La Asociación de Judiciales de Entre Ríos (Ajer) hará paro este 18 de agosto para reclaman la restitución y aplicación integral de la Ley 10.068, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y recomposición salarial, informó a AIM el secretario general del sindicato, Mario Brnusak.
En el marco del plan de lucha que aprobó el plenario de Ajer, los judiciales vuelven al paro este miércoles sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración, indicó a esta Agencia Brnusak, quien detalló que la medida “surgió en reclamo a lo que había prometido el Poder Ejecutivo durante la emergencia, a través del ministro de Economía (Hugo Ballay), es decir, que los porcentajes que se otorgó la Corte y que en ese tiempo estaban suspendidos por la aplicación de la Ley de Emergencia se iban a aplicar posteriormente, pero ahora el gobierno dice que no nos debe nada y nosotros interpretamos que sí”.
El conflicto se agudizó ante la arbitrariedad del Ejecutivo de otorgar un aumento de los haberes del ocho por ciento, ya que los judiciales interpretan “que al caducar la Ley de Emergencia recupera vigencia la Ley 10.068 que establece el sistema salarial del Poder Judicial (Ley de enganche), por lo que el Decreto deroga, de facto, la Ley de enganche, por eso pedimos explicaciones” al gobierno pero no hay respuestas.
Precisamente, el plenario aprobó reclamar “la inmediata restitución y aplicación integral de la Ley 10.068 que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que fue suspendida por un año por la Ley de Emergencia provincial”, ya que el gobierno “en un acto de manifiesta ilegalidad derogó de facto nuestra Ley salarial con un Decreto, por lo que los trabajadores y trabajadoras judiciales reclamamos se nos liquide lo que corresponde”.
Asimismo, definió realizar las consultas para iniciar las acciones legales correspondientes: “La ley 10.068 de enganche con los aumentos de la Corte no es un capricho ni un privilegio, es un mecanismo que garantiza la independencia del Poder Judicial, uno de los principios básicos del sistema democrático, y su aplicación no solo evitó conflictos con los otros poderes del Estado y un funcionamiento ininterrumpido durante los casi diez años de vigencia, sino que estableció aumento equivalentes a los otorgados por el gobierno al resto de la administración pública sin ningún conflicto, por lo que pretender derogarla es un verdadero acto de irresponsabilidad”.