El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prevé el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, que emitió días atrás el presidente Mauricio Macri, ingresó este miércoles a la Cámara de Diputados y tiene hasta 10 días para que la Bicameral de Trámite Legislativo ratifique su validez, según pudo saber AIM.  

En julio de 2018, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior de la Cámara alta comenzaban a tratar en plenario el proyecto de ley de extinción de dominio, que buscaba acelerar la expropiación de los bienes y fondos obtenidos mediante delitos. La iniciativa, autoría del massismo, se había presentado originalmente en 2016, y ya contaba con media sanción de la Cámara baja. Dos años después, se aprobaba con modificaciones en Senado, pero no se volvió a discutir, recordó AIM. Días atrás, el Gobierno emite un DNU para legislar al respecto.

Según el oficialismo, se avanzó con la medida por esa vía argumentando el estancamiento del debate de la ley en el Congreso.

Ante las críticas de la oposición, desde Casa Rosada dijeron no descartar la posibilidad de que este año finalmente se sancione una ley. Asimismo, desde el Frente Renovador, espacio impulsor de la norma aprobada hace dos años y medio, adelantaron que buscarán insistir en el Congreso.

Por lo pronto, la comisión encargada del análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) deberá convocar en los próximos días a debatir la medida. Allí, el oficialismo cuenta con ocho miembros, pero al ser el titular el diputado kirchnerista, Marcos Cleri, éste cuenta con voto doble en caso de empate en la firma del dictamen.

La Comisión Bicameral tiene siete integrantes del oficialismo, una senadora salteña ligada a al gobernador Juan Manuel Urtubey,  María Cristina Viñuales, otra del del Movimiento Popular Neuquino, Miriam Boyadjian. El resto son del PJ o el Frente para la Victoria (FPV).

Si el oficialismo logra un dictamen favorable en la Comisión, el texto por la afirmativa será el primero en ser votado en la discusión parlamentaria. El primer turno será el de los diputados y allí las chances del Gobierno de lograr la aprobación son altas.

En tanto, si es de rechazo, deberá ser aprobado por ambas cámaras. Hasta que eso no suceda, el decreto sigue vigente. No obstante, si termina siendo rechazado, quedarán a salvo los derechos adquiridos mientras la norma estuvo vigente.

El decreto, al que tuvo acceso AIM, prevé que proceso de decomiso de los bienes que pasarán a manos del Estado puede aplicarse a bienes obtenidos ilegalmente en los últimos 20 años.