La violencia policial e institucional sigue alarmando a organizaciones de la sociedad civil de la provincia. El dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), José Iparraguirre, dijo a AIM que preocupa a los organismos de derechos humanos la ausencia de un llamado de atención y/o sanciones al Jefe de Policía, Gustavo Maslein, tras sus polémicos dichos y "que no se destrabe la situación del Comité Provincial contra la Tortura que podría al menos mitigar este tipo de situaciones".

La recurrencia de hechos de violencia policial, torturas, detenciones ilegales y muertes en situaciones al menos dudosas en la provincia hacen que el tema se reavive una y otra vez.

Cuando aún estaba candente la situación luego de las públicas expresiones de Maslein a fines de diciembre, descalificando a los organismos de derechos humanos, la muerte de Leonardo Quintana en un calabozo de la Jefatura Departamental de Policía de Victoria, en condiciones dudosas, y la posterior represión a familiares que reclamaban explicaciones, volvió a caldear los ánimos e hizo crecer la preocupación de quienes ven con impotencia la sucesión de hechos de este tipo sin que se tomen medidas desde el poder político.

El movimiento Derechos Humanos de la provincia viene denunciando desde hace tiempo que existe un marcado incremento de la violencia institucional en el territorio de Entre Ríos. Tal es así que a fines de diciembre, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), difundieron un documento alertando sobre esta situación y las únicas respuestas que consiguieron hasta el momento fueron las descalificaciones de Maslein y los expresiones de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que parecieron más una defensa que una expresión de voluntad para actuar en consecuencia.

"La ministra de Gobierno salió a sostener que ellos efectivamente no avalaban la violencia institucional pero cuando Maslein salió a atacar a los organismo derechos humanos tampoco hubo una sanción administrativa o un llamado de atención muy severo por parte del poder político y esto es lo que nos preocupa junto con que no se destrabe la situación del Comité Provincial contra la Tortura que sería a nuestro entender un mecanismo que podría al menos mitigar este tipo de situaciones", dijo Iparraguirre a esta Agencia.

El dirigente consideró "increíble" que no se lo haya sancionado al Jefe de Policía de la provincia tras sus declaraciones, y argumentó: "Si algo caracteriza a los gobiernos nacionales y populares, y supuestamente provinciales, es que hay un fuerte compromiso con las organizaciones de derechos humanos y con el movimiento derechos humanos y un respeto absoluto, por lo tanto cualquier declaración como la que hizo el jefe Policía de la Provincia nos parece que debería acarrear una sanción; apartarlo de la dirección de la fuerza policial".

"Atados de pies y manos"
A más de cuatro años de la sanción de la Ley 10.563, que crea el Mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sigue sin conformarse el comité provincial previsto en la normativa, en tanto ente autónomo y con participación de organizaciones de la sociedad civil, como parte de los ámbitos destinados a velar con el cumplimiento de sus objetivos.

Antes de los últimos acontecimientos que reavivaron el debate, Iparraguirre señaló que hubo reuniones con la ministra de Gobierno, en las que venían alertando sobre esta situación y sobre otros temas, entre ellos la Ley de Narcomenudeo, en la que, advierten, "lo único que se hace es perseguir al pequeño consumidor". También expresaron su visión crítica respecto de la Ley de Contravenciones que "otorga facultades absolutamente excesivas a las fuerzas policiales".

"Ahora, de lo que se trata es que nosotros como organismos de derechos humanos llamemos la atención sobre esto, pero venimos discutiendo con el poder político la conformación ya de hace dos o tres años del Comité Provincial contra la Tortura, un mecanismo de prevención de este tipo de hechos que, después de haber tenido un proyecto de Ley aprobado por unanimidad y haber llamado a la presentación de integrantes para integrar el comité fue dejado sin efecto por falta de presupuesto, siempre se aduce el mismo criterio por parte del Poder Ejecutivo de la provincia y esto nos preocupa mucho", alertó abogado y el dirigente de la Ladh.

Más allá de los diferentes encuentros con autoridades políticas, desde la Liga en distintos momentos mantienen reuniones con las defensas públicas oficiales de los tribunales provinciales, recorrieron junto con jueces y defensores las celdas contravencionales al lado de la Comisaría Quinta, por las malas condiciones y lo mismo ocurre con las unidades penales. Pero no alcanza. "Obviamente somos organizaciones no gubernamentales que estamos atadas de pies y manos y vemos como imprescindible la conformación de un mecanismo institucional como el Comité contra la Tortura, que efectivamente pueda tener injerencia en los lugares de encierro, en las comisarías, las unidades penales, incluso en los psiquiátricos, los geriátricos, distintos lugares donde puede haber violaciones a los derechos humanos, y ya con la facultad institucional para ingresar a las comisarías en cualquier momento, cosa que nosotros como militantes sociales no estamos facultados", reclamó el abogado.

Frente a una falta de respuestas que se reflejen en acciones como la instrumentación de una Ley ya vigente, Iparraguirre insistió en los límites del margen de acción que tienen los organismos "Nuestro rol desde la época de la dictadura militar ha sido denunciar las violaciones a los derechos humanos, hacer público cuál es la situación que está atravesando la seguridad de la provincia de Entre Ríos. Entonces la primera cuestión es denunciar y, en segundo término, acompañamos en la medida de nuestras posibilidades, tomamos intervención en las distintas causas de violaciones a los derechos humanos, en algunos casos como el de Gabriel Guzmán como querellantes particulares en representación de las familias, en otros asesorando desde el punto de vista legal y denunciando y presionando al poder político para que tome cartas en el asunto".

No obstante, también analizó la existencia de una disputa "cultural, ideológica, sobre de qué se trata la seguridad, cuál es el rol de las fuerzas policiales en el marco de una seguridad ciudadana democrática. Nos parece que este es el punto, que no solamente obedece a una situación de falta de formación o de mala formación de algunos funcionarios policiales, sino los que nos parece que está faltando es un criterio muy claro, muy contundente, de parte del poder político de que la denominada doctrina Chocobar, todo lo que sea casos de gatillo fácil, apremios ilegales, prepotencia policial, no puede ser admitido en el marco de una sociedad democrática".

El caso Quintana
Después de ser detenido por el supuesto robo de un vehículo, el joven Leonardo Quintana, a los familiares se les informó del presunto suicidio en el calabozo donde se encontraba alojado, en la Jefatura Departamental de Policía de Victoria. Los hechos aún están siendo investigados, aunque la fiscal de la causa suscribió a la hipótesis del suicidio.

El lunes 24 de enero, cuando sus familiares y allegados fueron a pedir explicaciones a la policía, fueron salvajemente reprimidos.

"Nos parece un hecho de extrema gravedad que los familiares de un pibe donde está sospechada la policía de haber intervenido sean represaliados salvajemente. Esto habla a las claras de que hay un accionar de la policía absolutamente exacerbado que no se puede permitir", analizó Iparraguirre.