Diputados justicialistas presentaron en la Cámara Baja un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, orientado a facilitar la cancelación y refinanciación de deudas de consumo de los entrerrianos mediante líneas especiales de crédito otorgadas por las entidades financieras que adhieran al régimen, confirmó AIM.

La iniciativa, promovida por el diputado Enrique Cresto, que cuenta con la coautoría de una decena de legisladores del bloque, propone en su primer artículo crear el Programa "destinado a facilitar la cancelación y refinanciación de deudas de consumo de personas humanas residentes en la Provincia de Entre Ríos", confirmó esta Agencia.

En los fundamentos, Cresto sostuvo que "el endeudamiento familiar se ha convertido en uno de los problemas económicos y sociales más relevantes de los últimos años" y advirtió que, para numerosas familias, "la tarjeta de crédito o el préstamo personal dejaron de utilizarse exclusivamente para financiar bienes extraordinarios y comenzaron a utilizarse para afrontar gastos cotidianos". En ese sentido, remarcó que alimentos, medicamentos, servicios, indumentaria y educación "son financiados crecientemente mediante instrumentos crediticios".

El legislador describió el fenómeno como un círculo vicioso y afirmó que "se toma deuda para pagar deuda y una parte cada vez mayor del ingreso familiar queda destinada al pago de intereses". Frente a ese escenario, precisó que la propuesta no busca condonar obligaciones sino ofrecer condiciones sostenibles: "las deudas deben pagarse, pero quienes tienen voluntad de hacerlo necesitan condiciones razonables que les permitan cumplir".

Según el texto, podrán acceder al Programa las personas con domicilio real en la provincia que registren deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales, se encuentren calificadas en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central, posean ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos, vitales y móviles, y destinen más del treinta por ciento de esos ingresos al pago de las obligaciones alcanzadas.

Los créditos que se otorguen en el marco del régimen deberán cumplir condiciones mínimas: una Tasa Nominal Anual fija máxima del treinta y cinco por ciento y un plazo mínimo de amortización de veinticuatro meses, además de la posibilidad de cancelación anticipada y la prohibición de sumar cargos que "desnaturalicen la tasa máxima establecida". Cresto explicó que el propósito central es "cambiar deuda cara por deuda más barata y de mayor plazo", y aclaró que los fondos no podrán entregarse para libre disponibilidad, sino que se aplicarán de manera directa a cancelar las obligaciones existentes.

El proyecto invita al Banco de Entre Ríos, al Banco de la Nación Argentina y al resto de las entidades financieras reguladas por el Banco Central a sumarse voluntariamente al Programa. Como contrapartida, quienes adhieran accederán a una reducción del cincuenta por ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses generados por esos créditos. El autor de la iniciativa aclaró que el beneficio "alcanza únicamente a los ingresos generados por aquellos créditos que efectivamente permitan desendeudar a familias entrerrianas" y que no se trata de "una exención general para los bancos".

Asimismo, planteó que el esquema genera beneficios para todas las partes involucradas: "Gana la familia, porque transforma una deuda difícil de afrontar en una cuota posible. Gana el banco, porque recupera un deudor y reduce el riesgo de incobrabilidad. Gana el comercio local, porque parte del ingreso que hoy se destina a intereses vuelve al consumo. Y gana la Provincia, porque contribuye a recuperar actividad económica sin asumir las deudas privadas".

El legislador señaló además que la propuesta toma como antecedente el programa de desendeudamiento aprobado por la Legislatura porteña, "adecuándolo a las características institucionales, tributarias, económicas y territoriales" de Entre Ríos. Por último, sostuvo que la provincia "necesita generar herramientas propias frente al endeudamiento de sus familias" y remarcó que el Estado "no debe reemplazar la responsabilidad individual, pero tampoco puede permanecer indiferente cuando el costo financiero convierte una deuda originalmente pagable en una obligación prácticamente imposible de cancelar". El proyecto lleva las firmas de Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Juan José Bahillo, Sergio Castrillón, Silvina Deccó, José María Kramer, Silvia Moreno, Yari Seyler, María Laura Stratta y Andrea Zoff.