El 2020 no fue un año fácil. La rápida propagación de un virus desde oriente puso al mundo en jaque. La distopía del capitalismo se cumplió: calles vacías, controles estrictos, personas con barbijos y fronteras cerradas. Fueron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) las que permitieron que el sistema siga funcionado y morigeraron el duro aislamiento al que se sometió a la mayoría de la población. Argentina afrontó la pandemia con fuertes medidas sanitarias para evitar el colapso del sistema de salud y, aún así, estuvo entre los países con más muertos por habitantes. Además, las políticas de los gobiernos (nacional, provinciales y municipales) profundizaron la crisis económica que arrastraba el país, en el marco de una dura negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la escandalosa deuda que dejó el gobierno de Cambiemos al salir. :: Acceder al Anuario AIM 2020.

En ese complejo escenario, Entre Ríos conformó un Comité de Crisis (Coes) y evitó el colapso del sistema sanitario, pero con un costo altísimo para los trabajadores públicos de la salud. Financieramente, el gobierno de Gustavo Bordet blanqueó los problemas del Tesoro Provincial y profundizó el ajuste que afectó tanto a los trabajadores, como a los productores y empresarios.

El año parecía transcurrir con normalidad: el gobierno nacional anunciaba la restitución de programas y proyectos que el macrismo había fondeado; el presidente electo, Alberto Fernández, confirmaba en el exterior el envío del texto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al hemiciclo del Congreso; se preveían reformas del Estado que reactivarían al país; y (como era de esperarse) elegía nuevamente al campo como enemigo, al trazar un conflicto con la pequeña y mediana burguesía agraria poniéndole el pie en la cabeza para que no pueda desplegar todo el potencial que tiene para ofrecer al país. En ese marco, el gobierno de Bordet impulsaba un tibio ajuste sobre la administración que debió acelerar por las consecuencias económicas producto de la pandemia.

En los primeros meses del año, provincia y nación coincidieron en considerar “la educación como una herramienta para ayudar a reducir las desigualdades”, pero con la pandemia se develó que poco les importa la educación pública, ya que se congelaron los salarios de los trabajadores públicos y no se inyectó inversión real para sostener el derecho a la educación, por lo que cargaron sobre los trabajadores y los padres el sostenimiento del sistema, quienes tuvieron que poner sus recursos y herramientas para aggiornarse a la virtualidad y replantear el sistema pedagógico sin un norte claro.

Algunas noticias fueron positivas para Bordet. El gobernador puso en vigencia el régimen de coparticipación a municipios; logró el acuerdo del Parlamento para suspender por un año la aplicación del Pacto Fiscal; y cobró fuerza cuando su mentor, Sergio Urribarri, fue designado como embajador argentino en Israel.

Pero las buenas nuevas se opacaron prontamente cuando el gobierno provincial promulgó y publicó la Ley 10.774, que cercenó derechos laborales, declarando “como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, la potabilización y distribución de agua, el transporte público urbano de pasajeros y el cementerio”. A la par, el intendente de Paraná y ex vicegobernador de Entre Ríos, Adán Bahl, llevó al cierre de las escuelas municipal de danza y circo, y dejó sin efecto el cupo laboral trans.

Por otro lado, el radicalismo acusó de lawfare la condena al ex intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, quien fue condenado por lo que se llamó “narco-Estado”, una compleja trama de distribución de drogas en Paraná en manos de trabajadores municipales.

Pero a las a las disputas locales se sumaron conflictos nacionales con el campo, que se declaró en estado de alerta y movilización ante el esquema de retenciones que quería aplicar Fernández. Así fue que los productores llevaron adelante un paro de comercialización que obligó al gobierno nacional a frenar el embate.

A los problemas políticos se le sumó la crisis estructural que el capitalismo -de la mano de la razón instrumental- generó, ya que la sobreexplotación de la naturaleza junto a la globalización profundizaron el cambio climático. La destrucción del medio ambiente en el litoral argentino se pudo observar con la bajante histórica del río Paraná, las quemas en las islas del Delta entrerriano, los altos niveles de arsénico en el agua potable en el interior de la provincia, que tienen un correlato directo con las flexibilizaciones normativas otorgadas a las compañías, como la modificación del Digesto que regula el vertido de sustancias nocivas sobre el río Uruguay.

En un mundo globalizado y asediado por la imberbe actitud humana, resurgieron y se propagaron con mayor rapidez enfermedades como el dengue y, luego, el Covid-19, que obligó al gobierno nacional a decretar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo). El Aspo llevó a una crisis impensada en Argentina, donde miles de empresas y comercios de diferentes rubros debieron cerrar sus puertas, y cientos de miles de trabajadores tuvieron que cesar de trabajar, en un escenario que diariamente se complejizaba aún más con la inflación y la devaluación del peso ante el dólar estadounidense.

A la par, el maltrato y abuso en los hogares se incrementó durante la pandemia, según denunciaron organizaciones sociales. Entre los casos más emblemáticos por violencia de género fue el feminicidio Fátima Acevedo, quien se había cansado de denunciar la situación y el Estado estuvo ausente hasta su muerte. La impotencia y bronca de las mujeres hicieron temblar las paredes del Poder Judicial y de Casa de Gobierno.

