El Ejecutivo provincial cumplió el último paso para que entre en vigencia la Ley que suspende por un año la aplicación del Pacto Fiscal en Entre Ríos, registró AIM.  La norma sostiene impuestos distorsivos y el gobernador Gustavo Bordet podrá aumentar tributos.

Con la publicación de la Ley 10781 en el Boletín Oficial de este 20 de enero, Bordet dispone de una nueva herramienta económica para enfrentar la crisis. La norma aprueba el Consenso Fiscal celebrado el 17 de diciembre de 2019, por el que “se complementa y modifica el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017 y su modificatorio”, es decir, suspende el acuerdo al que la provincia adhirió presionada por el macrismo.

La Ley permite prorrogar las alícuotas y otorga facultades a Bordet para aumentar tributos, aunque estaría el compromiso de seguir en el tiempo trabajando para cumplir las metas, cuando la economía esté en condiciones.

Precisamente, según argumentaron en las Cámaras, la provincia estaría “en una situación difícil”, por lo que se precisa esta herramienta para suspender la aplicación del Pacto Fiscal, ya que se debe tener  como premisa a los sectores más vulnerables y en este contexto de emergencia.

El acuerdo con Nación lo firmaron todos los gobernadores, es decir, que quienes tienen la responsabilidad de gestión evaluaron la herramienta como necesaria ante la crisis.

Según los senadores que la aprobaron en su momento, la Ley no sería “un cheque en blanco”, sino que es una herramienta más que dispondrá el gobernador quien dio muestras claras de mesura, respeto y el cumplimiento de Pactos fiscales y la armonización tributaria.

 

Se pondrá en peligro las actividades productivas

Sin embargo, desde la oposición aseguran que “suspender el Consenso social es gravísimo, ya que se pasará a un parche más en esta política tributaria ridícula a corto plazo”.

El Consenso social “pretendía aliviar la carga a contribuyentes y las Pymes, por lo que hay que dejar de sacar esa cuenta de que cuando no cierra hay que aumentar impuestos, sobre todo cuando se pone un sobreprecio no productivo, ni que hablar a quien produce productos primarios”,  habían señalado senadores de Juntos por el Cambio.

Precisamente, la norma pondría “en peligro la ganadería, la pesca, la agricultura, la minería, todo eso iba a quedar libre de impuestos en 2021. Se iban a reducir Ingresos Brutos a la construcción, iba a haber bajas en hoteles, hosterías, restaurante, iba a quedar exento el transporte. Todo lo referente a salud iba a haber bajas”.