El protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) “es muy bienvenido”, aseguró a AIM la responsable del programa de salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, quien remarcó que este gesto “no solamente es para las grandes luchas de los movimientos de derechos humanos sino que también es una medida sanitaria que tiende a garantizar derechos desde el Estado”.[{adj:65849 alignright}]

La actualización del ILE publicado hoy en el Boletín Oficial como primer acto de gobierno del ministerio de Salud de la Nación “representa una muy buena noticia porque contempla todos los avances legislativos que hubo a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, básicamente, en dos aspectos: lo que reside a la autonomía progresiva de las y los adolescente (Art. 26); y la capacidad restringida de las personas”.

“Desde el punto de vista clínico, médico y sanitario actualizó lo que tiene que ver con el suministro de la medicación para la interrupción de un embarazo, que esto ocurre en los distintos protocolos de salud que se modifican a medida que se producen distintos avances científicos a partir de diferentes estudios”, indicó.

En ese marco, aseguró que la definición del Gobierno “es muy importante porque conlleva a  los equipos de salud la tranquilidad de que actúan bajo la Ley (por todo lo que trae a aparejado con realizar un aborto, según el artículo 86 del Código Penal)  y, también, les permite tener la información científica actualizada para su trabajo, instrumentos trascendentales que ayudan a garantizar derechos de servicios de salud que sean de calidad, respetando los altos estándares que hay”.

Para la ex legisladora provincial “más que un gesto político al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans es una medida sanitaria que tiende a garantizar derechos desde el Estado”.

“Este gesto no solamente es para las grandes luchas de los movimientos de derechos humanos (en este caso al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans)  sino que, también, nos encuadramos a lo que dice la Ley y lo que los países deben respetar y esto no es una política sanitaria  exclusiva de Argentina sino de todos los países que manejan estándares de salud del primer nivel”.