En el marco de la Ley de Emergencia Alimentaria, sancionada en el mes de abril, el gobierno provincial aún no ha entregado partidas a las organizaciones sociales para asistir a las personas que concurren a comedores y merenderos. “No hay una salida económica de este modelo sino todo lo contrario, hay ajuste para los más pobres, es un Gobierno que está siendo fuerte con los débiles y condescendiente con los poderosos en el plano nacional y provincial”, dijo a AIM la vocera del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) Entre Ríos, Eve Kloster.
La cuestión alimentaria a nivel nacional, señaló Eve Kloster a esta Agencia, “sigue complicada porque la ministra Pettovello no viene acatando los fallos de la Justicia que nos va vuelto a dar la razón y la obliga a construir un plan de cómo va a repartir los alimentos que tienen guardados y que se están venciendo. Lo que tiene que hacer la Ministra es repartir la comida; estamos a la espera de cómo se va a hacer eso y entendemos que es fundamental y que es un problema estar discutiendo por la comida cuando hace un tiempo atrás discutíamos otras cosas”.
A nivel provincial, explicó Kloster, “seguimos el diálogo, pero después de más de tres meses de sanción de la Ley de emergencia todavía no hemos recibido alimentos, entendemos que hay una compra que se realizó y estaría ya para salir, pero ya estamos casi a mediados de agosto, ocho meses de gestión, es la primera compra que se realiza y no tenemos certezas tampoco de con qué regularidad se van a realizar las compras, de cuánta cantidad, cómo se va a repartir; lo que generalmente nos ocurre es que se nos informa cuando está el alimento y se reparte, pero no hay una previsibilidad, ni una planificación, ni claridad sobre la política alimentaria, lo que es un problema porque una de las principales discusiones que venimos llevando adelante desde la Mesa Contra el Hambre tiene que ver con la necesidad de que el Estado no le quite el cuerpo, sino que planifique y construya una política alimentaria, o de mínima restituya las que ya existían, tanto en el plano nacional como con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se cortó desde diciembre del año pasado, como también las políticas alimentarias que se venían sosteniendo desde la Provincia”.
La referente de Utep remarcó: “Nos enfrentamos a una situación que es cada vez más crítica y más grave, cada vez hay más familias y personas que asisten a nuestros comedores y merenderos. Lo que vemos es que cada vez se va a agudizar más la situación por un conjunto de variables: se pulveriza el salario, el salario social complementario está en 78.000 pesos y está conectado al salario mínimo vital y móvil, porque aumentan los alquileres, aumenta el precio del combustible y eso hace que aumenten los alimentos. No hay una salida económica de este modelo sino todo lo contario, hay ajuste para los más pobres, es un Gobierno que está siendo fuerte con los débiles y condescendiente con los poderosos en el plano nacional y provincial”, concluyó.