A mediados de marzo, el gobierno entrerriano estableció por un año la emergencia sanitaria provincial, ante el avance del COV-SARS-2 (Covid-19), que implicó un asueto administrativo, el cese de actividades escolares y la modificación en el trabajo de los demás poderes del Estado. Fue así que el gobernador Bordet instó a los entrerrianos a comprometerse en el cumplimiento del aislamiento, que se flexibilizó a mediados de abril y concluyó meses después con la implementación en varias jurisdicciones de Argentina del Distanciamiento Social.

Pero la crisis dejó profundas heridas en la economía: hoteles, restaurantes, espacios culturales, gimnasios, empresas y locales comerciales debieron cerrar sus puertas. En los barrios, las ollas populares intentaron contener a los sectores más vulnerables.

En ese marco, el gobierno intentó expropiar Vicentín, proyecto que fue repudiado masivamente por parte de la sociedad argentina, que sintió que se resentía el Estado de Derecho. El campo y su agroindustria volvió a ser noticia con la trama de la familia Etchevehere que, en medio de una disputa por una de las herencias más grandes de la provincia llevó a Dolores (hermana del ex ministro de Agroindustria de Cambiemos, Luís Etchevehere) a hacer una alianza con Juan Grabois –Barrios de pié- . Y aunque impulsó el debate sobre la agro-ecología y la distribución de la tierra, fue una usurpación, aunque con un matiz distinto, en medio de tomas que se replicaban en el sur del país y en provincia de Buenos Aires, intentando, una vez más, realizar una sustitución por generalización sobre el campesino, demonizando a los productores y enfrentando a la pequeña y mediana burguesía agraria con el proletariado de las ciudades.

Por su parte, Bordet promovió una Ley que llamó de “Emergencia solidaria” que logró los votos necesarios para ser aprobada. La Ley 10806 declaró “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”. La iniciativa fue cuestionada por los sindicatos que la calificaron como un “brutal ajuste sobre los trabajadores”, ya que argumentaron que modificó el 82 por ciento móvil al aumentar las cargas sobre salarios y congeló paritarias en todos los estamentos del Estado. A la emergencia, la provincia le sumó el recorte en regímenes de jubilaciones y pensiones “especiales”, medida que los sindicatos denuncian como prólogo de una armonización del sistema previsional provincial con el nacional.

Pero el gobierno entrerriano intentó, en parte, amortiguar la crisis con beneficios impositivos para los sectores damnificados.

Por otro lado, la pandemia expuso la impunidad de la iglesia católica sobre el Estado, ya que violó sistemáticamente los Protocolos de los gobiernos al celebrar misas y peregrinaciones y se profundizó con el odio que se fomentó contra los pueblos originarios, cuando el vicario Eduardo Tánger contrastó a los indígenas con “un virus o plaga”.

Pero no fue sólo la iglesia quien se desatacó en el odio a lo diferente. Los jugadores de rugby abrieron el año con un asesinato y lo cerraron con un escándalo, cuando los jugadores Los Pumas expusieron crudamente violencia, racismo, xenofobia y odios de clase.

La violencia también fue por parte del Estado y esta vez fue en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) quien hizo saber a la Procuración General “la preocupación sobre el incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos”.

En 2020, miles de vidas de argentinos se perdieron por consecuencias del Covid-19 pero una muerte en particular llenó de hondo pesar al pueblo argentino: el ídolo del fútbol, Diego Maradona, murió el 25 de noviembre. El pueblo argentino y el mundo entero lloró al “Dios” del fútbol de las últimas décadas.
Pero el año en el que el mundo se “detuvo” también hubo cambios trascendentales en Entre Ríos: se logró una sentencia por la causa conocida como Área Paraná II, donde se investigó la desaparición de Jorge Emilio Papetti y otros delitos de lesa humanidad; se realizó el primer juicio por jurados; y la Legislatura entrerriana aprobó la Ley de paridad integral de género (10844), norma que establece que la conformación e integración de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los partidos políticos, asociaciones, colegios, consejos profesionales y las organizaciones de la sociedad civil deberán promover la incorporación del principio de paridad de género, a sus estatutos y actas fundacionales, reglamentos, estructuras orgánicas formales o informales, de manera progresiva.

A nivel nacional, el gobierno de Alberto Fernández se muestra sólido ante la crisis generada por el Covid-19, la gestión está abierta al diálogo y a la búsqueda de consensos, se restituyeron ministerios, se aumentó el presupuesto para la contención de las víctimas de violencia de género, se apuesta al desarrollo científico y Diputados dio media sanción el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En el mundo, la derrota electoral del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, marca un nuevo camino a nivel global que impactará de diversas formas en el globo y la disputa entre China con los yankees quizás se descomprima, tras años de tensión con el presidente republicano.

El panorama a fin de año es más claro y alentador a nivel global: el ser humano depositó todos sus esfuerzos en elaborar una vacuna en tiempo record y para principios de enero de 2021 se comenzaría a aplicar masivamente en Argentina y otros países del mundo. El Reino Unido ya confirmó que iniciará la vacunación antes de fin de 2020. Ahora los gobiernos deberán enfrenar las consecuencias económicas y sociales que dejó el COV-SARS-2.