó, plantea que “en carácter de medidas inhibitorias u ordenatorias previstas en los artículos 73 y 76 del CPPER, el cese de la publicación, reproducción, circulación de los audios e imágenes que están siendo publicados referidos a los hechos de investigación en este legajo en los diferentes medios de comunicación tanto televisivos, radiales, escritos, como digitales locales, provinciales y nacionales, como así también en las redes sociales, facebook, instagram, wattss app (SIC), google, etc, ordenando asimismo procedan a retirar de los portales las informaciones, videos, audios, noticias, y/o similares de los hechos referidos ya publicados, impidiendo la publicación de los mencionados en aquellos medios que aún no lo han hecho, como también la prohibición de realizar comentarios, ya sea directa o indirectamente respecto a los hechos que están siendo investigados en esta causa ante la UFI local, acaecidos el pasado jueves 30 de abril del corriente año y/o todo comentario, que incluya estos hechos y/o hechos del pasado, que involucre a las mujeres de la familia Coccoz ya sea directa o indirectamente”.
Ante esta decisión, el sindicato de trabajadores de prensa provincial, advirtió que esta “vulnera un derecho elemental en la democracia que es el derecho a la información y a la libertad de expresión. Por otra parte señalamos que la Jueza desconoce el uso social y cultural de herramientas como Whatsapp, Facebook, Instagram y cualquier otra plataforma de uso personal, ya que no son atributos ni responsabilidad de las y los periodistas, sino una forma de comunicación social”.
Además, desde el gremio se solicitó “celeridad a la resolución de este problema de violencia social y familiar que viene siendo denunciado desde 2012 y que pueda arrojar luz sobre esta situación en lugar de ocuparse de los medios de comunicación social”, fustigó.
Por último, plantearon: “Somos conscientes y consecuentes con nuestra responsabilidad social y ciudadana, de la necesidad de preservar el derecho a la intimidad de las personas, y del tratamiento adecuado que debemos darle a estos temas, por lo cual requerimos la misma responsabilidad que le cabe a los demás estamentos del estado en dar las respuestas que corresponden a todo caso que demande el amparo de los derechos humanos básicos”.